CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Juan Francisco Kuykendall, maestro de teatro y activista político, decidió salir a marchar contra la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. 

Como la había hecho durante cuatro décadas, protestó en 1968 como estudiante, en 1970 se solidarizó con las luchas sociales, en 1988 se manifestó contra el fraude cuando Cuauhtémoc Cárdenas perdió la elección presidencial; volvió a hacerlo en 2006, cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador también denunció que hubo fraude en los comicios. Y aquel 1 de diciembre de 2012 volvió a salir a la calle cuando se inició el gobierno de Peña Nieto; Kuykendall estaba convencido de que el priista llegó a la Presidencia también por la vía del fraude. Sin embargo, ni siquiera alcanzó a manifestarse.

Ese día un despliegue policiaco-militar inundó las calles de la Ciudad de México, golpeó a manifestantes, detuvo a cientos de personas de manera arbitraria y disparó gases y balas de goma para aplacar las protestas. Kuykendall recibió un balazo de goma en la cabeza… y 14 meses después murió.

A más de una década de esos hechos, Kuykendall no ha recibido justicia, denuncia su viuda, Eva Palma.

 “No hubo investigación sobre quién le disparó ni quiénes fueron los responsables reales. En este país de impunidad, no hubo justicia para Kuy”, lamenta. 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 07/2013 sobre aquellos hechos, pero fue insuficiente. Las entonces procuradurías General de la República y la capitalina jamás actuaron, no hubo investigación ni detuvieron a los culpables, tampoco acciones judiciales sobre los mandos que dieron la orden de replegar con balas de goma a los manifestantes. 

Como sucedió con la mayoría de las víctimas del proceso represivo, el Estado incumplió con una reparación integral del daño.

Impunidad y la alerta

Kuykendall se convirtió en la primera víctima de ejecución extrajudicial del gobierno de Enrique Peña Nieto, un sexenio con casi seis mil episodios de represión, que el Comité Cerezo México documentó; la organización también identificó más de tres mil detenciones arbitrarias, la muerte de 183 personas y la desaparición de 111 luchadores sociales. En el universo de los desaparecidos están los 43 normalistas de Ayotzinapa, de septiembre de 2014.

Por la impunidad que ha caracterizado a la gran mayoría de los casos, víctimas de las represiones mancera-peñistas han iniciado una serie de contactos con diferentes instancias, destacadamente con la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), donde, ahora resulta, no tienen expedientes de los más de 500 casos relacionados con las represiones de 2012 a 2015, según les informaron la última semana del pasado mes de junio.

La movilización de las víctimas de represión busca evitar el regreso de diversos actores políticos ligados a sus casos y que ahora integran equipos de campaña o forman parte de grupos políticos prestos a regresar a cargos públicos.

Gabriela Hernández Arreola, quien fue detenida en 2013 acusada en falso de agredir a policías, y que además fue objeto de un seguimiento constante de la policía capitalina en el sexenio pasado, expone ejemplos: 

 “Hoy en este gobierno no me siento perseguida, pero ya vimos a Manuel Mondragón y Kalb acompañando a Marcelo Ebrard en su registro con Morena; Mancera, además, es aspirante de la oposición a la (candidatura) Presidencial; Héctor Serrano (quien era secretario de Gobierno) ahora está con el PT… O sea, todos los represores están listos para volver sin que haya garantías de no repetición”.

Recomendaciones insulsas

La tarde del 1 de diciembre de 2012 Alejandro Lugo Morán se dirigía a comer en un restaurante con su familia. En el estacionamiento céntrico donde aparcó un grupo de policías lo detuvo; en unas instalaciones policiacas fue objeto de abuso físico y sexual, y después fue remitido a la Agencia 50 del Ministerio Público, de ahí lo mandaron al Reclusorio Norte.

Un centenar de personas corrió una suerte similar. Entre los detenidos había enfermeras, boleros, amas de casa, personas en situación de calle… La policía capitalina agarró parejo y hubo quienes no alcanzaron su libertad hasta 2018 por la Ley de Amnistía conseguida por Morena en la Asamblea Legislativa. 

Estuvieron presos por acusaciones falsas que ni siquiera coincidían en modo, tiempo y lugar, con denuncias machote que en ocasiones no cambiaban ni los nombres para que coincidieran con el del acusado.

Alejandro Lugo Morán permaneció interno durante un año, sujeto a proceso hasta diciembre de 2014, cuando videos, testimonios y contradicciones graves en la acusación demostraron su inocencia del delito de ataques a la paz pública. 

El Ministerio Público lo acusaba de ser detenido en tres lugares diferentes: balaceando un camión en la Alameda, agrediendo a unos policías y en algún otro lugar del Centro Histórico que en ningún caso coincidía con el video en el que se demostró que él, en realidad, estaba con su familia en un estacionamiento de la calle Lafragua.

A más de 10 años de aquellos hechos, hay al menos tres recomendaciones de la CDHCDMX; el cumplimiento es, en el mejor de los casos, parcial, denuncia Alejandro Lugo en entrevista con Proceso.

La ley de Amnistía cumplió su cometido; ya no hay presos por aquellos hechos, pero de las recomendaciones no hay cumplimiento porque no hay reparación integral para las víctimas ni garantías de no repetición, expone.

 “A 10 años de distancia no hay avance en investigaciones. La gran mayoría de las víctimas no tiene contacto con instituciones ni han sido requeridos por ninguna autoridad; no hay responsabilidades administrativas ni penales contra los que actuaron ni contra los torturadores”, acusa.

Además, “la CEAVI no nos atiende, nos dice que no es su facultad cumplir esas recomendaciones. Las violaciones a los derechos humanos de las que fuimos víctimas se han prolongado por una década y se prolongarán mientras no se resuelvan de manera decidida. 

“Lo que pedimos es un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad, una disculpa pública y la reparación material a quien así le interese”.

Y es que, entre quienes han sido reconocidos como víctimas o su representación jurídica lo sugirió, hay quienes no desean cobrar indemnización alguna por las afecciones causadas a sus vidas, tras pasar periodos en prisión o haber sido torturados. Sólo exigen el reconocimiento del Estado por su actuación y revertir la impunidad, como ocurrió con los detenidos del 10 de junio de 2013 que pertenecían al Frente Oriente.

La CEAVI “extravió” casos

El 10 de junio de 2013 Luna Flores fue salvajemente golpeada por policías que la llevaron arrastrando a una patrulla. 

Durante su detención fue objeto de abuso físico y sexual, pero logró salir horas después del incidente causado durante el momento en el que un funcionario del gobierno de Miguel Mancera, identificado como Pedro Bello, era agredido por un contingente que lo señaló por realizar trabajos de policía política.

Aquella ocasión algunos anarquistas despojaron a Pedro Bello, quien era el responsable del área de Concertación Social, de sus teléfonos celulares y la memoria del aparato, remitida en 2013 a Proceso, daba cuenta del seguimiento, inclusive domiciliario a participantes en marchas. 

El activismo de Gabriela Hernández Arreola comenzó por las reformas estructurales. A finales de 2012, durante el periodo de transición, el Poder Legislativo aprobó la Reforma Laboral que autorizó el outsourcing. Gabriela escuchó una entrevista con Fernández Noroña ­actual aspirante presidencial– y decidió que tenía que oponerse a esos cambios legislativos. 

Siguió marchando el 1 de diciembre de 2012 y el 10 de junio de 2013, cuando las razias de la policía federal y cuerpo de granaderos salían a repartir golpes y a lanzar gases por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Todavía intentó apoyar a los maestros disidentes el día 13 de septiembre, cuando los desalojaron del Zócalo para que Peña Nieto pudiera dar su primer Grito la noche del 15. 

 “Mi protesta era contra las reformas de Peña, pero me fui solidarizando con otras luchas”, recuerda.

Un día, Gabriela le pidió a su hija le hiciera un perfil de Facebook. La joven le preguntó qué le gustaba y Gabriela le dijo que las flores. Otras cosas, la luna. Así formó su perfil de Facebook como “Luna Flores”, nombre que circularía en los cuerpos de policía política capitalina y, naturalmente, entre los colectivos que por aquellos días protestaban.

El 2 de octubre de 2013 Luna acudió a la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil y, como era costumbre en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, hubo decenas de detenidos. Ella se acercó al “búnker”, la instalación policiaca donde internaban manifestantes y ahí, un grupo de granaderos replegó a quienes pedían informes.

Semanas después, el 29 de octubre, fue detenida acusada de haber lesionado a dos policías a quienes, según el parte oficial, arrojó piedras la noche del 2 de octubre. Por esa razón estuvo presa seis meses en Santa Martha Acatitla, hasta que su defensa presentó los videos de aquella noche en la que se observa a Luna sentada y sin atacar a nadie durante la supuesta agresión.

Riesgo latente  

El tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2017 falló por ese caso contra el delito de ataques a la paz pública con el que se le procesó a la mujer. 

Quedó libre y, desde entonces, ha conseguido una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la admisión pública de los excesos por parte del jefe de Gobierno interino en 2018, José Ramón Amieva, por la represión cometida entre 2013 y 2015.

Ella, como 509 personas más, han sido persistentes en el reclamo de justicia, pues hasta ahora ningún mando, mando medio o agente involucrado ha sido investigado, detenido ni sancionado por los hechos de agresión, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes ni las detenciones arbitrarias del periodo de Mancera.

Tampoco se les brindó una reparación integral del daño y, todavía el 24 de julio último les cancelaron una cita con la CEAVI, la instancia donde a finales de junio se enteraron que ni siquiera tienen registro de sus casos que se suponía estaban substanciándose antes de iniciar la pandemia.

Luna Flores reclama justicia, que los responsables sean detenidos y sancionados, y acusa la inacción del actual gobierno en el que, si bien no se ha sentido perseguida como en el pasado, si percibe las condiciones de impunidad que posibilitan que otros gobiernos repitan las acciones represivas.

“Quiero que se haga visible… No podemos dejar que esto siga pasando porque seríamos cómplices de lo que ocurrió hace diez años, y se les hará fácil a otros gobiernos cometer atrocidades como las que perpetraron contra nosotros. 

“Que salga a la luz lo que pasó porque ya vienen nuevos gobiernos ¿Qué más podemos hacer cuando la inacción de este gobierno puede perjudicarnos en el futuro?”, concluye.