OAXACA, Oax (Proceso).– La disolución del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca (TJAO) por el Congreso del estado, realizada fast­track el 22 de julio último, será impugnada por los magistrados depuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una controversia constitucional.

La operación legislativa resultó en un sabadazo fulminante: con 33 votos en favor y dos en contra, en menos de 20 minutos la bancada de Morena, secundada por legisladores del PRI, PT y Partido Unidad Popular (PUP), reformó la constitución estatal para desaparecer al Tribunal, destituir a sus 12 integrantes y nombrar a nuevos magistrados.

A la sombra de las fiestas de la Guelaguetza, el Poder Legislativo local procedió con el argumento de cumplir con lo establecido por la Ley Estatal de Austeridad Republicana, y sustituyó al TJAO por un nuevo órgano jurisdiccional, denominado: “Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO).

Aunque en el fondo, de acuerdo con críticos, la operación busca crear un organismo a modopara el gobernador, Salomón Jara Cruz, quien fue el que hizo la propuesta y dejó en manos del Congreso la definición del tribunal, que se consumó mientras él presidía la Guelaguetza que por estos días se celebra en Oaxaca.

El magistrado presidente depuesto, Manuel Velasco Alcántara, aseguró que nada está resuelto; y en breve declaración a Proceso adelantó que promoverán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un juicio de amparo. Serán los tribunales, agregó, los que “no van a permitir esta arbitrariedad”.  

Alcántara ocupaba el cargo de presidente del tribunal desde abril de 2018. El sábado 22 de julio elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado se apoderaron de las instalaciones del Tribunal, supuestamente para evitar la sustracción de documentos y bienes.

Es día, de manera inesperada, mediante una convocatoria para una sesión extraordinaria, el Congreso estatal votó por la destitución de los 12 magistrados, entre ellos, además de Velasco Alcántara: Elías Cortés López, Gloria del Carmen Camacho Meza, Paulo Tapia Palacios y Abraham Santiago Soriano.

En su lugar fueron nombrados, también en una apresurada votación como nuevos integrantes: Mateo Martínez Martínez, Manuel de Jesús López López, Itzel Espinoza Rojas, Amparo Arias Rivas, Raúl Oswaldo Bernal Flores, Javier Martín Villanueva Hernández y Anneliese Danae Echeverría Clavel.

Fuentes consultadas indican que Mateo Martínez Martínez, quien laboró en el organismo local de derechos humanos, se perfila para presidir el nuevo tribunal. 

Otro de los personajes afines al gobernador –señalaron quienes conocen sus perfiles– y que estará en el nuevo tribunal es Manuel de Jesús López López, funcionario en diversas instancias durante el gobierno de Gabino Cué. Entre los cargos que tuvo está el de procurador de Justicia y secretario de la Contraloría.  

Argumentos del fast-track

Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, fue quien planteó al Pleno el decreto por el cual se eliminó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAO).

En la exposición de motivos, Silva Romo dijo que la estructura del otrora TJAO resultaba desproporcionada respecto de la misión constitucional y social para el que fue creado.

Explicó que el extinto tribunal recibió entre 2020 y 2022 más de 143 millones de pesos del Congreso del Estado, que resultó en un “pobre” desempeño.

“La estructura actual del TJAO resulta desproporcionada respecto de la misión constitucional y social para el que fue creado. El TJAO actualmente cuenta con 12 magistrados distribuidos en ocho salas: una Sala Superior, seis Salas Unitarias de Primera Instancia y una Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción”, justificó.

“A primera vista, al contar con múltiples salas y magistraturas, lo ideal sería que el desempeño jurisdiccional del TJAO se acercara a los máximos estándares en cuanto a la resolución de juicios y recursos; nada más alejado de la realidad”, agregó el diputado Silva.

De acuerdo con la nueva estructura aprobada, el ahora Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción estará integrado por una Sala Superior, de tres magistrados, y cuatro Salas Unitarias de Primera Instancia. 

Las resoluciones de la Sala Superior serán definitivas e inatacables en el orden local, además de que las personas que hayan ocupado el cargo de magistrado de Sala Superior o Unitarias no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos de dicho tribunal.

Legalidad en duda        

Claudia de Buen Unna, expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, expresó su sorpresa y preocupación por la sumisión del Poder Legislativo estatal al Ejecutivo local.

En su cuenta de Twitter cuestionó el actuar de los diputados locales: “Adiós a la división de poderes en Oaxaca. Señores presidentes de los tribunales administrativos de los estados, pongan sus barbas a remojar o preparen sus amparos”.

Flora Gutiérrez, integrante de la Red de Abogadas Indígenas (RAI), calificó de preocupante la sumisión de poderes donde no hubo discurso, no hubo debate, todo fue virtual y en lo oscurito, hasta la toma de protesta de los impuestos por el gobernador.

Su preocupación radica en que el 22 de julio pasado, “como un relámpago”, los diputados de Oaxaca, “contrario a la constitución y a la legalidad, desaparecieron al TJAO y crearon otro nuevo removiendo a los magistrados y nombraron nuevos a modo”.

Pese a que la reforma realizada a la Constitución estatal cita como fundamentos la normativa internacional y nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en este caso no se consultó a los pueblos indígenas, afectando gravemente el derecho colectivo que tienen los pueblos al desarrollo y la justicia, explicó la abogada.

Considera que, con esta reforma, claramente hacen nugatorio los derechos de las comunidades y agencias al acceso a la administración directa de sus recursos, derechos que sí venían ejerciendo en la Sala Indígena del TSJO.

A su vez, durante una gira por Oaxaca el domingo 23, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo que en el estado se necesita certeza jurídica. “Necesitamos que la ley sea la ley, no puede pasar lo que pasó ayer en Oaxaca, que el Congreso desapareció el tribunal en fast–track”

Y agregó: “Se lo digo al gobernador, basta de autoritarismos, basta de usar su mayoría de Morena para desaparecer instituciones para que no les pidan cuentas, para que se puedan robar el dinero a gusto, pero los oaxaqueños tienen que ir a la Corte para defenderse de este autoritarismo”.