CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, señaló que en México y gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan mermar la independencia judicial para eliminar la división de poderes, lo que, advirtió, resulta violatorio de los derechos humanos.

Durante su participación en el World Law Congress en Nueva York, Estados Unidos, la ministra presidenta advirtió que la merma de la independencia judicial en la región puede implicar un retroceso crucial.

“En mi país, pero no sólo en mi país sino, lamentablemente, en gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Pretenden mermar, a veces de forma sutil, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales. Intentan diluir la división de poderes y, con esa pretensión, vulneran no sólo uno de los pilares más básicos de nuestras democracias, sino también, directamente, los derechos humanos de las personas”, señaló.

“Persiste la intención de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar las ideas de un solo hombre. Enfrentamos el riesgo de perder todo lo ganado por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. De esta dimensión es el reto que enfrentamos”.

Consideró un error de los integrantes de los poderes judiciales y de la comunidad jurídica en general asumir que la independencia judicial ya está dada y que basta su mención en los textos constitucionales para que sea una realidad.

Por ello, indicó que tampoco puede ser entendida como una garantía exclusiva para los juzgadores desvinculándola del derecho humano de acceso a la justicia que tienen todas las personas.

“Se tiende a definir a la independencia judicial, ya no digamos como un “espacio de libertad” para los juzgadores, sino como un privilegio. Privilegio en el mal sentido, como una ventaja excesiva, como una concesión superior para los juzgadores. Este discurso –sin duda atractivo frente a una población que no tiene cubiertas las necesidades más básicas para garantizar su dignidad– no sólo merma la legitimidad judicial, sino que tiene una repercusión muy concreta en el acceso a la justicia de las personas”, agregó.