CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El gobierno federal incrementó de 10 a 30 millones de dólares el monto de reparación del daño que le exige a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por los casos Odebrecht y AgroNitrogenados; el exfuncionario acusó que esto es una extorsión contra él y su familia.

Este martes, el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López tenía programada la audiencia intermedia por el caso de la compraventa irregular de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados, en el que Lozoya es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al inicio de la diligencia, Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la defensa de Lozoya informaron al juez que no fue posible llegar a un acuerdo reparatorio para solucionar el conflicto.

Debido a omisiones cometidas por las autoridades del gobierno federal, el juez decidió diferir la audiencia hasta el 31 de agosto próximo a las 12:00 horas.

Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, explicó al juez que desde mayo pasado la defensa se reunió en diversas ocasiones con Pemex y la UIF para negociar el acuerdo; en tres de esas reuniones estuvo presente Emilio Lozoya Thalmann, padre del ex funcionario.

Le dijo que desde junio pasado los enviados de Pemex y la UIF informaron a la defensa que el gobierno federal decidió exigir como reparación del daño la cantidad de 30 millones de dólares, 200% más de los 10 millones de dólares que el Consejo de Administración de la petrolera y la Unidad encabezada por Pablo Gómez, aceptaron desde abril del año 2022.

El gobierno dividió el pago en tres partes, sin embargo, al no abundar en las razones por las cuales estableció la cantidad requerida, la defensa solicitó una fundamentación y motivación de esta nueva exigencia, pero, según lo declarado por Ontiveros en la diligencia, no hubo respuesta.

“No solamente era claramente infundada esta solicitud, sino que además era ilegal”, enfatizó.

“Creemos que una postura como la que ha asumido el gobierno mexicano –considerando la calidad de Emilio Lozoya Austin de testigo colaborador– sobre el sometimiento a la prisión preventiva injustificada en la que actualmente se encuentra, así como la persecución contra tres mujeres de su familia, no sólo es improcedente sino ilegal”.

Tanto el abogado como el juez cuestionaron a UIF y Pemex para que informen por qué incrementaron la cantidad exigida. El juzgado incluso cuestionó lo mismo a la FGR.

La Fiscalía indicó que nunca participó en las pláticas de la defensa con UIF y Pemex porque simplemente no fue requerida, así que desconoce las razones del incremento.

UIF no dio razón alguna sobre este incremento y se limitó a decir que FGR no fue requerida en las negociaciones porque “esa es la postura del Estado mexicano”.

Mientras que Dairén Zambrano Martínez, apoderada legal de Pemex, respondió al juzgador que la petrolera no tiene deseos de llegar a un acuerdo reparatorio y, al tratarse de un acto de voluntades, en este caso no existe tal voluntad ni está obligada a justificar su negativa ni el incremento de la cantidad, y advirtió que, si el juzgador insistía en una justificación, ella se consideraría coaccionada.

Lozoya indicó que el incremento de la cantidad exigida sin una justificación es una extorsión.

“La narrativa es falsa e inverosímil; la UIF y Pemex desde enero de 2022 pidieron por escrito 3.4 mdd, ahora piden el 200% más. Me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en la extorsión”, dijo.

“Acepté pagar el 100% de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño, ¿por qué la exageración o por qué la extorsión?”.

El juzgador reprochó a la FGR no haber participado en las pláticas pese a que es la instancia que encabeza la investigación y la acusación; añadió que, contrario a lo dicho por la UIF y Pemex, las autoridades sí están obligadas a justificar las cantidades establecidas en un acuerdo reparatorio.

“Sí se requiere la fundamentación porque si no, la Fiscalía genera incentivos perversos como en el sistema anterior y se podría fijar cualquier cantidad de manera arbitraria. Incluso si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación, al igual de por qué no estuvo presente la FGR”, enfatizó.

“Debió tener intervención la Fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y Pemex van por cuerda separada de la Fiscalía y eso tampoco es correcto”.

En consecuencia, señaló que no realizará la audiencia intermedia hasta que se garantice la intervención de FGR en las negociaciones de un acuerdo reparatorio, y la UIF y Pemex justifiquen la cantidad exigida, pues aclaró que en última instancia él debe verificar el equilibrio en las condiciones de un posible acuerdo.

“La audiencia la llevaré hasta que participe fiscalía y motive las cantidades, pues parece que las condiciones en las que están llevando a cabo todo esto tienen como fin no llevarlo a cabo”, señaló.

“Me genera mucha suspicacia la actividad de FGR porque son ellos quienes llevan la acusación. La postura del gobierno federal es dogmática, carente de sustento, sin fundamentación ni motivación”.

La defensa intentó que el juez declare que UIF y Pemex no tienen carácter de ofendidos en el juicio, pero su petición fue rechazada.

Además, intentaron que se declare prescrito el delito que se imputa a Lozoya, pero tampoco tuvieron éxito, pues el juez indicó que el delito prescribía en noviembre de 2022, y la UIF y Pemex presentaron sus denuncias en el año 2019, lo que interrumpe los plazos de la prescripción.