MORELIA, Mich. (Proceso).- Hipólito Mora Chávez, el agricultor que hace una década se convirtió en uno de los impulsores del movimiento de autodefensas en Michoacán, fue desde entonces un personaje incómodo para el gobierno y para la delincuencia organizada. A ambos había advertido que tomaría nuevamente la lucha por la indolencia del actual gobierno de Alfredo Ramírez ante los grupos criminales que dominan Tierra Caliente.

A estos grupos de la convulsionada región los combatió primero con las armas, después con la permanente denuncia pública y en los meses recientes había puesto un ultimátum a las autoridades de los tres niveles para que actuaran contra los criminales, de lo contrario convocaría de nuevo a la formación de autodefensas. Este desafío lo tuvo en riesgo constante.

Además, se le vislumbraba como un fuerte perfil para contender por un cargo en las elecciones del próximo año, en oposición a Morena.     

Originario de La Ruana, localidad de 10 mil habitantes perteneciente al municipio de Buenavista, donde se dedicaba a la producción de limón, Mora incursionó en la política en 2021 como candidato a gobernador del estado.

Antes de ser asesinado junto con sus tres escoltas el pasado 29 de junio, el exlíder de autodefensas había recibido una serie de amenazas y agresiones, que se agudizaron el último año. Sobrevivió a dos atentados.    

Frente al poder de fuego de sus agresores, con fusiles Barret calibre 50, no fueron suficientes los elementos de seguridad que acompañaban a Mora Chávez ni la camioneta con blindaje nivel 5 que le había proporcionado el gobierno estatal. 

Tampoco dio resultado la Base de Operaciones Mixtas (BOM) instalada a unas cuadras de su casa con 30 elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Civil (GC), que coincidentemente el día del ataque habían salido del pueblo.

Mientras el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, atribuyó la presunta responsabilidad del cuádruple homicidio a integrantes del cártel de Los Viagras, para el sacerdote Gregorio López Gerónimo, el padre Goyo, la autoría intelectual puede ir más allá del grupo delictivo e incluso estima que se trata de “un crimen de Estado”.

Representante legal de la asociación civil El Buen Samaritano, desde donde apoya a familias desplazadas por la violencia, López Gerónimo advierte que debe investigarse quién ordenó ese día la salida de La Ruana de los efectivos de la GN, la Sedena y la GC, dejando el campo libre para el ataque contra Hipólito Mora y sus escoltas.

En entrevista con Proceso, dice: “Fue un crimen admitido y orquestado desde el Estado porque Hipólito iba a volver a meterles una zancadilla en tiempos electorales; lo que hay detrás de esto es una limpia, acá no les hacen falta las corcholatas, necesitan a la delincuencia para que tumbe y desmonte”.

Añade: “Algo muy peligroso es que Hipólito había dicho que se iba a levantar en armas otra vez, y eso al Estado le pega duro”, además de que por otra parte “les estorbaba en lo electoral, porque con la fuerza que había obtenido denunciando toda la cloaca que hay en Tierra Caliente, iba a tener más fuerza y habría podido ser el candidato de la unión PRI-PAN-PRD a cualquier puesto y seguro que ganaba”.

Este martes 11, indica el religioso, durante la comparecencia ante el Congreso local del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfredo Ortega Reyes, los diputados de Michoacán tendrán la oportunidad de cuestionarlo sobre la decisión de sacar de La Ruana al personal de la BOM el día del ataque contra Hipólito Mora, así como la tardanza de los elementos de seguridad en llegar a la escena del crimen.

Ejército, ausencia inexplicable
Al escuchar las primeras detonaciones de armas de alto poder, José Guadalupe Mora Chávez tuvo la corazonada de que se trataba de otro ataque contra su hermano Hipólito y buscó ayuda en la Base de Operaciones Mixtas, pero no había ninguna patrulla y sólo estaban dos soldados que no atendieron su petición de auxilio.

Cuenta que la balacera se prolongó durante más de 40 minutos sin que llegaran miembros de ninguna corporación de seguridad, pues los soldados y los agentes regresaron cuando el ataque ya estaba consumado y los pistoleros habían huido, por lo que fueron increpados y estuvieron a punto de ser apedreados por un grupo de lugareños furiosos.

Según José Guadalupe Mora, los elementos de seguridad “no llegaron porque ya estaban de acuerdo con los delincuentes; todos sabemos aquí en el pueblo que estos cabrones que estaban aquí (militares y agentes de la GN y GC) están bien subordinados a Los Viagras”.

En torno al suceso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una de sus conferencias matutinas: “Ya había antecedentes de que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar al señor Hipólito Mora. Tengo información de que el gobierno del estado le daba protección; sin embargo, no fue posible evitar que lo asesinaran”.

Añadió: “El gobernador (Alfredo Ramírez Bedolla) ha declarado que habló con él para que saliera de La Ruana, que se fuera a Morelia; tenía una camioneta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de alto calibre y se necesita más protección, que es lo que se está haciendo”.

En opinión de José Guadalupe Mora, su hermano fue asesinado porque sólo él denunciaba la situación que estaba ocurriendo en su pueblo natal y en toda la región de Tierra Caliente.

El 24 de febrero anterior, cuando se cumplieron 10 años del primer levantamiento de los grupos de autodefensas, Hipólito Mora aprovechó para emplazar a los tres niveles de gobierno a cumplir con su trabajo y detener a los delincuentes que operan en la zona o convocaría nuevamente a integrar grupos de autodefensas.

Tras responsabilizar al gobierno de lo que pudiera ocurrirle, Mora Chávez denunció esa ocasión en rueda de prensa que, a pesar de la instalación de la BOM en La Ruana, continuaba la actuación de grupos delictivos en la zona.

Una semana antes de su asesinato, el 22 de junio, Mora publicó un video en Facebook donde hizo el enésimo llamado a las autoridades: “Hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población”, para terminar “de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión, que tienen controlados todos los productos y la verdad nos tienen muy mal a todo el pueblo; no nos dejan trabajar y lo que trabajamos es desafortunadamente para el crimen organizado”.

Control criminal
José Guadalupe Mora comenta que, a lo largo de casi dos décadas, la población de la Tierra Caliente ha sido asediada por grupos del crimen organizado: primero La Familia Michoacana, después Los Caballeros Templarios y en la actualidad Los Viagras.

Este último grupo, según algunos informes de seguridad, opera como brazo armado de Cárteles Unidos, que surgió como una alianza de varias organizaciones criminales para tratar de impedir el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

Entre sus antecedentes, algunos especialistas ubican el origen de Los Viagras como un sector disidente de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto operaban como grupo de autodefensas.

En una carta fechada el 5 de julio, dirigida al gobernador Ramírez Bedolla, el sacerdote Gregorio López denunció que en la región de Tierra Caliente “siguen registrándose levantones, secuestros, cobros de piso, desplazados, expulsados y asesinatos todos los días, mientras los delincuentes bajo la impunidad de la autoridad, bloquean a su antojo los caminos, queman negocios y controlan el precio de todos los productos bajo un monopolio criminal, lo cual habla de la corrupción institucional”.

En el documento, el religioso ejemplificó que cada una de las 120 empacadoras de limón del valle de Tierra Caliente paga 100 mil pesos mensuales al crimen organizado, en tanto que los mil 300 expendios de cerveza entregan 70 mil pesos y todos los negocios son obligados a doblar el precio de los alimentos básicos para pagar las extorsiones.

Después del asesinato de Hipólito Mora y sus escoltas, el gobernador Ramírez Bedolla afirmó que no habrá impunidad y publicó en sus redes sociales que su gobierno “mantiene presencia permanente en la zona junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para garantizar la seguridad y estabilidad”.

Posteriormente, Ramírez Bedolla señaló que el suceso “es quizá el pretexto perfecto para de manera vil usar la desgracia políticamente para atacar a nuestro gobierno y también atacar a Michoacán”, además de que “pareciera que hasta hay a quien le cae en gracia el tema del atentado y de inmediato como resortes salen a decir una serie de cosas que son inverosímiles e increíbles”.