CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Año con año el presidente Andrés Manuel López Obrador justifica por qué no ha cumplido el compromiso 54 de los 100 que ofreció durante su campaña: la descentralización para que las dependencias e instancias federales se ubiquen en los estados donde tienen mayor representación por la demanda o por problemáticas. 

En la mayoría de las dependencias no se ha concretado el traslado, únicamente entre algunos funcionarios.

En la recta final de su gobierno el mandatario apenas ha logrado que ciertos titulares vayan de la Ciudad de México a diversos estados. Mediante encargos especiales los ha enviado a supervisar obras pendientes, por ejemplo. Se trata de secretarios de Estado o directores generales que han tenido que dejar temporalmente sus oficinas en la capital del país. 

Uno de esos casos es el de Rocío Nahle García, secretaria de Energía que fue la encargada del proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, para lo cual ha estado de manera permanente en Paraíso, hecho que constató el presidente López Obrador este 12 de junio cuando expuso que su cargo era sólo normativo porque ya no son necesarias las gestiones de venta de petróleo, bloques para la explotación de petróleo ni rondas porque “se detuvo la política privatizadora”. 

El presidente añadió que Nahle, al ya no tener esas actividades, podría ayudarle únicamente en la construcción de la refinería de Dos Bocas, para lo cual tenía que estar de manera permanente. 

“Ella fue la responsable que se construyera la refinería de Dos Bocas, que es estratégica, y permaneció allá y allá está todavía porque este año empezamos ya a producir, como en julio, la primera etapa, y en noviembre-diciembre todo 340 mil barriles vamos a procesar en esa refinería”, expuso. 

“Imagínese hacer una refinería en cinco años. ¿En dónde? ¿En qué lugar del mundo? Sólo así, con una responsable”, agregó.

La mudanza también aplicaba para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuya sede de sus oficinas centrales sigue estando en la Ciudad de México; no obstante, su director general, primero Rogelio Jiménez Pons y ahora Javier May, tuvo que enfocar toda su labor en el sureste mexicano con una misión: el Tren Maya. 

El caso del Fonatur es otro ejemplo de las dependencias federales cuyos titulares aún tienen su sede en la capital del país, pero físicamente ellos tuvieron que mudarse por un encargo presidencial, pues May deberá entregar la megaobra en diciembre próximo. 

“Yo les adelanto que quiero pasar a la historia como el segundo presidente que más reservas naturales protegidas deje durante mi gobierno; el primero lo tiene el general Lázaro Cárdenas. Aspiro a eso (…) Todos los terrenos de Fonatur ya, por decreto, (son) áreas naturales protegidas, también cuidarlos de las ambiciones”, dijo a principios de junio último.

De los pocos funcionarios federales que abordó el tema de la descentralización y habló de mudanza fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer; él aseguró que desde el 3 de octubre de 2021 inició su cambio de sede a Acapulco, Guerrero. Sin embargo, se traslada constantemente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, por reuniones de trabajo con el mandatario federal. 

En noviembre de 2022 el propio presidente reconoció la informalidad de su promesa de campaña número 54: “Estamos comprometidos en la descentralización, y todavía no hemos cumplido, nos falta, pero sí esperamos que ya el año próximo ya se puedan dar más resultados”.

Dijo que había avanzado sólo 20% y que el caso del doctor Alcocer es quien “sí está en Guerrero, ahí trabaja el secretario de Salud; la secretaria de Energía ya está trabajando en Villahermosa; otros ya han avanzado”.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya tiene oficinas en Mérida, “pero todavía falta; Cultura tiene oficina en Tlaxcala, pero falta; falta que se vaya Agricultura, tiene ya algo a Ciudad Obregón, Sonora. Ya se tiene algo de la Secretaría de Turismo en Chetumal, pero no”, agregó el mandatario.

El tiempo se acaba

Según el presidente López Obrador, con la mudanza de las dependencias federales su gobierno sería austero, pues ya no se gastaría dinero público en oficinas lujosas.     

No obstante, en un año y tres meses deberá concluir lo que no ha podido en cinco años de gobierno: sacar de la capital del país 80% de las dependencias que faltan por descentralizarse. El atraso, repuso el mandatario, se debe a la pandemia causada por el covid-19.

En su discurso del 1 de diciembre de 2018, ante un Zócalo repleto, el mandatario leyó en su compromiso 54: “Se descentralizará el gobierno federal, y las secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la República porque todo el país es México. 

“Este proceso se llevará a cabo de manera voluntaria, sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado; por el contrario, tendrán oportunidades para la adquisición de vivienda, educación para sus hijos, atención médica y seguridad social”. 

Esa promesa para la mayoría de los trabajadores federales no llegó. 

Además de las dependencias mencionadas y su sede original, el gobierno tenía planeado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se fuera a León, Guanajuato; la Secretaría del Bienestar, a Oaxaca, Oaxaca; la Secretaría de Educación Pública, a Puebla, Puebla; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la capital de San Luis Potosí, y la Secretaría de la Función Pública, a Querétaro capital.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ésta debería irse a Pachuca, Hidalgo; la Secretaría de Economía, a Monterrey, Nuevo León; la Comisión Nacional Forestal, a la capital de Durango; el Servicio de Administración Tributaria, a Mexicali, Baja California; la Conapesca, a Mazatlán, Sinaloa; la Agencia Nacional de Aduanas de México, a Nuevo Laredo, Tamaulipas; la Comisión Nacional del Deporte, a Aguascalientes capital; el IMSS, a Morelia, Michoacán; Banobras, a Cuernavaca, Morelos.

Petróleos Mexicanos se iría a Ciudad del Carmen, Campeche; El Infonavit, a Toluca, Estado de México; La Comisión Federal de Electricidad, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el Instituto Nacional de Migración, a Tijuana, Baja California; Nacional Financiera, a Torreón, Coahuila; el ISSSTE, a la capital de Colima; el Conacyt, a La Paz, Baja California Sur, y la Comisión Nacional de Agua se trasladaría a Xalapa, Veracruz.  

En la Ciudad de México, además de mantener la sede presidencial, permanecerían las secretarías de Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina y Defensa; en junio del año pasado todavía el presidente López Obrador afirmó: “Y que el resto de las secretarías se vayan a los distintos estados. Se detuvo esto por la pandemia, pero ya vamos a continuar”.