CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció su proceso de “descentralización” a la ciudad de Mérida, Yucatán.

“Antes de que termine este año y como primera etapa, se trasladará personal de seis áreas, entre las que se encuentran la oficina de la Secretaría y la Subsecretaría de Política y Planeación Ambiental”, publicó la dependencia en un comunicado de prensa.

Las unidades coordinadoras de Participación Social y Transparencia, y de Asuntos Internacionales; las direcciones generales de Políticas para el Cambio Climático, y del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables, son las demás áreas que por el momento se trasladarán a Mérida.

La Semarnat también aseguró que “ocupará espacios por los cuales no se erogará recurso alguno por concepto de arrendamiento”, por lo que operarán desde las oficinas del Centro Hidrometeorológico de Cuenca Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la planta alta del edificio de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la oficina de representación de esta institución en Yucatán.

“Dado que se necesita un espacio de mayor dimensión para albergar a todo el personal de la Secretaría, por el momento el resto continuará laborando en las instalaciones centrales, ubicadas en Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac, Ciudad de México, por lo que no se interrumpirán los servicios ni se afectará en lo absoluto el despacho de asuntos a cargo de la dependencia”, puntualizó.

En tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el proceso de descentralización de las dependencias ha tenido un avance menor, pues apenas se han reubicado parcialmente 2 de 13 secretarías, entre ellas, la Secretaría de Energía (Sener) en Villahermosa, Tabasco y la Secretaría de Cultura (SC) en Tlaxcala.

En curso, el desmantelamiento del sector ambiental

Por otro lado, la red ProCienciaMx manifestó su preocupación acerca de los conflictos recientes en los sectores académicos y medioambientales.

“A los conflictos existentes en la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) se suma ahora la amenaza de desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) bajo la premisa de la austeridad”, indicó la red en un comunicado.

El pasado viernes 17 de diciembre, la Semarnat oficializó la intención de modificar la estructura de algunas de las dependencias bajo su cargo, tales como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), realizó un análisis minucioso de su estructura interna y la de sus órganos desconcentrados y descentralizados, identificando la complementariedad de responsabilidades entre la Semarnat y el INECC, así como entre el IMTA y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Asimismo, se reconoció la falta de vinculación y coordinación entre las políticas públicas establecidas y las acciones diseñadas para su implementación”, justificó en un comunicado de prensa publicado el viernes 17.

De esa forma las atribuciones y el personal del INECC pasará directamente a la Semarnat, así como las funciones del IMTA a la Conagua; la secretaría acotó que “se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, y las oficinas, laboratorios y demás instalaciones de estos organismos que no tendrán cambio alguno”.

“La desaparición de estos Institutos dejaría a la Semarnat y a Conagua sin sus brazos técnicos, indispensables para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”, criticó ProCienciaMx, una asociación civil que integra a 466 investigadores de 65 instituciones públicas y privadas.

En 2021 el presupuesto total asignado a la Semarnat fue de poco más de 30 mil 300 millones de pesos, de los cuales casi el 80 por ciento se destinó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el restante se repartió entre las unidades administrativas a cargo de la Semarnat.

“Es importante enfatizar que esto ocurre al mismo tiempo que se generan presiones presupuestales extraordinarias sobre las universidades autónomas a la par que se cuestiona su legitimidad, lo cual refuerza la hipótesis de que no se trata de casos aislados sino de acciones concertadas desde el más alto nivel que, de concretarse, llevarían al debilitamiento de nuestras instituciones de investigación”, advirtió el grupo de investigadores.