CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presunta ejecución extrajudicial de cinco civiles ocurrida el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a manos de elementos del Ejército, refleja los procedimientos con los que las Fuerzas Armadas han actuado en los últimos 16 años en el país al realizar funciones de seguridad pública, señalaron Amnistía Internacional y #SeguridadSinGuerra.

Ayer, Proceso publicó un video que forma parte de una investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), en el que se observa que los civiles ultimados, quienes llevaban armas, fueron sometidos, colocados contra una barda y luego baleados, en hechos ocurridos en la parte trasera de una tienda de autoservicio de la colonia Las Encinas.  

En el Informe Policial Homologado (IPH) del Consejo Nacional de Seguridad Pública, fechado el mismo día 18 de mayo del 2023, el comandante de los militares reportó que los civiles murieron cuando sus cómplices pretendían rescatarlos.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “al parecer sí hubo un ajusticiamiento" y que su gobierno ya está realizando una investigación al respecto.

En un pronunciamiento Amnistía Internacional y #SeguridadSinGuerra señalaron que los hechos reflejan los procedimientos con los que se han conducido las fuerzas armadas en los últimos 16 años al realizar funciones de seguridad pública que corresponden a autoridades civiles.

Ambas organizaciones recordaron destacadamente los casos de violaciones graves cometidas por elementos del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 2020; la muerte de la niña Heidi en 2022 y el asesinato de cinco jóvenes a manos de elementos del Ejército mexicano también en Nuevo Laredo, en febrero de 2023.

Otros ejemplos de esa tendencia, señalaron, se encuentran documentados por la investigación “Con Copia Oculta”, elaborada por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, así como en la Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de asesinatos como crímenes de lesa humanidad, perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado mexicano entre 2007 y 2017, preparada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Ante esa situación, #SeguridadSinGuerra y Amnistía Internacional exigieron a las autoridades del Estado mexicano que la investigación y el esclarecimiento de los hechos del más reciente hecho de presunta ejecución extrajudicial se realice en apego al Protocolo Minnesota, sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.

Con ello se asegura, subrayaron, que las investigaciones sobre muertes ocasionadas por acción de órganos o agentes del Estado garanticen la rendición de cuentas, el acceso a la información, así como juicios a los autores identificados en tribunales civiles y sanciones adecuadas a los responsables.

Las organizaciones destacan en su pronunciamiento que en el video se aprecia que las personas detenidas ya habían sido sometidas por los elementos del Ejército, por lo que luego de esto debieron ser entregadas a la autoridad competente para seguirles el debido proceso.

“En este sentido, la participación del ejército en tareas de seguridad pública tanto convencional como constitucionalmente debe ser subordinada a las corporaciones civiles y sus n tareas de seguridad pública extraordinarias, reguladas y fiscalizadas por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”, subrayaron.

#SeguridadSinGuerra y Amnistía Internacional reiteraron su llamado al Estado mexicano para incorporar la regulación del uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública del orden civil.

Destacaron que, si no fuera por una cámara de vigilancia y por la labor de investigación de los medios, el país no sabría de los “crímenes atroces y violaciones a los derechos humanos cometidas por militares”, como ocurrió el 18 de mayo en Nuevo Laredo.

“Exigimos que la Fiscalía General de la República investigue a los responsables de estos lamentables hechos, así como de todas aquellos homicidios en los que han estado involucradas las fuerzas armadas en décadas recientes.

“La impunidad, opacidad y falta de rendición de cuentas de las instituciones castrenses no disminuirán si no se implementan medidas serias y efectivas para su fiscalización y supervisión democrática” recalcaron.

Y advirtieron que seguirán exigiendo el retiro de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública, el fortalecimiento y profesionalización de las instituciones de seguridad civiles y la subordinación del poder militar al civil.

“Solicitamos a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos que exijan al Estado mexicano medidas adecuadas y efectivas para garantizar que soldados y marinos que cometan esta clase de atrocidades rindan cuentan ante la justicia nacional o internacional”, concluyeron.