CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Apenas se conoció el asesinato de Francisco Stanley, el lunes 7, Televisa y Televisión Azteca iniciaron una competencia para demoler al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, y con ese afán transgredieron diversas disposiciones legales, a pesar de lo cual permanecían impunes al menos hasta el viernes 11.

La estrategia informativa de las dos cadenas, a las que se sumó Pedro Ferriz de Con, de Multivisión, consistió en dejar de lado el aspecto informativo y, en cambio, abrieron los micrófonos a ciudadanos a los que incitaron a clamar por la instauración de la pena de muerte ante la inseguridad en la Ciudad de México, y a cantantes y actores que –histéricos– pedían justicia.

Jacobo Zabludovsky –a quien el diario español El País definió como "incondicional y recompensado peón del PRI"–, en Televisa, y Javier Alatorre, en TV Azteca, encabezaron a los equipos de comentaristas que después del mediodía del lunes propiciaron un ambiente de crispación política y de angustia colectiva, sobre todo en el Distrito Federal.

Y ambas televisoras violaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. De acuerdo con los especialistas, las imágenes y comentarios transmitidos podrían ser constitutivos de los delitos de asonada e incitación a la rebelión, tipificados en el Código Penal del fuero federal.

Hasta el viernes 11, sin embargo, la Secretaría de Gobernación, que mediante la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC es responsable de vigilar el cumplimiento de la ley que regula a los permisionarios de radio y de televisión), no había impuesto ninguna sanción a Televisa y TV Azteca.

Funcionarios de la dependencia informaron a este semanario que se analizaban "con mucho cuidado" los contenidos de esas transmisiones.

José Gutiérrez Vivó, presidente de Infored y conductor de Monitor de Radio Red –una de las pocas voces radiofónicas que, pese a ser también promotora de la pena de muerte, advirtió de la "supina irresponsabilidad" en la cobertura televisiva del crimen–, considera que "ese capítulo muy triste de la comunicación en México no puede quedar impune, se necesita hacer un escarmiento, no tanto por lo que ya pasó, sino porque es necesario que no quede en el expediente nacional que se puede, con tanta ligereza, mentir a ese grado".

Javier Corral, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, dice que la reciente actitud de las dos empresas representa el "fracaso" de la autorregulación ética de los medios de información que impulsa el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y reabre el debate sobre la urgente necesidad de actualizar el marco legal de esos medios.

"A diferencia de otros presidentes de la República, que por lo menos se han comprometido con el derecho a la información como el reconocimiento que tiene el Estado de tutelar las necesidades sociales, Zedillo abona la confusión sobre ética y derecho, y ha contribuido, como nadie, a ampliar la ya vasta zona de impunidad en esta materia."

–¿Las dos televisoras incurrieron en violaciones a la ley?

–Sí, pero la ley se viola desde hace mucho tiempo, sobre todo en los contenidos. El artículo 63, por ejemplo, prohíbe todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, apología de la violencia o del crimen, que es hoy por hoy lo que se ha estado haciendo: sembrar el terror.

Explotación del morbo

La histeria de los comentaristas y de los entrevistados por las dos televisoras contagió también a periodistas de prensa escrita.

Uno de ellos, Fidel Samaniego, inclusive ofreció su sangre para conjurar más crímenes, que atribuyó también a la irresponsabilidad del gobierno capitalino. Escribió en su columna "Carrusel" de La Crónica de hoy, del martes 8:

¿Ya están contentos?

¿Qué sigue?

¿Quién sigue?

¿Yo?

¿El consentido Salinas?

¡Búsquenme!

¡Aquí estoy!

¿Les sirvo?

No. No mucho. Ocurre que no soy ni Ramírez, ni Alemán, ni Arriola (sic), ni Ealy... en términos de sangre no les sirvo mucho.

Pero... ¿sirve de algo mi sangre?

¡Tómenla!

¡Pero ya párenle! ¿O no? Digo.

Y se lanzó contra Cárdenas: "Ingeniero, usted y los suyos nos quisieron linchar".

Pero al día siguiente ofreció disculpas por "la histeria que hubo en mis palabras", de lo que se dio cuenta después de leer el artículo de su compañero de páginas, Raúl Trejo Delarbre, quien escribió:

"Televisión Azteca explotó el asesinato de manera morbosa y convenenciera. El dolor y la indignación por la muerte de uno de sus empleados son explicables y respetables. Sin embargo, durante seis horas esa televisora, encadenados sus tres canales, no hizo más que presentar una versión perturbada y alarmista."

El editorial de La Jornada, del martes 8, condenó la "vasta, irresponsable e inmoral campaña de linchamiento, encabezada por los medios electrónicos contra las autoridades capitalinas... Lucrando con la muerte, con el dolor humano, con el morbo, con los ratings y con el hartazgo de la población, en tales medios se han vertido temerarias e infundadas acusaciones e insinuaciones en lo que constituyó uno de los días más vergonzosos –y, posiblemente, más lucrativos en lo económico y en lo ideológico– para estaciones de televisión y radio".

Luego de lamentar que en sus emisiones las televisoras "prácticamente borraron la corresponsabilidad del gobierno federal en el combate a la delincuencia", el editorial se refirió al "delicado contexto político" en el que ocurrió la ejecución del locutor:

"No debiera, por ello, descartarse como posible propósito del homicidio el causar desasosiego e incertidumbre y, tal vez, el invocar peticiones de mano dura y de reacciones autoritarias o totalitarias violatorias de las garantías individuales e incompatibles con los avances democráticos y las libertades tan arduamente conquistadas."

El Universal se ocupó del asunto el miércoles 9: "Es muy preocupante la forma en que las dos principales empresas televisivas abordaron el homicidio del conductor Francisco Stanley, reveladora de afanes ajenos al proceso informativo, pues se generó un clima de zozobra que estuvo a punto de desencadenar una histeria colectiva."

La autodefensa de Cárdenas no fue, sin embargo, suficiente ni convincente. Acorralado por las acusaciones de abulia en el combate a la delincuencia, en una declaración realizada el mismo lunes 7 por la noche, pretextó que era herencia de los regímenes priistas que lo antecedieron. Y se engalló ante las televisoras: "No rehúyo mi responsabilidad, pero no admito que se agrande con mentiras y campañas de odio".

Los intereses

Enrique Velasco Ugalde, investigador de medios de comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que la actitud de las televisoras al buscar provocar una situación de "caos y desestabilización política" se explica por los grandes intereses que rigen a la industria de la radio y la televisión.

"A los empresarios de esta industria no les interesa el país más allá de sus ambiciones de infraestructura, dinero y poder político. En el logro de estos propósitos, han convertido a sus empresas en parte del arsenal político del grupo en el poder con el que –como poderoso dique– contienen cualquier intento social por avanzar hacia cambios democráticos en la vida nacional."

Un ejemplo elocuente de lo anterior, agrega, es la concentración de concesiones de radio en el Distrito Federal y el área metropolitana, pues 41 de las 49 emisoras comerciales privadas pertenecen a solamente cinco familias: Los Aguirre, de Radio Centro, tienen 14; los Azcárraga, de Televisa Radio (Radiópolis) y Radio Fórmula, 11; los Ibarra, de Grupo Acir, seis; los Salas, de Radio Mil, cinco, e igual número los Vargas, de MVS Multivisión.

Pero quizá lo que sintetiza los absurdos propiciados por la legislación, añade, "es el caso de los llamados tiempos fiscales o uso oficial de 12.5% en radio y televisión, un estado de excepción tributaria del que gozan los empresarios de la radio y la televisión, como no existe otro semejante en cualquier actividad productiva individual y empresarial en México.

"A lo largo de tres décadas, el Estado mexicano ha dejado de recaudar recursos de esa industria gracias al acuerdo presidencial que, en 1969, creó el impuesto de 12.5% pagado con tiempo fiscal."

En 1997, las 49 emisoras privadas capitalinas comercializaron sus tiempos de transmisión en 46 mil 649 millones 183 mil pesos, lo que significa –añade Velasco Ugalde– que escamotearon al fisco 5 mil 831 millones 147 mil pesos, cantidad que representa más del déficit fiscal anunciado por la Secretaría de Hacienda a raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo.

De acuerdo con el investigador, la evasión fiscal por el impuesto de 12.5% o tiempo fiscal llegó el año pasado a cerca de 15 mil millones de pesos, poco menos del doble del presupuesto anual de la UNAM, 10 veces más que el de la UAM y 100 veces más que el de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Velasco Ugalde, localizado por teléfono en Chiapas, el jueves 10, dice que el régimen de concesiones vigente en México configura un universo de intereses económicos que explica las reacciones de las empresas televisoras, cuyos ingresos "son inimaginables", si se toman en cuenta solamente los resultados de su estudio sobre la radio metropolitana, y por ello "los empresarios están dispuestos a hacer lo que sea para que nada cambie".

La ley violada

Dentro de la histeria de TV Azteca, el lunes 7, apareció hasta su dueño, Ricardo Salinas Pliego, quien lanzó el siguiente mensaje:

"¿Dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos tres Poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? En esta ciudad, como en muchas otras ciudades de México, la impunidad, la ineptitud de la autoridad, y también la indiferencia de los ciudadanos, ya llegó al límite."

Por ello Velasco Ugalde considera que Salinas Pliego debería ser enjuiciado por haber incitado a la rebelión y a la asonada:

"La ley habla de que hay que preservar la unidad nacional. Solamente esa violación era motivo, administrativa y jurídicamente, del retiro de las concesiones."

–Pero para eso, según la Ley de Radio y Televisión, existe un Consejo Nacional.

–Nadie lo conoce. Es una entelequia. Fue tan grave el asunto que debería estar reunido para hacer un análisis y emitir una valoración.

En efecto, ni Gutiérrez Vivó ni el diputado Corral ni Samuel Aguilar Solís, secretario de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, conocen la existencia del Consejo Nacional de Radio y Televisión que, según el artículo 90 de la ley respectiva, es un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Presidido por un representante de Gobernación, se integra, además, con un miembro de las Secretarías de Educación, de Salud y de Comunicaciones y Transportes, así como con dos representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión e igual número de los trabajadores.

Uno de sus objetivos es "elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones".

Pero la Ley de Radio y Televisión contiene más especificaciones que, según el diputado Corral y el investigador Velasco Ugalde, fueron transgredidas por las dos cadenas.

Vigente desde enero de 1960, dicha ley establece en su artículo 4º que la radio y la televisión "constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social"

En este caso, dice el investigador de la UAM, Salinas Pliego violó esa disposición al utilizar las frecuencias de TV Azteca para su uso particular. Igualmente, violó el artículo 5º, que señala que la radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.

Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

III.- Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo o a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana:

IV.- Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y la cooperación internacionales.

Y su artículo 64 establece que no se podrán transmitir "noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarias a la seguridad del Estado o del orden público".

Golpismo político: Corral

Javier Corral, que como presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía ha impulsado infructuosamente la modernización del marco legal para los medios, dice que es entendible la preocupación y la ira de Salinas Pliego ante el asesinato de uno de sus colaboradores, "pero su discurso desconoce avances fundamentales de la sociedad mexicana, como el equilibrio de los poderes, e ignora el proceso de transición política en que nos encontramos. Se está vulnerando un principio de gobernabilidad y de autoridad".

Consciente de que resulta muy complejo modernizar la ley –por la "connivencia entre poder político y poder económico"–, Corral insiste en que es preciso hacerlo, "porque no tiene sentido que el Estado mexicano defienda una ley que no se aplica, como podría ser este caso. Existe el riesgo de impunidad".

Explica a la luz del inminente proceso electoral del 2000: "En los momentos fundamentales de este país los principales medios de comunicación radiofónicos y televisivos actúan al lado del régimen. Aquí se advierte un signo de lo que vendrá".

Y califica de irresponsable y falta de ética la cobertura de las televisoras en el caso de Stanley: "Ha quedado debidamente demostrado para qué no deben ser las concesiones en este país. Éste es el gran mensaje. En la línea fundamental de esa cobertura se aprecia la idea de vulnerar las posibilidades de transformación social que plantea la competencia política actual. Quienes festejen –e inclusive medren– con el linchamiento de Cárdenas, debieran detenerse a analizar mínimamente si en realidad tal embestida no degrada más al país y a sus instituciones que al propio perredismo y a su líder".

Y sentencia: "Adjudicarle a las deficiencias indiscutibles del gobierno de la ciudad –como su responsabilidad directa– un asunto criminal de la mafia organizada y difundirlo con la exageración que se hizo, no es televisión, sino golpismo político".

Piensa que esa actitud de ambas empresas enfatiza la necesidad de debatir sobre el papel de los medios en la sociedad y su nueva reglamentación.

Explica que el principal problema consiste en que muchos de los medios de información consideran que su actuación debe ser autorregulada "y se ha querido construir, y en eso Zedillo ha aportado un gran esfuerzo, una zona de impunidad".

–¿Esa impunidad prevalecerá en este caso?

–Sí. Pero lo peor que nos puede pasar es que ante excesos y abusos en la libertad de informar, se cree la corriente, más que de regulación, de control. Esos abusos y excesos van a generar, más que la idea que algunos tienen de regulación legal con el consenso de los actores, que el Estado pueda generar controles. Ése sería otro extremo.

Escarmiento: Gutiérrez Vivó

En esto coincide José Gutiérrez Vivó, conductor del noticiario matutino Monitor de Radio Red, quien al igual que José Cárdenas, de Grupo Acir, condenó la desmesura de la televisión en el caso Stanley.

Con más de 25 años al aire y líder en los noticiarios radiofónicos –sólo en el Valle de México es escuchado por 2.6 millones de personas–, Gutiérrez Vivó considera preferible tener un marco legal a trabajar en la absoluta discrecionalidad, como ha ocurrido hasta ahora.

Consciente de las resistencias que hay para impulsar una regulación moderna, advierte que el extremo es la represión disfrazada o el asesinato. "Pero mientras eso ocurre, es preciso que cada medio se autorregule con principios éticos. Pero en el caso de la cobertura de las televisoras del caso Stanley, no se actuó más que de manera irresponsable. Se demostró que si existe –y espero que exista– un código de ética informativa y de procedimientos en casos específicos, se quedó guardado en los cajones".

En entrevista con el reportero, la tarde del jueves 10, juzga: "Se abusó de la candidez y de la falta de preparación e información de muchísimos millones de mexicanos que estuvieron pegados a la pantalla. Los llevaron a una especie de comparsa electrónica".

–¿Se incurrió en violaciones a la ley, que ciertamente es de 1960?

–Sí, por supuesto. La ley puede ser de los sesenta, de los setenta o de los noventa, pero si uno revisa la ley, si es que uno es parte de esta industria, se da cuenta de que hay principios atemporales... Hacer demandas públicas de renuncias, de responsabilidad civil y penal sobre ciertos personajes del gobierno en sus diferentes niveles, sin tener las pruebas, es un delito.

Lamenta la "irresponsabilidad" con que actuaron las televisoras, porque pudieron provocar un problema de enormes proporciones, "porque hay cosas con las que no se juega y ésta era una de ellas. No estoy proponiendo que les quiten las concesiones. Creo qué merecerían en otros tiempos de México que les hubieran aplicado una sanción de ese tamaño. Por mucho menos de lo que hicieron TV Azteca y Televisa se han clausurado emisoras en la historia de la radio y la televisión, se han retirado concesiones, se ha encarcelado al personal. Qué suerte que les tocó otro México".

–¿El México del pluralismo?

–Sí, pero hay una diferencia: una cosa es ser plural y democrático y otra cosa es la ley de la selva. Yo creo que aquí confundieron lo que es la apertura y la democracia con la ley de la selva electrónica.

El conductor, que dice haber vivido censura, presiones, multas y suspensiones, considera que la actuación de las televisoras no debe quedar impune y por ello se pronuncia por un escarmiento:

"Se olvidaron de su función. Se concentraron en convertir al hígado en el centro emisor de sus pensamientos absolutamente viscerales y casi se olvidaron de hacer una cobertura estrictamente informativa. Y en medio de esa vorágine se violaron muchas normas informativas básicas."

–¿La cobertura tuvo ribetes políticos hacia el 2000?

–Por supuesto. Pero una reflexión personal: si esto hubiera ocurrido hace un año, hubiera sido más o menos lo mismo, simplemente porque Cárdenas no es agradable para las televisoras.

Al final, aclara que el gobierno es ahora el del problema: si trata de sancionar a las televisoras, una parte de la opinión pública –la menos preparada– juzgará que se está imponiendo la censura.

Reflexiona: "El problema de TV Azteca no se resuelve con sanciones per se. Tiene que madurar y entender qué es lo que están haciendo en este negocio".

–¿Es el fracaso de la autorregulación?

–Sí, pero no es el caso general. Pero demuestra que hay medios que no están maduros para autorregularse. El gobierno trata de quitarse el peso del problema aludiendo a la autorregulación, pero no todos tienen la madurez. Eso es lo que probó el caso de Paco Stanley.

"Y esto demuestra –y que quede muy claro– que fue un error de la pasada administración haber vendido muchos negocios solamente en función del dinero que se ponía sobre la mesa. En el caso de TV Azteca se demostró finalmente que había el dinero, pero no había la madurez informativa que se necesita en un negocio de éstos."

Reportaje publicado en la edición 1180 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.