CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, enfatizó que el monto señalado por actos de corrupción que derivaron en el fraude a Segalmex es de 9 mil 500 millones de pesos y no por 15 mil millones, además de que los procesos de observación en el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminan hasta octubre de este año.

Hasta la fecha las instancias involucradas han entregado alrededor de 1 millón 200 mil documentos para atender las observaciones.

La explicación de los plazos se da porque los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 fueron publicados en febrero de 2023 y, a partir de esa fecha, los entes auditados tuvieron 30 días hábiles para entregar información y documentación para dar respuesta a las observaciones.

“Una vez concluido ese plazo inició el periodo de 120 días hábiles durante el cual la Auditoría Superior de la Federación analiza las documentales recibidos y, en su caso, solicita información adicional con objeto de tener todos los elementos necesarios para la solventación o no de lo observado”, por lo que los plazos están vigentes.

El monto que dio el funcionario es derivado de las observaciones de la ASF a las cuentas públicas de 2019 y 2020, por lo que “la cifra de 15 mil millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública, como los presuntos montos de las irregularidades en Segalmex, Liconsa y Diconsa, no es precisa y no está fundado”.

Recordó que en agosto de 2022 se informó que los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con los 9 mil 500 mdp, de los cuales 6 mil mdp fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 mdp, por la ASF, cuyas observaciones “no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o el resarcimiento de los daños”.

Saucedo explicó que “las evidencias adicionales aportadas por las tres entidades se analizan caso por caso, para esclarecer si las observaciones se determinaron porque en su momento no fueron puestos a disposición de los auditores los documentos justificativos y comprobatorios del gasto, o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos”.

Tanto Segalmex, como Liconsa y Diconsa recopilan evidencias para aclarar las observaciones, dado que la información estaba dispersa en las oficinas de varios estados. 

“Es así que la SFP ha recibido información de 2 mil mdp de los 6 mil observados, cuya procedencia está en proceso de dictaminación. Asimismo, la ASF ha recibido otras evidencias en relación con las observaciones pendientes de atender. Se espera que, con la documentación aportada, el monto observado de 9 mil 500 mdp por ambas instancias fiscalizadoras se reduzca sustancialmente”.

Con las aclaraciones también se da lugar a una investigación para determinar si existieron faltas administrativas graves que serían turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En otro caso se determinará si hubo actos ilícitos que, de encontrarse, se convertirán en denuncias penales ante la FGR. En esta fase de investigación administrativa se encuentran 37 expedientes.

Lo observado, insistió, no es sinónimo de daño patrimonial, hasta que la autoridad competente emita una resolución en ese sentido.