CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la detención del extitular de la Unidad Antisecuestros de la extinta Procuraduría General de la República (FGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos exigen que comparezca ante integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y autoridades de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) para contribuir al esclarecimiento del caso, sostiene Mario González Contreras, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

En entrevista con Proceso, el padre de César Manuel González Hernández resalta que, para los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, “no hay nada que celebrar” ante las detenciones de ocho de 16 militares y la del exfuncionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), “porque son detenciones que debieron hacerse hace un año”.

Sin descartar en que los arrestos de los militares y del Ramírez Gutiérrez tengan un trasfondo político, Mario González destaca que para los padres y madres de los estudiantes desaparecidos la detención más sobresaliente es la del funcionario de la PGR, “que trabajó con Tomás Zerón en la construcción de la ‘verdad histórica’, y que podría saber incluso del paradero de nuestros muchachos”.

El activista cuenta que el lunes se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y se presentó como un avance relevante el hecho que la Fiscalía General de la República (FGR) hubiese reactivado 17 de las 21 órdenes de aprehensión, por delincuencia organizada y desaparición forzada, que se habían cancelado en septiembre pasado, así como la detención de Ramírez Gutiérrez, acusado de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos.

Ramírez Gutiérrez está siendo procesado por participar en actos de tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, quien sería parte del grupo criminal de Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los estudiantes.

En un video difundido en redes sociales, se observa a Rodríguez Salgado siendo amedrentado durante un interrogatorio, en el que participaron, entre otros, Gualberto Ramírez y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

“En la reunión con Encinas no se nos pudo explicar cómo es que Gualberto no está siendo procesado por la desaparición de los muchachos, si él estaba a cargo de la Unidad Antisecuestros, donde se abrió la primera averiguación previa por la desaparición de los muchachos y donde se construyó la ‘verdad histórica’.

“Nosotros fuimos muy claros de que a nosotros no nos interesa tener a gente en la cárcel sino que nos den información, y pedimos que en el momento que fuera interrogado, estuvieran presentes los miembros del GIEI y nuestros representantes para que explique cómo y quién le ordenó construir la ‘verdad histórica’ y de dónde sacaron los restos de (Alexander) Mora Venancio que, junto con Zerón sembraron en el Río San Juan”, apunta González Contreras

En su segundo informe, el GIEI encontró evidencias de que Zerón de Lucio, de forma ilegal, el 28 de octubre de 2014, sacó de los separos de la PGR a uno de los presuntos implicados en el caso de los desaparecidos, y lo llevó al Río San Juan, donde después se localizaron restos óseos, uno de ellos de Mora Venancio.

Al considerar que Ramírez Gutiérrez como una “pieza fundamental” porque trabajó de la mano de Zerón de Lucio, González Contreras puntualiza que la exigencia de los padres y madres hacia el gobierno federal es que se le “ofrezcan los incentivos necesarios para que Gualberto dé información que nos lleve a conocer la verdad”.

Mario González Contreras insiste en que, aunque tarde, “va a ser muy importante que Gualberto diga quién dio instrucciones para cerrar el caso de los muchachos, nosotros no queremos a la gente en la cárcel, sino información”.

Gualberto Ramírez Gutiérrez ingresó a la PGR como parte del equipo de la exprocuradora Maricela Morales, al que también pertenecía Cuitláhuac Salinas Martínez, extitular de la SEIDO.

Cercano a la líder de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace y el empresario judío Eduardo Margolís, Ramírez Gutiérrez dio forma jurídica a la averiguación previa sobre el caso Ayotzinapa, tipificando como secuestro un caso que debió ser emprendido como desaparición forzada, bajo el argumento de que el secuestro implicaba mayor número de años en prisión.

Sin embargo, al no sostenerse los señalamientos por secuestro motivó que más de 70 personas, entre exservidores públicos y miembros de la delincuencia organizada, fueron puestas en libertad.