GUADALAJARA, Jal. (apro).- Luego que un tribunal colegiado le otorgó un amparo al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda para que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) elimine un informe público sobre los casos de desaparición de 63 personas en que estaría involucrado el exfuncionario y otros actores, el organismo pide que se discuta de manera abierta el derecho a que se conozca la información recabada.

La resolución fue notificada a la CNB el pasado 15 de junio, y la autoridad judicial le dio un plazo de 10 días hábiles para eliminar el informe público de sus redes sociales.

El organismo respondió que acatará la sentencia, sin embargo, subraya que una de sus facultades, es elaborar análisis de contexto con fines de búsqueda, y que los “documentos no se llevan a cabo en el marco de las investigaciones criminales ordinarias”.

En el mismo comunicado la CNB recuerda que en 2017, comandos armados presuntamente conformados por autoridades estatales e integrantes de la delincuencia organizada, desaparecieron a decenas de personas, en su mayoría hombres jóvenes.

Según información pública, entre los exfuncionarios involucrados estarían el fiscal Edgar Veyta Cambero, actualmente preso en Estados Unidos, y Roberto Sandoval.

En 2019, la CNB comenzó a hacer su análisis de contexto con fines de búsqueda, y el 24 de agosto de 2020, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU ordenó elaborar otro sobre los casos de 47 personas.

Estos últimos datos se incorporaron al análisis que ya se estaba desarrollando, por lo que el número de víctimas de desaparecidos aumentó a 63.

“Los hallazgos preliminares fueron presentados a los familiares el 2 de noviembre de 2021, y el informe fue hecho público en las redes sociales de la CNB, el 12 de enero de 2022”, menciona el organismo.

El mismo informe se envió al CED de la ONU, la Fiscalía General de la República (FGR), y a la Comisión Local de Búsqueda de Nayarit y la fiscalía estatal.

Cuando se hizo público, el exgobernador Sandoval presentó un recurso de amparo contra la CNB en febrero de 2002, al considerar que se vulneraba su derecho a la presunción de inocencia.