CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 desconocen los términos en los que se reactivaron las 16 órdenes de aprehensión contra personal militar y contra un civil, sostuvo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas.

En entrevista con Proceso, Rosales Sierra, resaltó que en la reunión del 27 de mayo pasado en reunión de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), el fiscal especial Rosendo Gómez Piedra informó a representantes y familiares que la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) “estaba lista para reactivar las órdenes de aprehensión que habían sido canceladas por el Ministerio Público en septiembre del año pasado por motivaciones políticas no jurídicas”.

El abogado de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan resaltó que desde que el año pasado que un agente del Ministerio Público Federal ajeno a la UEILCA solicitó la cancelación de 21 órdenes de aprehensión que ya habían sido otorgadas por un juez federal, “la exigencia de padres y madres fue que, para reestablecer la confianza en la fiscalía especial y en gobierno federal, era necesaria la reactivación de las órdenes de aprehensión”.

Al señalar que otra de las exigencias de los padres y madres es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “entregue a la UEILCA toda la información que recabó antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes”, Rosales Sierra contó que en la reunión que los familiares de las víctimas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre del año pasado, hubo un reclamo airado por la cancelación de las órdenes de aprehensión.

“En esa reunión, el presidente dio instrucciones de que se buscaran más elementos e prueba, que se hicieran los análisis jurídicos necesarios y que si había elementos, que se reactivaran las órdenes de aprehensión contra militares, que él no tenía compromisos con nadie. También nos pidió que propusiéramos al fiscal, pero los padres y madres decidieron no enfrascarse en ese tema”, contó.

De acuerdo con el defensor, en subsecuentes reuniones de la Covaj, “se trataba de evadir el tema pero los padres y madres recordaban que estaba pendiente la reactivación de las órdenes de aprehensión, a lo que las autoridades respondían que se estaban buscando más elementos de prueba”.

Sin embargo, agregó, los representantes y los familiares de los normalistas desaparecidos insistían en que no era necesario buscar más pruebas, porque “ya previamente un juez federal había valorado que había pruebas suficientes para obsequiar las órdenes de aprehensión, que fueron canceladas por un criterio político que desconocemos, y no por razones jurídicas”.

Recientemente, en comunicación con el fiscal Gómez Piedra, le informó a Rosales Piedra de la reactivación de 17 órdenes de aprehensión, una de ellas contra un civil.

“Entre las órdenes de aprehensión canceladas había tres contra civiles, el ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Lambertina Galeana Marín y quien fuera el juez de barandilla en Iguala Ulises Bernabé García, no sabemos contra quién de ellos se reactivó la orden judicial”, explicó Rosales Sierra.

El abogado sostuvo que la reactivación de las 17 órdenes de aprehensión, son “un paso importante”, que los familiares de los jóvenes desaparecidos esperarán a que se dicten los autos de formal prisión contra las personas procesadas y que continuarán con la exigencia de que la Sedena entregue la información que tiene en su poder sobre los hechos, “que podría esclarecer dónde se encuentran los estudiantes”.

"Ciertamente el presidente ha rectificado, no por cumplir un compromiso de campaña como algunos columnistas han asegurado, sino porque es su obligación como autoridad garantizar que quienes cometieron graves violaciones a derechos humanos respondan por el involucramiento que tuvieron en la desaparición de los estudiantes”, puntualizó Vidulfo Rosales.