CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una manifestación frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), el próximo 30 de junio integrantes del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia (MPPJ) se pronunciarán en contra de la política migratoria de México y Estados Unidos así como contra la estrategia de combate al narcotráfico que ha dejado miles de víctimas en ambos países y en Centroamérica.

A través de un pronunciamiento leído por representantes de colectivos y organizaciones que forman parte del MPPJ, reprocharon que mientras en México y en Estados Unidos los partidos políticos se encuentran inmersos en la lucha electoral “sabemos que para la gente y el medio ambiente seguiremos sufriendo las consecuencias de la violencia”, mientras no se tomen acciones “para detener esta tragedia regional”.

Los activistas convocaron a la movilización “para expresar nuestro rechazo a los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, y en apoyo a las personas migrantes que han sido desplazadas de sus comunidades por el fracaso del sistema de justicia y el modelo de desarrollo, para luego ser violentamente discriminadas y criminalizadas por buscar la seguridad y un futuro mejor”.

Puntualizaron que, ante más de 110 mil personas desaparecidas en México, más de 164 mil 859 personas asesinadas por armas de fuego en los últimos ocho años, más de 196 mil migrantes deportados en 2022, aunado a “cientos de pueblos perseguidos y sometidos por la brutalidad de policías militarizadas, el crimen organizado y las empresas extractivistas en la región, nos obligan a organizarnos y alzar la voz frente al proceso electoral que se nos viene en ambos países”.

Bajo el hashtag #IgnoradosNuncaMas, más de un centenar de activistas, de lideres de comunidades, de colectivos de familiares de víctimas y de sobrevivientes de violencia, convocaron a la población de México y Estados Unidos a “alzar la voz frente a la violencia, la injusticia, la xenofobia, el racismo y la exclusión que pesa sobre nuestra región”.

Recordaron que a consecuencia “de la violencia y de una fallida estrategia de seguridad”, las principales víctimas han sido los sectores más vulnerables, mujeres, pobres, indígenas, jóvenes, personas racializadas y miembros de la comunidad LGBTTI+, quienes han sido “ignoradas, criminalizadas, desangradas, desplazadas, desparecidas y deportadas”.

            Frente al incremento de la violencia y el uso de armas, así como de la desigualdad social, los integrantes del MPPJ propusieron 12 puntos surgidos de nueve foros y una Cumbre por la Paz, que consideran tendrían que ser adoptados por quienes pretenden encabezar los gobiernos de México y Estados Unidos.

            La llamada “agenda para la paz” contempla la creación de un “organismo binacional para el monitoreo, evaluación y promoción de los derechos humanos”; detener “el flujo legal e ilegal de armas de Estados Unidos a México”, así como la exportación de armamento a “unidades policiales y militares con historial de corrupción y de violaciones a derechos humanos”; los gobiernos de ambos países deberían generar “las condiciones para la vida digna, la paz, la prosperidad, la justicia y la felicidad” en sus territorios para evitar la migración; desmilitarizar los territorios y las fronteras así como “abrir los cuarteles militares a sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia; y aplicar la justicia civil a militares involucrados en crímenes de violaciones de derechos humanos”.

Ante la tragedia de desapariciones de personas, el MPPJ propuso la cooperación regional para la búsqueda de víctimas y establecer “mecanismos de justicia, verdad, memoria y reparación, para casos de desaparición forzada y violaciones de derechos humanos; “acabar la detención y deportación de personas migrantes”; terminar con “el racismo y su legado histórico en todo nivel”, garantizando atención especializada a las infancias, pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos humanos.

Asimismo, los activistas llaman al impulso de acuerdos laborales en Estados Unidos y México para proteger a trabajadores y sindicatos, “y castiguen a las compañías regionales que se aprovechan de la migración forzada y  temporal abusando de la población”; fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito binacional, para acceder a información sobre migración, flujo de armas, redes de trata y narcotráfico”; garantizar el respeto a las comunidades y pueblos indígenas en todos los ámbitos, y diseñar “modelos educativos con enfoque intercultural” que promuevan el respeto y reconocimiento de las “comunidades históricamente rechazadas” con miras a la construcción “de una cultura de paz a nivel regional y global”.

Ante los procesos electorales en puerta en México y Estados Unidos, los integrantes del MPPJ consideraron que la población más vulnerable seguirá siendo violentada “hasta que no se prioricen estas acciones para detener esta tragedia regional”.

Como muestra de la inconformidad ante las políticas de seguridad y migratoria aplicadas por México y Estados Unidos, los activistas y colectivos de México, Guatemala, Honduras, Estados Unidos y Colombia, insistieron en el llamado a la movilización binacional el próximo 30 de junio, en la Ciudad de México frente a las instalaciones del INM.