CHILPANCINGO (apro).- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (Upoeg) rechazaron por separado el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala una consulta del Congreso local para desconocer el sistema de seguridad y justicia comunitario.

Advirtieron que seguirán rigiéndose por ese sistema de justicia y anunciaron protestas.

Cinco Casas de Justicia de la CRAC en la Costa Chica y Montaña así como el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan asentaron en un comunicado –fechado el 8 de junio pasado- su rechazo al fallo emitido por la SCJN el 5 de junio.

En la resolución, la SCJN consideró que el Congreso de Guerrero realizó en mayo del año pasado una consulta “libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada” para avalar una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas.

“Los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso del Estado nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo con los pueblos, tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta.

“Trabajadores del Congreso y asistentes de los diputados pagados se desplazaron a varias comunidades para recabar firmas y realizar reuniones rápidas sin información para los pueblos. No se permitió la discusión y análisis acucioso de la reforma que planteaban”, acusó la CRAC.

Y advirtió a los legisladores locales, ministros y gobiernos que ellos no serán quienes reconozcan sus derechos:

“No permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios.

“Nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígenas y Afromexicanos”, indica el texto.

La CRAC instauró en 1998 en comunidades indígenas el sistema de seguridad y justicia que nombra a sus policías y mandos por medio de asambleas de pueblos y autoriza un proceso de reeducación para infractores de la ley.

Este sistema está basado en el artículo 214 de la Constitución Política del estado y en la Ley 701 sobre Derechos y Cultura Indígena y Pueblos Afromexicanos de 2011.

Pero en 2018, el Congreso local dejó fuera del marco legal a la policía comunitaria de la CRAC, lo que derivó en un juicio de inconstitucionalidad promovida a través de la CNDH ante la SCJN.

La Suprema Corte ordenó en abril de 2021 al poder legislativo local reponer el procedimiento de consulta a los pueblos originarios y afromexicanos.

El Congreso, de mayoría simple de Morena, se vio obligado de marzo a mayo de 2022 a realizar una consulta al vapor que ampara una reforma que desconoce el sistema de justicia indígena.

En el mismo contexto, este lunes en Chilpancingo, representantes de la Upoeg manifestaron también rechazo a la resolución de la SCJN que validó la consulta del Congreso local que derivó en la “reforma” a la Ley 701.

Acompañados de comisarios municipales anunciaron protestas para exigir una nueva consulta pero con la participación de los pueblos.

Una de las autoridades acusó que representantes del Congreso obligaron a los comisarios a firmar actas o en caso contrario les quitarían los programas sociales del gobierno federal.

La Upoeg surgió en 2011 como una escisión de la CRAC, su propuesta estableció el desarrollo regional y un programa la seguridad y justicia. La diferencia con la CRAC es que la Upoeg no nombra en asambleas a sus policías y mandos por lo que se les conoce como autodefensas o policías ciudadanos.