TOLUCA, Edomex. (apro).- Diputados del bloque PRI-PAN-PRD en la Legislatura mexiquense se opusieron a instruir, de urgente y obvia resolución, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para investigar y, en su caso, sancionar, a alrededor de 30 altos funcionarios priistas y rectores de la entidad que operaron la Estafa Maestra.

La diputada morenista Azucena Cisneros, autora del punto de acuerdo, alertó que desde hace nueve años sigue impune el desfalco que podría rondar los 31 mil millones de pesos, cuyos mayores montos fueron triangulados desde dependencias y universidades encabezadas por mexiquenses a empresas fantasma y particulares.

La integrante de la Comisión de Vigilancia del OSFEM denunció que, en su versión Estado de México, la Estafa Maestra fue operada por una red de no menos de 30 políticos, altos funcionarios y rectores de la Universidad Autónoma local (UAEM) ligados al PRI y al Grupo Atlacomulco.

Tres de los contratos irregulares, señaló, fueron operados por Banobras cuando era su titular el hoy gobernador Alfredo del Mazo, otros tres por la Secretaría de Educación bajo la gestión del entonces gobernador Emilio Chuayffet, dos por el Registro Agrario Nacional (RAN) con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, cinco por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con Gerardo Ruiz Esparza, y uno por el Servicio Nacional de Sanidad cuando estuvo al frente el panista Enrique Sánchez Cruz.

Las investigaciones, prosiguió, también apuntan a exfuncionarios federales como Ernesto Nemer y Luis Miranda desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Enrique Jacob en la Secretaría de Economía y Ricardo Aguilar en la Secretaría de Agricultura (Sagarpa).

La investigación, refirió, también cita a otros políticos vinculados con el expresidente Enrique Peña, como Luis Videgaray, su secretario de Hacienda; Oswaldo Santín Quiroz, entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT); y Aurora Sosa Oblea, titular del órgano interno de control de Banobras en aquel tiempo, quienes “fueron premiados con cargos públicos en la actual administración” estatal.

Recordó que 14 de los 73 contratos fraudulentos documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el país y citados en el libro La Estafa Maestra fueron operados por la UAEM a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict).

Sin embargo, expuso que esos contratos no fueron los únicos, pues existen al menos 10 auditorías forenses que dan constancia de un saqueo prolongado entre el Fondict y dependencias del gobierno federal, cuando Peña era presidente de la República y Eruviel Ávila gobernador del Estado de México.

“Los cálculos más conservadores nos colocan ante desfalcos y saqueos mediante el Fondict y una red de alrededor de 200 empresas, que podrían rondar los 5 mil millones de pesos, ya que la firma de contratos se prolongó hasta 2017, cuando el rector Alfredo Barrera no solo firmó el último contrato fraudulento con Diconsa, sino que siguió encubriendo las operaciones del Fondict y los delitos y desvíos de su antecesor, Jorge Olvera, y éste de su antecesor, Eduardo Gasca”, enfatizó la legisladora morenista.

Expuso que una investigación complementaria del portal The Observer documentó no menos de 100 contratos fraudulentos similares a los 14 que se describieron en el libro, signados por el Fondict y documentados en diversas auditorías forenses, con la participación de docenas de empresas fantasma.

Estos contratos, señaló, además de irregulares al asignarse a una universidad, cuyo objeto no es empresarial, en el 95% de los casos violaron el tope de 49% en subcontrataciones que dispone la ley.

La morenista lamentó que todas las observaciones y pliegos de responsabilidades que ordenó iniciar la ASF a los entonces contralores de la Universidad fueron desatendidos, no hubo sanciones ni se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) o a la Fiscalía General de la República (FGR), pese a la probable comisión de delitos.

Indicó que Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol, en 2021 declaró ante un juez que los fondos desviados de la Estafa Maestra se usaron para propaganda de Osorio Chong, Rosario Robles y Peña Nieto, pero también en las elecciones de 2017 en el Estado de México, lo que significa que la dirigencia estatal del PRI fue la responsable de operar los recursos.

Por alusiones personales, el diputado priista Enrique Jacob aseguró que jamás ha sido notificado sobre anomalía alguna ni tampoco participó, mientras su correligionaria Grettel González afirmó que el OSFEM carece de facultades para investigar recursos de carácter federal, por lo que a la hora de la votación, con 37 votos del tricolor, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue rechazada la dispensa de trámite para aprobar en lo inmediato el punto de acuerdo, y remitido a las comisiones para su análisis, donde, sin embargo, podría quedarse en la congeladora.

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