CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el proceso iniciado contra Héctor Taurino Landa Cabrera, exalto mando del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por enriquecimiento ilícito de 21.9 millones de pesos.

Ayer, la Primera Sala avaló por unanimidad el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en el que propuso negar el amparo a Landa Cabrera con el que buscaba que se declare inconstitucional la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito conforme al Código Penal Federal.

“En conclusión, la porción normativa impugnada no impone una carga de probar la inocencia, sino que señala la forma en que puede hacerse frente, si así lo desea la persona servidora pública, a una acusación en su contra por un enriquecimiento que se presume ilícito”, señaló la Corte.

Una vez que González Alcántara Carrancá presentó el asunto, la ministra Margarita Ríos Farjat solicitó que se le declare impedida para participar en la votación debido a que ella fue jefa del SAT en el 2019 y tuvo conocimiento del asunto contra Landa Cabrera quien hasta el año 2018 -año en que concluyó el sexenio de Enrique Peña Nieto- fue administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes.

En su exposición, Ríos Farjat precisó que ella no tuvo injerencia directa en el caso, pero solicitó se le excusara de votar para mantener el principio de seguridad jurídica, lo cual, fue avalado por sus compañeros en la Sala.

Landa Cabrera entró al SAT en el año 2011, todavía en el sexenio de Felipe Calderón, en el año 2018 se descubrió que una empresa facturera le regaló una residencia con un valor comercial de 15 millones de pesos.

En ese entonces, se encargaba de coordinar el área del SAT que debe informar a la autoridad competente cuánto daño patrimonial sufrió el fisco federal por posibles delitos fiscales cometidos por las grandes empresas; ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, auditorías, entre otros; prevenir la expedición de facturas falsas y solicitar el embargo de cuentas bancarias, entre otras actividades.

Por eso, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpeta de investigación en su contra y detectó que el exfuncionario adquirió otros inmuebles por un total de 21.9 millones de pesos, valor que superaba sus ingresos como funcionario del SAT.

Por ello, al considerar que incurrió en enriquecimiento ilícito procedió penalmente en su contra.

Landa Cabrera señaló que la tipificación de este delito prejuzga el origen de su patrimonio, sin embargo, con su resolución la SCJN precisó que el hecho de que la autoridad señale la cantidad de bienes que un funcionario posee, cuando estos exceden de su capacidad económica conforme a su salario, no prejuzga su origen ilícito.

En consecuencia, el proceso contra el exfuncionario del SAT podrá continuar su trámite.