San Cristóbal de las Casas, Chis (apro).-- Obispos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas alertaron hoy sobre el aumento de la narcoviolencia en Chiapas y la descomposición social que se vive en al menos 28 municipios del estado.

Ante ello, pidieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para frenar también la persecución y las amenazas en contra la población civil ajena esta lucha por el territorio, pero sobre todo demandaron que se cese la persecución contra defensores de derechos humanos.

En conferencia de prensa, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, y el obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro, así como el equipo pastoral de esta diócesis, señalaron hoy que “se ha escuchado fuertemente, como un grito en el desierto, la situación de violencia estructural e institucionalizada con la presencia del crimen organizado y la proliferación de grupos armados, algunos haciendo la tarea de grupos de choque en Chiapas ”.

Indicaron que “la disputa del territorio en Chiapas va deteriorando cada día más el tejido social, la explotación desmedida de los bienes naturales --como la reactivación de extracción minera y la venta ilegal de madera, material pétreo y la gasolina-, la manipulación y el despojo de la dignidad de los pueblos originarios”.

Mencionaron que en Chiapas se vive una guerra psicológica, una ola de feminicidios y otras violencias que van en detrimento de la fuerza comunitaria. Señalaron que existe un aumento de la criminalización de las luchas y las resistencias pacíficas. Resaltaron que las actividades pastorales de las diócesis invitan a una conciencia plena de la dignidad de hijas e hijos de Dios, sujetos de derecho.

Dijeron los obispos que es papel de la Diócesis y su equipo pastoral es hacer un trabajo de acompañamiento en el sufrimiento de los pueblos y buscar la verdadera vida para los mismos, y que eso afecta los intereses de personas y grupos que sólo buscan la máxima ganancia a cualquier costo, sin importar el sufrimiento de las y los más pobres.

Indicaron que ante las luchas de los pueblos en resistencia las autoridades reaccionan con persecución, intimidación, amenazas y encarcelamiento.

“Nos preocupa la descomposición social que va en aumento por la violencia generalizada en los pueblos de los municipios de Chicomuselo, Comalapa, Trinitaria, Comitán, Margaritas, Maravilla Tenejapa, Zamora Pico de Oro, Palenque, Salto de Agua, Tila, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano, Chanal, Oxchuc, Huixtán, Tenejapa, Chamula, Chenalhó, Pantelhó, Simojovel, Chalchihuitan, San Cristóbal, Teopisca, Carranza, Las Rosas, Socoltenango, entre otros municipios del a Provincia de Chiapas”, precisaron.

Y agregaron que esta realidad de inseguridad se agudiza en algunos sectores de la población, amenazada por grupos del crimen organizado para incursionar en el manejo y la comercialización de armas de fuego que son de uso exclusivo del Ejército.

“Situación que pone en alto riesgo a los habitantes ya que estos grupos se enfrentan por la disputa del control territorial”, abundaron.

Denunciaron también la fuerte impunidad que prevalece en el estado de Chiapas, el incremento de la inseguridad y la violencia desbordada por células del crimen, el sistema político-jurídico que criminaliza a defensores de Derechos Humanos, la falta de acceso a la justicia plena, la infiltración de personas en actos de culto y en encuentros de servidores, la fabricación de delitos, la falta de interés en la reconstrucción del tejido social por parte de las autoridades competentes.

“Exigimos al Gobierno Mexicano garantizar la vida de las personas que viven y transitan por el Estado de Chiapas. Es responsabilidad del Estado la seguridad y protección de las personas defensoras de los derechos humanos, por el respeto y cuidado de la Madre Tierra, el territorio, de velar por la vida e integridad de religiosas, sacerdotes y servidores de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que el ejercicio ministerial en contexto de violencia nos hace vulnerables dentro de la entidad chiapaneca”, dijeron en su carta.

Y ante todo esto, pidieron que frenen las amenazas, la persecución y el encarcelamiento de quienes luchan en defensa de la tierra y el territorio, de quienes luchan en defensa del agua y los bosques y de quienes luchan en defensa de los derechos humanos de la colectividad.