TOLUCA, Edomex. (apro).- El Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios pidió a la candidata de la coalición “Va por el Estado de México”, Alejandra del Moral, “no solapar a delincuentes”, después de que el diputado federal Gustavo Cárdenas, uno de sus coordinadores regionales de campaña, fuera acusado de negarse a reconocer una hija de 10 años de edad y, con ello, de violar su derecho al debido sustento.

Las mujeres acudieron a la Legislatura mexiquense para promover la aprobación de la denominada “Ley Sabina” que obliga el pago de deudas alimenticias, que la prueba de paternidad que representa entre 10 y 15 mil pesos sea costeada por el padre, y la creación de padrones públicos de deudores alimentarios.

Previo a la presentación y cabildeo de la iniciativa, el Frente organizó un tendedero de denuncias para exhibir a deudores alimentarios del Estado de México, y entre las más de 50 fotografías colocadas destacó la de Cárdenas Monroy.

“El señor le niega el reconocimiento de paternidad a su hija de 10 años, venimos a nombrarlo porque lo vemos muy ocupado en campaña y no tiene tiempo para ver a su hija. Venimos a decirle a la candidata que no solape delincuentes, deudores alimentarios. Este señor aparece en todas las fotos con la candidata y la acompaña en sus recorridos”, manifestaron las activistas.

Por su parte, Nancy Zamora, madre de la menor afectada, expuso que en 2021 inició la demanda correspondiente, pero a la fecha el sistema judicial ni siquiera ha podido notificar al deudor; primero el caso se aplazó por la pandemia y después porque “no han podido localizarlo en su oficina o domicilio”. 

Reconoció que, al principio, el político realizaba algunos aportes para la manutención, pero en la actualidad “lo hace cuándo quiere, cómo quiere”.

Indicó que, en lo que va del año, el legislador ni siquiera ha visto a la niña, a pesar de que incluso la llevaron al Congreso Federal para que pudiera convivir con él.

Para la mujer, resulta penoso verse obligada a llegar al extremo de ventilarlo públicamente para garantizar el derecho de alimentación de su hija, porque el papá “dice que sí, pero no dice cuándo”.

Aclaró que a nivel internacional la legislación ha fijado como base para una pensión alimenticia al menos el equivalente a 30% del salario y hasta 50%, mientras los jueces en el país se caracterizan por establecer entre el 10 y 15% de una base salarial mensual de 3 mil 200 pesos, de manera que “tenemos pensiones de 300 pesos”.

Diana Luz Vázquez Ruiz, promotora de la Ley Sabina en México, explicó que el común denominador de los 8 mil casos que representan en el país, es que los hombres recurran a todo tipo de argumentos, desde la falta de empleo hasta que la madre de sus hijos trabaja, con tal de evadir la obligación; y muchas veces demandan quedarse con los hijos como amago para no pagar la pensión.

“La experiencia de las madres nos dice que los hombres piden el juicio de guarda y custodia, no porque ellos críen, sino porque se los van a dejar a la nueva pareja, a la madre o la tía, lo hacen para revictimizar, por odio, a las mujeres, por no pagar pensión, por intimidar, seguir cohibiendo la exigencia de una demanda de pensión justa”, expuso.

El paquete de reformas en materia civil y penal también contempla que la demandas se examinen máximo en 30 días, pues en la actualidad hay asuntos que llevan más de dos años sin resolución y sin siquiera pensión provisional; y que los padres agresores no estén en posibilidad de demandar la guarda y custodia.