PUEBLA, Pue., 27 de marzo (apro).- Aunque ya había sido absuelto de dos de los delitos por los cuales fue encarcelado en enero de 2020, Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa, un tribunal pretende juzgarlo de nueva cuenta por las mismas acusaciones de ilícitos que no cometió, denunciaron organizaciones cholultecas. 

En un comunicado, Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa, Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala denunciaron que por pretender reactivar el proyecto de construir un colector de desechos industriales que desemboque al río Metlapanapa, afluente del Atoyac, se ha incurrido en una doble criminalización de López Vega. 

“El Tribunal Superior de Justicia en Puebla dictaminó con total arbitrariedad, volver a juzgar a Miguel por los mismos delitos de los que ya fue absuelto, ordenando reponer el procedimiento desde el inicio bajo el ridículo argumento que la víctima CEAS-Pue (Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla) no fue citada a la audiencia inicial”, explican. 

Esto, agregan, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 307 señala que a la audiencia inicial solo es requisito concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor, mientras que la presencia de la víctima u ofendido “no será requisito de validez de la audiencia”.

“Por lo que el recurso de apelación resuelto por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia es completamente ilegal”, subrayan. 

El activista fue encarcelado en enero de 2020, siendo considerado el primer “preso político” de la 4T, pues se le acusó de obstrucción de obra pública, daño a las vías de comunicación y daño a los medios de transporte por medio de una supuesta bomba molotov, luego de que participó en el movimiento de resistencia en contra de la construcción del colector de aguas industriales. 

Aunque el defensor del agua fue liberado una semana después de su detención, desde entonces ha seguido sujeto a proceso y ahora el tribunal ha ordenado que se reponga el juicio por dos delitos de los que ya había sido exonerado.

La obra del colector busca resolver un problema que fue generado por la construcción de un área industrial en Huejotzingo, sin contar con infraestructura para el tratamiento y disposición de aguas residuales por lo que sus desechos peligrosos son depositados en una laguna de absorción que está ya desbordándose. 

Para resolver esto, el gobierno del panista Rafael Moreno Valle propuso construir un drenaje  que descargara al río Metlapanapa, a lo cual se opusieron los pobladores de las localidades de Calpan, Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Almoloya, Texintla, San Diego los Sauces, Momoxpan, Cuautlancingo, Colonia Zavaleta, San Matías Cocoyotla y Coronango pues advierten que entre los contaminantes que arroja la industria instalada en esa zona se encuentran metales pesados como plomo, arsénico, cianuro, zinc, entre otros químicos.

Además, en torno a este proyecto se confirmaron una serie de ilegalidades como el hecho de que el gobierno de Antonio Gali Fayad finiquitó el monto total de la obra cuando no estaba concluida y que el gobierno de Miguel Barbosa autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental posterior a que el colector se suponía ya estaba terminado. 

También, que dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua y la Semarnat no había otorgado permisos para la construcción de esa obra y pretendía llevarse a cabo con la autorización de dependencias locales.

Alfredo Ávila Salazar, quien en tiempos del morenovallismo fue titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEAS)  fue acusado de desviar más de mil millones de pesos que debieron ocuparse en el saneamiento del río Atoyac y sus afluentes, aparte de que, luego que dejó el cargo, se convirtió en representante de las empresas interesadas en el proyecto de drenaje tóxico.

No obstante, estos antecedentes, denunciaron las organizaciones, no hay ningún consignado por estos actos de corrupción y por la contaminación que se ha generado en esa región con los desechos industriales, en cambio, "para el caso de los defensores de la vida se les pretende juzgar dos veces por delitos que no cometieron”.

Los activistas hicieron un llamado a organizaciones sociales a sumarse a una jornada de protestas que harán para evitar la doble criminalización de López Vega y la posible persecución de otros defensores en la defensa del río Metlapanapa.

“…todo parece indicar que la injusticia que reinó con el morenovallismo en Puebla hoy se convierte en una guinda y sin sentido 4T”, subrayaron.

Cabe señalar que los mismos pueblos que participan en la defensa del Metlapanapa, mantienen una lucha contra la operación de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, pues acusan a la firma francesa de haber sobreexplotado sus acuíferos. 

También, este fin de semana, el ex secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, anunció que se mantendrá “resguardado” y sin aparecer en actos públicos por al menos otros tres meses más, debido a que la Fiscalía General de Puebla y el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatep) impugnaron los amparos que había obtenido a su favor. 

El abogado laborista, quien acusó al fallecido gobernador Miguel Barbosa  Huerta de haber emprendido una persecución política en su contra, dijo que desde el auto exilio seguirá trabajando con colectivos laborales y para construir un medio de comunicación e información comunitaria en materia de derechos y en torno a la situación actual de los trabajadores.