PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro) .- Tras lograr la revocación de suspensiones judiciales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reanudó la construcción de una casa de descanso militar a la orilla de la laguna de Bacalar, objeto de controversia por probables daños ambientales. 

Las suspensiones ganadas por grupos ambientalistas fueron otorgadas por juzgadores previo a la elección judicial; pero retiradas en noviembre último por los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, ganadores de los últimos comicios. 

En imágenes fechadas el pasado 5 de febrero, se aprecia el avance de la obra ubicada detrás del Fuerte de San Felipe de Bacalar, obra arquitectónica del siglo XVIII, que se ha puesto en riesgo por las vibraciones emitidas por la nueva construcción. 

Se observa como los trabajadores llevan un gran avance tras detenerse las labores hace casi un año, cuando los grupos ambientalistas ganaron suspensiones de tres amparos.  

De acuerdo con los expedientes judiciales consultados por Proceso, se impugnó la obra porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exentó a la Sedena de presentar estudios de impacto ambiental pues, argumentó, es sólo una remodelación. 

No obstante, en las recientes imágenes se aprecian que son obras nuevas, tal como los ambientalistas advertían. 

La construcción ocurre a la par de una nueva impugnación promovida por las infancias de Bacalar, representados por el Instituto Federal de la Defensoría Pública.  

De acuerdo con el expediente 313/2025 de amparo indirecto, del Juzgado Primero de Distrito de Chetumal, tras el retiro de la suspensión definitiva contra las obras el 4 de noviembre de 2025, la Defensoría Pública promovió un recurso de revisión como medio de impugnación.  

Han pasado más de dos meses de esto y hasta ahora ningún Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo ha admitido el recurso, como establece la Ley de Amparo. 

Proceso documentó, en un reportaje publicado en su número de julio, las implicaciones que ha traído este caso por el daño que ya se causó a la laguna, pues los constructores militares ejecutaron actividades de dragado en la ribera del sistema lagunar, donde se ha puesto en riesgo ecosistemas costeros únicos en el mundo, como los estromatolitos, una de las formas de vida más antiguas del planeta.  

La Sedena buscó justificar contra las suspensiones que se trataba de una obra de interés social y así evitar el freno de los trabajos; sin embargo, el juez federal de Chetumal (del anterior sistema de elección judicial) determinó que, si bien es una obra de gobierno, el uso será para un reducido sector al interior del instituto armado.