CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cientos de organizaciones civiles, activistas y redes civiles de defensa de personas migrantes exigieron la destitución del responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, tras el incendio en una de la estancia provisional en Ciudad Juárez, que cobró la vida de al menos 40 personas y causó lesiones a otras 20 que se encontraban privadas de libertad en esas instalaciones.

Firmado por 210 organizaciones civiles, 11 redes de defensa y 230 activistas, el posicionamiento sostiene que lo ocurrido en Ciudad Juárez es “responsabilidad del gobierno federal”, por ser la consecuencia de “la ausencia de protocolos y una política de Estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo”.

Ante los acontecimientos de la noche del lunes 27, además de la destitución de Garduño Yáñez, los firmantes exigieron al gobierno federal “garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas”, así como acelerar la identificación y entrega digna de restos a las familias de las víctimas; asumir los costos de la repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas e investigar los hechos “identificando a las personas funcionarias públicas responsables del fallecimiento de las personas migrantes, garantizando que no quede en impunidad.

A partir del trabajo cotidiano de defensa de personas migrantes, los firmantes señalaron tener información de que la Estancia Migratoria provisional “estaba con sobrecapacidad”.

Los defensores de derechos humanos acusaron que el gobierno federal ha recurrido a los eufemismos de “alojamiento” o “albergue” para hablar “de la detención y privación arbitraria a la libertad en ‘estancias’ migratorias” a personas en situación de movilidad, en un intento por “minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad del INM sobre el manejo de sus instalaciones y de protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia”.

Tras recordar que las estancias migratorias o provisionales “son centros de detención donde la personas se encuentran privadas de la liberad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados”, los firmantes agregaron que atribuir la tragedia a una protesta o motín de los migrantes que se encontraban en ese espacio, “es especular y revictimizar”, cuando está en marcha un proceso de investigación.

Las organizaciones y defensores de derechos humanos indicaron que desde septiembre de 2022 denunciaron “las condiciones de privación de la libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de la estancia provisional, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación”.

En un informe tras una visita in situ, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que ese espacio donde fallecieron al menos 40 víctimas, “era reducido y sin ventilación”, a lo que se suman testimonios de defensores locales que “han documentado la falta de atención médica y acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo”, en tanto que en 2022 se negó el ingreso a la organización Uno de Siete Migrando, a pesar de contar con permiso para ello.

Al denunciar una persistente campaña de “hostigamiento institucional” contra la población migrante dirigida por autoridades municipales y federales, recordaron que un escenario similar existía en 2020, cuando se incendió la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, “en donde a la fecha, las medias implementadas por el Estado no han generado garantías de no repetición”.

Tras insistir en que los controles migratorios y al privación de la libertad de las personas en condición de movilidad son violatorias a derechos humanos, las organizaciones y activistas también exigieron al INM responsabilizarse de los hechos ocurridos; notificar a los consulados sobre las personas que se encuentran hospitalizadas o fallecidas en calidad de “desconocidas”; garantizar que no volverán a repetirse los hechos; permitir el ingreso de organizaciones de sociedad civil para labores de monitoreo y documentación de la situación de las personas detenidas.

Los firmantes pidieron a la institución evitar la contratación de “personal militar o con antecedentes en Sedena, Marina y Guardia Nacional en Estaciones Migratorias o Estancias Provisionales” y detener la militarización de las fronteras y la participación de la Guardia Nacional en las acciones de control migratorio.

Al Congreso de la Unión y en particular a las comisiones de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado y de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, a solicitar la comparecencia del comisionado del INM para que rinda cuentas sobre este y otros hechos de violaciones a derechos humanos sucedidos en instalaciones de esa institución; en materia legislativa, avanzar hacia la eliminación de la detención por razones migratoria y eliminar los eufemismos como “presentación” y “alojamiento” de la Ley de Migración que “invisibiliza la práctica de la detención migratoria”.

Asimismo, pidieron a los legisladores acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de tránsito internacional, que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM”, y limitar y exigir la regulación en la apertura de las instalaciones de detención migratoria por parte del INM.

En cuanto al gobierno del municipio de Ciudad Juárez, exigieron el cese inmediato de operativos para detener migrantes y que explique el realizado el 27 de marzo; que renuncien las autoridades responsables que llevaron a cabo las detenciones de familias y población adulta migrante; que ponga un alto al discurso de “odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad” y que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, militante de Morena, dé una disculpa pública “por todos los discursos de odio, estigmatización y criminalización a lo largo del año”.

En coincidencia con el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria, las 210 organizaciones, 11 redes de defensores y 230 activistas, consideraron que “las estaciones migratorias son entornos torturantes y su operación atenta contra los derechos, la dignidad y, como se muestra en este caso, también contra la vida de las personas migrantes”, por lo que “la política migratoria en México, mata”.