CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que era “obligación” del Estado mexicano haber protegido la vida y los derechos humanos de los 40 migrantes que murieron calcinados en un “centro de detención” del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En un comunicado de prensa, la Dimensión Episcopal para la Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH), de la CEM, indicó que “cualquier poder u órgano” del “Estado mexicano” tiene la “obligación de garantizar los derechos humanos a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio o bajo su jurisdicción”.

Y señala que “rechaza la política migratoria de contención que criminaliza e impone medidas privativas de libertad a personas en contexto de movilidad humana”, como sucedió con esos migrantes en Ciudad Juárez que se encontraban cautivos.

Y al presidente Andrés Manuel López Obrador le dice:

“No compartimos la idea de que el Presidente de la República llame ´albergues´ a los centros de detención migratoria, pedimos que se abstenga de utilizar un lenguaje que distorsiona la realidad”.

Indica que, apenas la semana, la DEPMH le pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) implementar “medidas cautelares” con el fin de evitar “violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de migración en Ciudad Juárez, a razón de la situación grave y de riesgo probable en que se encuentran. Sin embargo, la CNDH fue omisa en su otorgamiento”.

También lamenta que “a nivel legislativo se planteen modificaciones para conceder facultades al Instituto Nacional de Migración para realizar revisiones migratorias dentro del territorio mexicano”, ya que estas revisiones son las que provocan un “mayor número de detenciones de personas migrantes para posteriormente ser privadas de su libertad en estaciones migratorias”.  

Ante esta situación, el episcopado le pide al Estado mexicano que implemente políticas públicas “con enfoque de derechos humanos que permitan establecer alternativas a la detención migratoria y garantice la vida, la libertad y la integridad de las personas migrantes”.

En concreto, le pide al Congreso de la Unión que “legisle urgentemente sobre alternativas a la detención”; al Instituto Nacional de Migración le pide no “criminalizar a las personas migrantes”; mientras que a la CNDH le exige “realizar una investigación” de esta tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, “aplicando el estándar de debida diligencia”.

Y, por último, adelanta que el episcopado le solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice “una visita in loco en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración”.