MORELIA, Mich. (apro).- Por no haber presentado a tiempo su declaración de bienes al final de su mandato, que concluyó el 30 de septiembre de 2021, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo fue inhabilitado por la Secretaría de Contraloría del gobierno estatal para ocupar cargos públicos o de representación popular durante un periodo de 11 meses.

Aunque contaba con un periodo legal de 40 días posteriores a la finalización de su sexenio para cumplir con esa responsabilidad, el extitular del Poder Ejecutivo estatal lo hizo el 29 de octubre de 2022, casi un año después del vencimiento del plazo.

En esa declaración, Aureoles aseguró que no era dueño de ninguna propiedad o vehículo automotor, además de que dijo no trabajar para ninguna empresa ni contar con cuentas de ahorro o inversiones y sólo aceptó tener contratado un crédito hipotecario de tres millones de pesos.

No obstante, después en una declaración periodística realizada luego del cateo de un rancho que se presumía que era de su propiedad, Silvano Aureoles aceptó públicamente que es propietario de una casa en Morelia y otra en el municipio de Zitácuaro.

De acuerdo con la resolución emitida por la Secretaría de Contraloría, que aplicó la Ley de Responsabilidades Administrativas, el exmandatario no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, ni podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Aureoles Conejo, quien ha expresado públicamente sus aspiraciones por contender por la Presidencia de la República en la elección de 2024, fue cuestionado por el gobierno de su sucesor, Alfredo Ramírez Bedolla, por presuntas irregularidades que se habrían cometido durante su administración.

Tras el final de su sexenio, fueron presentadas al menos seis demandas contra el exmandatario y/o integrantes de su gobierno por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, asociación delictuosa, tráfico de influencias, peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las querellas fueron presentadas ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Otras denuncias fueron presentadas también ante instancias federales por parte del Congreso del Estado. Hasta la fecha se desconocen los resultados de las investigaciones.