Ciudad de México (apro).-- Por lo menos cuatro ministros se pronunciaron a favor de que civiles puedan ser llamados a comparecer en calidad de testigos o peritos en juicios militares.

Sin embargo, el ministro ponente Luis María Aguilar Morales, quien propuso invalidar esta posibilidad, retiró su propuesta para retomar algunos aspectos de la interpretación del fuero militar y pidió suspender la discusión del asunto para volver a presentar su proyecto el 27 de marzo próximo.

“De eso se trata estas discusiones en el Tribunal Pleno, de ir construyendo entre todos una decisión que pueda alcanzar la mayoría suficiente para establecer un criterio de este Tribunal Constitucional que sea inductor de la condición normativa y de la conducción fáctica de cada una de las autoridades de este país”, señaló.

Los ministros Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz, Juan Luis González Alcántara Carrancá y la ministra presidenta, Norma Piña, señalaron que excluir a los civiles como testigos o peritos en los juicios militares puede tener consecuencias adversas para la impartición de justicia.

“Creo que un tribunal válidamente puede citar a un testigo, pero si el testigo voluntariamente no comparece y se tiene que obligar a que lo haga, me parece que aquí sí se requerirá el exhorto y el auxilio de las autoridades civiles, lo que, además, también prevé justamente la normatividad que estamos analizando”, explicó Zaldívar.

Todos coincidieron en que ni la Constitución ni la Corte o la doctrina interamericana han vetado la posibilidad de que los civiles participen en actos procesales o diligencias de investigación en relación con personas que no forman parte de las Fuerzas Armadas.

“Estos actos de molestia no implican la violación al derecho al juez natural, por la simple razón de que los terceros mencionados, no están ni siendo juzgados, ni como víctimas, ni como imputados y la afectación a sus derechos deriva de esos actos de molestia, pero la misma puede ser controlada”, detalló la ministra presidenta, Piña Hernández.

Aguilar Morales necesitaba ocho votos para que su propuesta fuera avalada y los artículos reformados del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, que establecieron un nuevo sistema de justicia penal militar similar al sistema penal acusatorio, fueran declarados inconstitucionales.

Aguilar señaló que, en interpretación del artículo 13 constitucional, no es válida la participación de civiles en juicios militares “con independencia de la calidad con la que cuenta en el proceso o la razón por la que a juicio de la autoridad militar el particular tenga relación con los hechos que originaron dicho proceso penal”.