CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un activista de derechos humanos en la peligrosa ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el norte de México, afirmó el miércoles que sospecha de que el Ejército mexicano y el gobierno estén detrás de las denuncias que lo vinculan con un cártel de la droga, lo que podría poner su vida en riesgo.

Durante la última década, el activista Raymundo Ramos ha investigado varios asesinatos y desapariciones perpetradas por militares en Nuevo Laredo. El domingo, Ramos denunció el asesinato de cinco jóvenes por disparos de militares contra una camioneta, lo que finalmente fue confirmado por el Ejército. Fue la primera persona en denunciar públicamente las muertes.

El tema es delicado en un país donde decenas de activistas han sido asesinados en los últimos años. En muchas partes de México, ser identificado como colaborador del cártel de la droga puede ser una sentencia de muerte.

“En México hay una guerra de cárteles, entonces cualquier cártel pudiera atentar en contra mía o de mis familiares”, reprochó Ramos. El martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México le pidió que guardara silencio sobre el caso de Nuevo Laredo “a fin de evitar la generación de desinformación”.

La oficina de la ONU en México pidió el miércoles una “investigación diligente, pronta e imparcial” sobre los muertos y el herido “consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, así como que se proteja a los testigos y a los defensores de los derechos humanos y periodistas que han estado documentando lo ocurrido en un contexto de adversidad.

El Ejército reconoció el martes en un comunicado que los militares implicados en el evento abrieron fuego contra la camioneta en la que viajaban los jóvenes pero argumentaron que eso ocurrió después de escuchar “un estruendo” y ver que el vehículo se alejaba a toda velocidad poco antes del amanecer del domingo.

El suceso provocó airadas confrontaciones entre soldados y residentes de Nuevo Laredo y el Ejército anunció que el incidente estaba bajo investigación.

El tema escaló a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando Carlos Domínguez, que dirige un sitio web llamado Nación 14, fue seleccionado para hacer una pregunta y afirmó que Ramos trabajaba para un cártel de la droga.

El activista ha negado las acusaciones. “Claro, es una respuesta de Sedena. Está usando la mañanera para desprestigiarme y para descalificar la denuncia de las víctimas”, dijo Ramos.

Domínguez reprodujo parte de una grabación de una supuesta llamada telefónica entre Ramos y un presunto narcotraficante.

Ramos desmintió que haya trabajado para el Cártel del Noreste, que domina Nuevo Laredo, y las investigaciones han demostrado que el teléfono de Ramos fue hackeado con el programa espía israelí Pegasus en 2020.