CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un juez federal ratificó la prisión preventiva al exgobernador de Puebla, Mario Marín, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, acusado por el delito de tortura en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la decisión del juez, tomada en una audiencia de revisión de medidas cautelares que se llevó a cabo a petición de Marín.

El exgobernador poblano pedía que se le impusieras nuevas medidas cautelares, residir en un lugar determinado y acudir al juzgado de manera periódica para garantizar su presentación al proceso penal.

Sin embargo, el juez determinó que las pruebas presentadas por los Ministerios Públicos de la Federación, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Quintana Roo y de la FEADLE, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), corroboran que Marín representa un riesgo para la víctima y testigos y existe un riesgo fundado de fuga.

Además, consideró que los retrasos en el proceso penal se deben a actos procesales de la defensa de Marín.
El exgobernador poblano es procesado por la acusación realizada por la FEADLE por su presunta responsabilidad en usar las instituciones públicas de Puebla que se encontraban bajo su mando para llevar a cabo actos de tortura en contra Lydia Cacho como castigo a su libertad de expresión.

Mario Marín fue arrestado el 3 de febrero de 2021 en la casa de su hermana en Acapulco, Guerrero, por elementos de la FGR. 
Desde diciembre de 2020, autoridades judiciales volvieron a liberar órdenes de aprehensión en contra de Marín, del empresario José Kamel Nacif y del exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, involucrados también en el caso.

Tanto Nacif, como Marín y Karam son acusados de detener arbitrariamente y torturar a Lydia Cacho en diciembre de 2005.
En ese año Cacho publicó el libro “Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil”, en el que puso al descubierto la protección que Mario Marín recibía de políticos y empresarios, como Jean Succar Kuri.

Meses después de la publicación del libro, el 16 de diciembre, la periodista fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por elementos de la Policía Judicial de Puebla, acusada de los delitos de difamación y calumnia. 

Ella denunció en su momento que durante su detención y traslado de Cancún a una cárcel de Puebla fue víctima de tortura por parte de las autoridades.