CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Puebla Mario Marín presentó un juicio de amparo ante un juzgado federal para impugnar el auto de formal prisión que se le dictó el 10 de febrero pasado por el delito de tortura, recurso legal que le fue admitido sin que eso afecte el proceso penal que se le sigue.

A pesar de que la jueza Tercero de Distrito del Estado de Quintana Roo le concedió la suspensión definitiva en el expediente 205/2021, Marín no podrá salir libre y seguirá su proceso en prisión preventiva, ya que se le acusa de un delito grave que no permite la libertad bajo caución.

De acuerdo con la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, que representa a la periodista Lydia Cacho ante el Estado mexicano, la suspensión sólo tiene el efecto de poner a disposición de la jueza de amparo la libertad personal del exgobernador priista.

Sin embargo, la resolución también aclara que dicha disposición no impide que el juez Segundo de Distrito de Quintana Roo, encargado del proceso penal, continúe con las diligencias del caso.

Pese a que la resolución abre la posibilidad de que Marín recupere su libertad en caso de que se revoque el auto de formal prisión, los abogados de Cacho Ribeiro también aclararon que, por tratarse de un delito considerado grave en el sistema penal vigente al momento de los hechos, mientras se resuelve el juicio de amparo el imputado seguirá en la cárcel.

En este marco, Artículo 19 solicitó al Poder Judicial de la Federación que se conduzca con “plena imparcialidad e independencia en la resolución de este amparo”.

Mario Marín fue detenido el 3 de febrero en Acapulco, Guerrero, luego de que a finales de 2020 se libraran órdenes de aprehensión contra el exmandatario poblano, el empresario Kamel Nacif y el exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

Los tres personajes fueron señalados de urdir la detención y traslado de Lydia Cacho de Cancún, Quintana Roo, a Puebla, trayecto en que la periodista fue torturada, entre el 16 y el 17 de diciembre de 2005, para ser encarcelada y liberada bajo fianza.

Cacho fue acusada de difamación por Kamel Nacif, por haber sido mencionado en el libro “Los Demonios del Edén”, publicado en 2005. En enero de 2006 la escritora fue exonerada, y un mes después se difundieron las grabaciones de llamadas telefónicas entre Marín y Nacif donde presumían la detención y agravios a la periodista.

A finales de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que puso en evidencia la tortura a la que fue sometida Cacho, e instruyó al Estado mexicano a emitir una disculpa pública y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de los abusos cometidos en diciembre de 2005.