CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El atraso en la reconstrucción de cientos de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México obedece a que muchos damnificados no tenían consenso, a múltiples factores técnicos de los inmuebles, al incumplimiento de algunas empresas y al efecto de la pandemia por Covid-19 en las finanzas y el alza del acero, informó la Comisión para la Reconstrucción. 

En su edición 2416 que circula esta semana, Proceso publicó el texto “Damnificados del 19S: cinco años en espera de un hogar”, en el que se asegura que “Claudia Sheinbaum no ha cumplido su promesa de campaña de reconstruir los edificios dañados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 o reubicar a las familias afectadas en viviendas dignas. La última noticia es que el Invi, y no la Comisión para la Reconstrucción, se hará cargo de terminar las obras pendientes, algunas de ellas con escaso avance y con la gente cansada de esperar, de mal subsistir con un apoyo insuficiente y muchos obstáculos burocráticos para que se edifiquen sus nuevas moradas”.

En una tarjeta informativa que la Comisión para la Reconstrucción envió a la reportera luego del cierre de edición y en respuesta a una solicitud de entrevista con la comisionada Jabnely Maldonado, explicó que el proceso que antecede al inicio de las obras de los inmuebles pendientes “es complejo, pues confluyen factores de carácter técnico, social, financiero, jurídico y administrativo”.

El primer reto, aseguró, es “social, ya que el programa se desarrolla de la mano y en consenso con las familias”. Detalló que hay casos en los que la demora de atención e inicio de los trabajos de reconstrucción se debe a que los damnificados no lograban el consenso necesario para deshabitar los edificios, permitir la demolición, la realización de los estudios necesarios o la aprobación de un proyecto; incluso, algunos emprendieron acciones legales que dilatan más los procesos. 

Otro factor de demora, según la Comisión, es el técnico “que implica mayor tiempo, con el objetivo último de garantizar la seguridad para las familias beneficiarias del programa”. 

Y puso ejemplos: “Estudios para conocer el suelo en el que se hará la nueva edificación o las condiciones puntuales de seguridad en la que se encuentran las actuales; la elaboración de los cálculos matemáticos que garanticen un comportamiento adecuado de los inmuebles frente a sismos de la magnitud de los pasados o, incluso, superiores; la revisión y validación de dichos proyectos por todos los técnicos responsables: Director Responsable de Obra, Corresponsable en Seguridad Estructural, Corresponsable en Instalaciones, Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico; y, finalmente, la revisión y registro ante las instancias gubernamentales que garantizan el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de construcción”.

La Comisión aseguró que a esos dos factores se suma “el hecho de que ha habido diversas empresas proyectistas que han incumplido con los plazos de entrega de sus compromisos contractuales”.

Además, dijo, la pandemia por Covid-19 afectó el proceso: “el imponderable factor de la pandemia impactó en la viabilidad financiera de proyectos desarrollados previamente, que como consecuencia del alza del acero y otros materiales de construcción, tuvieron que reencauzarse para volverlos factibles en el marco del programa de reconstrucción”.

El organismo dirigido por Maldonado agregó que, pese a esos factores, la Comisión “ha apoyado económica y técnicamente a las familias damnificadas para que hagan valer su derecho a la reconstrucción y cuenten con la posibilidad de recuperar su patrimonio con recursos públicos”.

Por último, añadió que “se ha determinado oportuno sumar al Instituto de Vivienda para reforzar las tareas del cierre del programa de reconstrucción y que ello permita agilizar los tiempos para que las familias damnificadas regresen a sus hogares a la mayor brevedad posible”.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán

En el reportaje de Proceso se mencionaron algunos ejemplos de inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán que apenas tienen un 9.5% de avance o que aun tiene el cascajo del edificio que se derrumbó aquel 19 de septiembre y que sepultó a 10 personas, entre ellas, varias de la tercera edad. 

Al respecto, la Comisión informó que en el padrón de atención de inmuebles afectados en esas demarcaciones es de 279, mientras que a la fecha en 201, -equivalente a 72%- “ya concluyeron las obras y fueron entregados en condiciones de seguridad a las personas afectadas o se encuentran actualmente en obra, apoyando con ello más de 5 mil  familias”.

Agregó que 27% de dichos inmuebles está “en la etapa previa al inicio de la obra, ya sea de reconstrucción, es decir, aquellos edificios que tuvieron que ser demolidos y edificados nuevamente o bien, reforzados en su estructura”.