Ciudad de México (Apro).-- Colectivos de familiares de personas desparecidas de Centroamérica y de buena parte del país denunciaron ante el Comité de Desaparición Forzada (CED) y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la Naciones Unidas que la reforma constitucional que pretende reconocer el derecho de toda persona a ser buscada es regresiva al desvincular la búsqueda de la investigación ministerial de la desaparición de personas, que suman ya 111 mil 561 víctimas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

En una carta dirigida a los organismos de la ONU, cuarenta colectivos de El Salvador, Honduras, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Colima, Puebla y redes nacionales de familiares de víctimas, así como 55 familiares de personas desaparecidas y una docena de activistas que las acompañan, reprocharon “se violó el derecho de consulta y participación de las familias en la construcción de esta iniciativa”, que fue dictaminada y aprobada el 25 de enero pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Al recordar que la iniciativa fue presentada el 7 de abril de 2022 por la diputada de Morena Erika Vanessa del Castillo Ibarra, los firmantes de la misiva resaltaron que la desvinculación de la búsqueda de personas de la investigación, es “un hecho regresivo para las familias de personas desaparecidas en nuestra lucha frente a la inoperancia de las fiscalías”.

Puntualizaron que la exclusión de las familias de las víctimas en la discusión legislativa, fue el motivo por el que los días 3 y 14 de febrero pasados protestaron “por no ser un proceso participativo y por el retroceso que la reforma implica”.

Contaron que, en reunión con los colectivos los días 15 y 16 de febrero, la diputada morenista se negó a “retirar la propuesta y abrirla a un amplio proceso de diálogo con las familias”, mensaje que fue atestiguado por Bárbara Pacheco, en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

En esas fechas, los colectivos entregaron al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, una solicitud formal “para que retire la propuesta de reforma”.

Los colectivos de familiares, se quejaron de que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) también los ha excluido de la discusión para crear instrumentos legales, al emitir una convocatoria el 3 de febrero pasado con el propósito de “recabar comentarios sobre el Reglamento de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda”.

Para los firmantes, una  vez más se violó su “derecho a la consulta y participación en políticas que nos afecta, ya que la CNB no llevó a cabo un proceso participativo para las familias de personas desaparecidas, toda vez que este se basa en una ‘consulta’ en línea, lo cual de por sí ya limita la participación dado que no todas las familias tienen acceso a internet ni a dicha plataforma y no se muestran los criterios y la metodología del proceso de ‘consulta’, aunado a los retorceos que presentan la propuesta planteada por la CNB”.

Los colectivos, familiares de personas desaparecidas y activistas que los acompañan, solicitaron al CED y al GTDFI intervenir para detener el procedimiento legislativo para la reforma constitucional así como el iniciado por la CNB, y llamar al Estado mexicano a que “se diseñe un proceso en conjunto con las familias de personas desaparecidas, que incluya también a las familias de personas migrantes, con la intención de que los cambios legales no sólo correspondan con la realidad, sino que sean cambios que impacten positivamente en la localización de nuestros familiares desaparecidos”.