Una filtración de documentos internos de la empresa Eliminalia revela que políticos, empresarios, contratistas de Pemex y criminales le pagaron decenas de miles de dólares para desaparecer noticias publicadas en Internet que dañan su imagen; para hacerlo, la compañía recurre a prácticas poco éticas e ilegales como el uso de fake news, granjas de bots, amenazas y presiones a medios y proveedores de servicios.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Políticos de primer nivel, empresarios influyentes, contratistas de Pemex, integrantes de grupos criminales, prestanombres de gobernadores corruptos y estafadores han pagado desde cientos hasta decenas de miles de dólares a la empresa española Eliminalia para desaparecer notas en Internet que dañan su imagen.

“We erase your past” o “borramos tu pasado”. Para cumplir con su eslogan pegajoso, Eliminalia ataca los contenidos que molestan a sus clientes con una batería de armas digitales, que incluyen presiones contra proveedores de servicios, el uso de fake news, sitios apócrifos y granjas de bots, todo protegido por estrictas cláusulas de confidencialidad.

El líder sindical y exsenador de Morena, Pedro Haces Barba, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el titular del DIF en el sexenio de Enrique Peña Nieto y oficial mayor de la Procuraduría General de la República (PGR) en la gestión de Marisela Morales Ibáñez, Antonio de Jesús Naime Libien, así como una empresa involucrada en los sobornos de Odebrecht aparecen en los cerca de 50 mil documentos internos de Eliminalia consultados por Proceso y otros 29 medios internacionales en el marco de la investigación internacional Story Killers, coordinada por Forbidden Stories.

La base de datos incluye cerca de 28 mil vínculos que dirigen hacia publicaciones que la empresa trató de desaparecer para sus clientes.

Los clientes de Eliminalia México

Entre los más de dos mil clientes de Eliminalia en el mundo, –varios de ellos vinculados con organizaciones criminales o condenados por delitos graves– aparecen más de 100 personas y empresas de México, que en conjunto pagaron al menos 857 mil 752 euros para borrar notas incómodas, o al menos manipular los algoritmos de buscadores de internet para esconderlas.

Los clientes mexicanos de Eliminalia incluyen contratistas de los exgobernadores Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz, y Francisco Javier Cabeza de Vaca, en Tamaulipas, así como personajes polémicos como el joven empresario Joaquín Leal Jiménez, vinculado con esquemas de tráfico de petróleo con Venezuela y sancionado en 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, o Maclovio Esteban Yáñez Mondragón, otrora ejecutivo de Pemex y ahora contratista de la petrolera con su empresa Sepec Oilfield Services.

Además de los personajes públicos, aparecen varios estafadores como José Luis Zubiate Nava, cuya empresa Grupo Marzuz ha sido señalada en múltiples espacios por presuntos fraudes a sus clientes, o el defraudador Juan Miguel Aguirre Rodríguez, detenido en Argentina en 2014, así como una vasta gama de empresarios que buscaron la eliminación de notas sobre evasión de impuestos, daños ecológicos o clausuras administrativas.

También figuran presuntos delincuentes como Ángel Rodolfo Sarmiento Ahumada, detenido en 2015 por la extinta PGR, que lo acusó de ser un operador financiero de los Beltrán Leyva, o Francisco Javier Morlet Pérez, un hombre capturado en 2009 junto con dos empleados de Pemex, acusado de trabajar para Los Zetas.

Banqueros del PRI, narcotraficantes y proxenetas

Más allá de México, Eliminalia ha tenido clientes de dudosa reputación, como Higini Cierco y Ramón Cierco, los exdueños de la polémica Banca Privada d’Andorra (BPA), que delincuentes y políticos del PRI, incluyendo personajes del primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto, utilizaron para esconder cientos de millones de dólares.

También están el narcotraficante español José Mestre Fernández, el blanqueador de dinero ruso Malchas Tetruashvili o el proxeneta Antonio Herrero Lázaro.

Es una “forma sofisticada de censura”: Artículo 19

Los archivos internos de Eliminalia muestran cómo la empresa ha hecho un negocio lucrativo del mal llamado “derecho al olvido”, un concepto en apariencia legítimo que “se ha ido tergiversando y se ha ido instrumentalizando de tal manera que personajes de la vida pública, tanto empresarios como políticos posiblemente involucrados en actos de corrupción, de violaciones a derechos humanos o en delitos de alto impacto, han aprovechado herramientas a través de despachos para borrar información y tratar de lavar su reputación”, sostiene Leopoldo Maldonado, director general de Artículo 19 en México.

“Es una forma sofisticada de censura; sofisticada y costosa, que se está vendiendo a lo largo y ancho del mundo”, agrega.

Compañías como Eliminalia han utilizado las fallas en la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de Estados Unidos (DMCA) o sus equivalentes de otros países, aprobadas a finales de los años 90 para luchar contra las plataformas de intercambio de contenidos pirateados.

Su estrategia resulta relativamente sencilla: copian la nota que quieren borrar, la reproducen en otro sitio de Internet y le ponen una fecha anterior a la original. Posteriormente se comunican con el proveedor de servicios y denuncian que la nota original es un plagio y que infringe los derechos de autor, por lo que piden su remoción.

“Aprovechan que los servicios de hosting de buena parte de las páginas de Internet en México, entre ellas los medios digitales, están en Estados Unidos, y utilizan estos artilugios para remover contenido de interés público generando un efecto sensor brutal; la información desaparece del ecosistema digital y resulta prácticamente imposible combatirlo, porque implica litigar en Estados Unidos y esto es muy costoso”, dice Maldonado.

Al descubierto, los métodos de Eliminalia

Para obligar a los medios o sitios a retirar notas, Eliminalia cuenta con una caja de herramientas cuyo costo varía según su complejidad. Los miles de documentos obtenidos en el marco de esta investigación permiten observar su modus operandi.

La más sencilla consiste en comunicarse con los medios para pedirles que eliminen la nota, a veces con un amago de presentar una demanda. En varias ocasiones, Eliminalia se ha comunicado con Proceso para pedir que retire notas periodísticas, apelando entre otros a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de México.

Entre los casos que Eliminalia trató de gestionar con Proceso en nombre de sus clientes destacaban el de Eduardo Fernández García, el extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuyo ahijado, Mauricio Sánchez Carmona, hizo las gestiones con la empresa Eliminalia para quitar notas sobre su detención en 2003, en el marco de la persecución que lanzó el gobierno de Vicente Fox en su contra, pues lo acusaba de entregar al PRI información sobre las cuentas bancarias de la organización Amigos de Fox.

“Los servicios se contrataron para eliminar información que aparecía de carácter negativo y falsa; la información eliminada era falsa o tendenciosa para afectarlo negativamente. Las noticias al momento de ser eliminadas tenían 10 años o más de antigüedad y ya habían sido probadas falsas, de lo cual se le envió evidencia a Eliminalia”, justificó Sánchez en respuesta a un cuestionario de Proceso.

Este semanario también recibió mensajes de Eliminalia para quitar contenidos sobre el notario público Miguel Ángel Colorado Cessa, cercano al exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán y hermano de Francisco Colorado Cessa, empresario condenado en Estados Unidos por lavar dinero de Los Zetas en Veracruz, y sobre las hermanas Diana María y Silvia Romina Sánchez Carlón, identificadas por el gobierno de Estados Unidos como integrantes de redes de lavado de dinero de Los Cuinis, una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este semanario siempre se ha negado a atender las peticiones de Eliminalia, que dio entonces un paso más adelante y puso en marcha su otra estrategia, que consistió en solicitar a los proveedores de servidores que eliminen los contenidos alegando supuestas infracciones a la ya mencionada DMCA.

En el caso de Colorado Cessa, Eliminalia llenó un formulario de DMCA con Google para indicarle que una nota de Proceso sobre “Pancho” Colorado era un plagio de una nota publicada anteriormente en un sitio llamado “noticias-politica.com” por un tal Roberto Enríquez. “El contenido es obra propia. Ha sido copiado sin nuestra autorización”, aseveró la empresa en el formulario para pedir su remoción. El sitio ya no está en línea.

Ese fue también el caso del medio campechano Página 66, al que el proveedor de servicios Digital Ocean obligó a borrar una investigación realizada por el periodista Daniel Sánchez Barrientos, titulada “Malos antecedentes de la empresa que contrató ‘Alito’ para videovigilancia”. En él, el periodista evidenciaba irregularidades en el otorgamiento de contratos a la empresa Altavista, propiedad de Ricardo Alberto Orrantia Cantú.

A pesar de contar con el apoyo de la organización Artículo 19, Página 66 tuvo que retirar la nota en enero 2020, después de un acoso de un año y medio que culminó con la decisión de Digital Ocean de suspender el sitio hasta que se quitara la nota.

Los documentos internos de Eliminalia muestran que Orrantia Cantú se puso en contacto con Eliminalia a través de un intermediario, Humberto Herrera Rincón Gallardo, para desaparecer la nota. Y no solamente la de Página 66: también quería eliminar una nota de Milenio, otra en Oro Negro, una columna en El Economista y otra en El Financiero, así como una lista de notificaciones judiciales de su esposa en las plataformas BuhoLegal y poderjudicialvirtual. Todo ello, por más de 12 mil euros.

La estrategia, idéntica a la que Eliminalia empleó contra Proceso y cientos de otros sitios, tuvo éxito con Página 66: Gallardo llenó un formulario para reclamar que la investigación era un plagio de un texto publicado anteriormente por él mismo, en un sitio apócrifo llamado “informaciondura.com”.

Humberto Herrera Rincón Gallardo también hizo gestiones con Eliminalia para ayudar al despacho de abogados Ruiz Durán, S.C., y a su socio fundador, Diego Ruiz Durán, para eliminar notas que los vinculan con Humberto Castillejos Cervantes, el consejero jurídico de Peña Nieto acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de encabezar una red de extorsión durante el sexenio pasado.

A pesar de que su nombre aparece asociado con varios clientes de Eliminalia, Herrera niega haber trabajado con la empresa española y sostiene que “cualquier señalamiento contrario es categóricamente falso”.

Consultado en el marco de esta investigación, el empresario asevera que la gestión de Eliminalia contra Página 66 en su nombre “fue completamente indebida y sin mi conocimiento ni consentimiento”, y exhibe un correo electrónico de Eliminalia que plantea que él “no tiene relación alguna con esta oficina”.

Burlan a Google

Otras veces, Eliminalia burla el algoritmo de Google mediante blacklinking, un método que consiste en inundar foros con mensajes que contienen vínculos hacia sitios apócrifos. A través de granjas de bots, la empresa genera un flujo de visitas a estos sitios para hacer creer a Google que están muy consultados, por lo que los coloca hacia arriba en su motor de búsqueda.

En el caso de Francisco Javier Lazo Rodríguez, amigo y contratista del exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la empresa creó un falso sitio llamado “hora-en-ecuador.com”. En él aparece una nota donde un tal Francisco Javier Lazo Rodríguez habla de fruta fresca. Si uno busca el nombre del contratista en el buscador de Google, aparecen varias notas de sitios falsos sembradas para desaparecer otros contenidos que lo vinculan con el crimen organizado en Tamaulipas, especialmente sus negocios con el yerno del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, capo del Cártel del Golfo.

La práctica de crear sitios falsos, aunque onerosa, ha sido relativamente común en Eliminalia: la organización sueca Qurium ha identificado 622 portales apócrifos que la empresa española utilizó para limpiar reputaciones, en los cuales colocó por lo menos tres mil 350 falsos artículos, relativos a 48 personas y empresas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Italia, Israel, México, Sudáfrica, España, Suiza, el Reino Unido y Venezuela.

Alianza extraña

Eliminalia nació de una sociedad extraña entre el joven empresario barcelonés Diego Giménez Sánchez –quien cambió su nombre a Didac Sánchez Giménez– y José María Hill Prados, un pedocriminal que abusó sexualmente de él en el 2005, cuando Giménez tenían 12 años y se encontraba en un orfanato.

Hill Prados, quien cambió su nombre a Diego, fue condenado a ocho años de cárcel; cuando salió, se asoció con su víctima para crear empresas dedicadas, entre otros, a limpiar imágenes y reputaciones en Internet. Entre ellas, las empresas Eliminalia y Jurisdalia.

Eliminalia, que reportó cerca de 2 millones de euros de ingresos en 2020, forma parte de un tinglado de compañías de reputación digital, encabezadas por una sociedad holding registrada en Miami, llamada Maidan Group; entre ellas figuran World Reputation, World Intelligence, World Delete, Legalia, Reputation Up o Communication Media Group Limited.

Sánchez e Hill encabezan una red de más de 90 empresas en nueve jurisdicciones, especializadas en la venta de vientres subrogados y en la tercerización de gestación. Una de ellas, Subrogalia, fue condenada en 2017 a entregar una indemnización de 88 mil euros a clientes que habían pagado para que mujeres gestantes en México portaran sus embriones, en lo que resultó una estafa; se encuentra bajo investigación por tráfico de menores de edad.

En México, la oficina de Eliminalia despacha desde un departamento del condominio residencial ubicado en la colonia Interlomas del municipio mexiquense de Huixquilucan. Su jefa de ventas es Alejandra Ornelas Dade, una agente de relaciones públicas que fue también clienta de Eliminalia. Proceso y OCCRP acudieron al edificio, pero el guardia no les permitió ingresar a la torre de departamentos.

En febrero de 2022, el medio Rest of the World ya había revelado que la empresa Construcciones Industriales Tapia (Citapia) había utilizado Eliminalia para desaparecer un reportaje que la exhibía como dueña de un terreno al que llegaba un ducto de combustible robado a Pemex. La empresa, envuelta en el escándalo de corrupción de Odebrecht, buscó a Eliminalia para retirar notas que la vinculaban con robo de combustible y el caso Odebrecht.

A pesar de su pasado turbio, la Secretaría de Energía, dirigida por Rocío Nahle, entregó contratos a Constructora Tapia para participar en la construcción de la Refinería de Dos Bocas.

Y no fue la única clienta de Eliminalia que se volvió contratista de la llamada Cuarta Transformación tras su limpieza de imagen. Grupo Altavista, que contrató a la empresa para acosar a Página 66, recibió contratos de Pemex; lo mismo hizo Seguritech, del empresario Ariel Picker Schatz, para quien Eliminalia trató de eliminar notas sobre licitaciones en el sexenio de Peña Nieto.

El mejor cliente de Eliminalia en México

Un cliente mexicano destaca particularmente en los archivos de Eliminalia, no solo por su nombre sino por el monto que gastó para limpiar su imagen en Internet: se trata de Pedro Haces Barba, el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que disputa a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el reparto de contratos colectivos, y cofundador del partido político Fuerza Por México.

Militante del PRI hasta 2018 y cercano al senador Ricardo Monreal Ávila, Haces entró en el movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la mano del expresidente del PAN, German Martínez Cázares, pues fue su suplente en el Senado. Asumió el cargo de senador de Morena cuando López Obrador nombró a Martínez al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Haces tiene antecedentes que ha pretendido borrar con Eliminalia. De acuerdo con los documentos internos de la empresa, el líder sindical ha gastado al menos 110 mil euros, es decir, más de 2 millones de pesos, para que Eliminalia retire notas periodísticas que reportaban expresiones misóginas –cuando declaró que las mujeres “deberían vestir menos provocativas” porque después “no se aguantan”–, y para borrar trabajos periodísticos sobre polémicos contratos que celebró con los gobiernos priistas de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz, o de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo.

Para cumplir con los deseos de su cliente, Eliminalia desplegó toda la batería de métodos que tiene a su alcance para limpiar la imagen de Haces; trató incluso de retirar –sin éxito– una serie de notas del sitio de Internet Aristegui Noticias escribiendo directamente a la plataforma de alojamiento Cloudfare, desde una cuenta de correo electrónico llamada abuse@legal-abuse.eu.

En su trámite, la empresa alegó una presunta violación a las leyes mexicanas y le planteó: “No es nuestra intención eliminar por completo el sitio de Internet, estaremos satisfechos con la remoción completa o la modificación del nombre de nuestro representado”. “De manera alternativa, aceptaremos que desindexe la URL de los motores de búsqueda, conservando el artículo, o simplemente remover el artículo mencionado”, agregó.

Eliminalia ha utilizado este mismo correo como fachada para tratar de eliminar decenas de notas en varios países mediante la misma estrategia de presión hacia las plataformas de alojamiento de sitios de Internet.

Lo hizo, por ejemplo, para los empresarios de casinos Marco Antonio Ayala Anzaldúa, Antonio Ochoa Garza y Valdemar Ibarra Cavazos, dueños de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, quienes contrataron a Eliminalia para borrar o desindexar notas sobre casinos ilegales, y para retirar notas sobre el asesinato del abogado Eliseo Martínez Elizondo –también vinculado con la empresa–, que ocurrió en abril de 2013.

La empresa española utilizó una cuenta similar –attention@legal-abuse.eu– para tratar de borrar un contenido del semanario sinaloense Ríodoce en el cual se mencionaba al empresario Juan José Arellano Hernández, director de Grupo Ahre. En 2017, el empresario y su hermano, Erick Ernesto Arellano Hernández, contrataron a la empresa para borrar decenas de notas de diversos medios sobre ellos y Grupo Ahre, algunas de ellas derivadas de un reportaje del semanario Riodoce, titulada “La ‘reputación’ del empresario”.

Y ése no sería el único ataque del empresario contra el semanario de referencia en Sinaloa: en 2021, Quinto Elemento Lab y Ríodoce publicaron un reportaje donde revelaban detalles de una investigación de la UIF contra los hermanos Arellano Hernández y Grupo Ahre. Éstos, en reacción, demandaron a los medios por daño moral, hasta que en septiembre pasado terminaron el proceso judicial a petición del gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con los archivos internos de Eliminalia, el segundo mayor cliente mexicano de la empresa fue Humberto Moreira Valdés. En este caso, el trato fue indirecto: la empresa Unipolares y Espectaculares del Norte, de la que es accionista principal, pagó más de 65 mil dólares a la empresa española en 2014 para borrar de Internet decenas de notas negativas sobre la vida de Moreira en Barcelona, sobre el asesinato de su hijo o sobre diversos señalamientos de corrupción.

En respuesta a un cuestionario, Francisco Espinoza, cuyo contacto apareció en la base de datos de Eliminalia, aseveró que la empresa española “ofreció” a Unipolares y Espectaculares del Norte sus servicios para desindexar notas periodísticas “basadas en rumores y calumnias” que “dañaban su imagen y crecimiento como empresa”.

El hombre justificó la contratación de Eliminalia para borrar notas sobre Moreira, pues aseveró que desde 2011 “no ocupa una posición en algún cargo público” y que “su gestión ha sido una de las más investigadas por autoridades estatales, nacionales e internacionales”, las cuales “han demostrado su inocencia de todos los cargos por los que se le ha acusado”; y agregó: “Le pregunto, ¿no tiene derecho una persona a la tranquilidad toda vez que se ha demostrado su inocencia?”

“Contraté a la empresa, era muy cara”: Jesús Naime Libien

Antonio de Jesús Naime Libien, quien fue oficial mayor de la PGR a finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y titular del DIF en la administración de Peña Nieto, también recurrió a Eliminalia para eliminar varias notas que derivaron de un texto publicado en Reforma, según un presunto despilfarro de 600 millones de pesos en la adquisición de 101 aeronaves en la PGR durante su gestión.

En respuesta a un cuestionario de Proceso, Naime sostiene que este caso fue investigado por el Órgano Interno de Control (OIC) de la PGR, el cual descartó las irregularidades; sostiene que Reforma publicó una carta explicativa sobre el hecho en mayo de 2013. Posteriormente, dice, se comunicó con Google para retirar la nota que dio origen a la nota, pero no tuvo éxito, por lo que se puso en contacto con Eliminalia. “Vía Internet contraté a la empresa, era muy cara. Y aun así sigue apareciendo la nota”, recuerda.

Otros políticos figuran entre los clientes de Eliminalia: Gioliu Sabbia, el excónsul honorario de Italia en Playa del Carmen: pagó 16 mil 500 euros a la empresa para limpiar la imagen de Juan Carlos Pereyra Escudero, diputado local independiente en Quintana Roo, y especialmente unas notas que lo identificaban como un defraudador; Indira Kempis Martínez, senadora por Movimiento Ciudadano (MC), contrató a Eliminalia para desaparecer dos columnas del portal de Monterrey, regiando.com.

Entre los clientes mexicanos de Eliminalia destacan varios prestanombres del exgobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, quienes buscaron formas de borrar su vínculo con el priista, quien cumple una pena de nueve años de cárcel por lavado de dinero y delincuencia organizada. Entre ellos destacan David Alejandro Osorio Aguirre, María Elena Barquín del Puerto y Jaime Antonio Porres Fernández Cavada, quienes gastaron miles de dólares para borrar contenidos sobre Duarte o sobre su relación con él.

También aparecen el empresario Salvador Oñate Barrón, quien contrató a Eliminalia para retirar notas que acusaban a su empresa, Grupo Soni, de huachicoleo, o el abogado Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, quien trató de borrar notas derivadas de una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que lo señalaban como parte de la delincuencia organizada.

Entre los clientes mexicanos destacan también un feminicida y un pederasta que contrataron a Eliminalia para borrar su pasado. El empresario potosino FEBG buscó eliminar notas sobre el asesinato atroz que perpetró contra Tania Lucero de la Garza Cárdenas en junio del 2000, en un crimen muy comentado en aquella época, por el cual fue condenado a apenas ocho años de cárcel porque era menor de edad.

Leister Arturo Moreno Rodríguez, un exprofesor de natación, contrató a Eliminalia para quitar una nota de La Jornada de Oriente que reportaba su condena, en 2007, a 25 años de cárcel por violar a una niña de 12 años.

Según Leopoldo Maldonado, los despachos como Eliminalia representan una “amenaza para la libertad de expresión y para la democracia misma”, porque impiden a la ciudadanía ejercer su “derecho a saber” en qué están involucrados los gobernantes y los empresarios con los que están coludidos. “Eso evidentemente socava el fundamento democrático, y por eso es que hay que poner un alto a la actuación de este tipo de despachos”.

Postura de Google México

Sobre el spam/contenido de baja calidad, un vocero de Google declaró lo siguiente:

“Si bien hay malos actores que intentan manipular las clasificaciones de los motores de búsqueda, Google diseña sus sistemas para clasificar la información de alta calidad en la parte superior de los resultados de búsqueda y para combatir el spam y el comportamiento malicioso. Cualquiera que busque los nombres de estas personas en Google encontrará claramente información confiable sobre sus actividades pasadas en los primeros resultados, si dicha información está disponible en la web abierta. Hacemos todo lo posible para proteger nuestros resultados de búsqueda de la manipulación, y hemos combatido con éxito tácticas de spam bien conocidas como el spam de enlaces durante años”. 

Sobre el proceso de eliminación legal, el vocero de Google dijo:

“Luchamos activamente contra los intentos fraudulentos de eliminación mediante el uso de una combinación de revisión automatizada y humana para detectar señales de abuso. Brindamos una amplia transparencia sobre estas eliminaciones para responsabilizar a los solicitantes, y los sitios pueden presentar contra notificaciones para que las volvamos a revisar si creen que el contenido se eliminó de nuestros resultados por error. También consideramos la importancia del contenido que se solicita que se elimine, y tomamos especial cuidado en los casos apropiados para evitar limitar erróneamente el acceso a la información”.