CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de su exoneración en el caso de los desvíos multimillonarios de recursos públicos operados bajo su gestión al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga celebró que “terminó la infamia” y aseveró que “mi trayectoria y mi nombre siguen intactos”.

“Me encerraron, pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad”, planteó la exfuncionaria en su cuenta de X –antes Twitter–, en la cual denunció que “utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas”, reiterando así su acusación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de perseguirla en represalia por su ruptura con el mandatario hace una década y media.

La confirmación de la exoneración representa un nuevo fracaso mayúsculo para la Fiscalía General de la República (FGR), que resultó incapaz de comprobar la responsabilidad de Rosario Robles en el desvío de 5 mil millones de pesos, y tampoco tuvo éxito su planteamiento de que ella habría cometido un delito en hacerlo, pues sus argumentos apuntaban sólo a una falta administrativa.

Se cimbra el caso de la “Estafa Maestra”

Con Robles fuera del alcance de la justicia, se tambalea todo el proceso para esclarecer cómo se esfumaron más de 5 mil millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu mediante el uso de empresas fantasmas y por medio de convenios con instituciones estatales, esquemas que fueron documentados año tras año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aunque la FGR no pudo probar sus acusaciones, investigaciones periodísticas y de la propia ASF muestran que contra Robles sabía de los esquemas de desvío de dinero e ignoró las advertencias del entonces auditor Juan Manuel Portal, quien le avisó, a partir de 2014 y en varias ocasiones, sobre los delitos que se estaban cometiendo en las dependencias a su cargo.

Portal hundió los argumentos de Robles Berlanga y su equipo cuando aseveró, en febrero de 2020, durante la apertura del juicio político que la Cámara de Diputados abrió contra la exfuncionaria:

“Yo personalmente le mostré (a Robles) el modus operandi a través de unos mapas donde veíamos el dinero que llega de la Secretaría de Hacienda a las dependencias –Sedesol, Sedatu–, cómo lo distribuyeron con contratos a universidades y éstas a otros muchos, hasta donde se perdía el dinero. Ella lo sabía perfectamente.”

Las confesiones

En ese juicio político, Enrique González Tiburcio, quien fue asesor de Robles y subsecretario en la Sedatu –también se encuentra imputado en la causa penal contra la exfuncionaria–, sostuvo que informó “de manera personal, directa y verbal” a su jefa de una serie de “convenios falsificados” de la Subsecretaría a su cargo, y le reclamó que en ellos apareciera su firma apócrifa; también aseguró que lo denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC).

Emilio Zebadúa González, quien fue su Oficial Mayor en la Sedesol y la Sedatu, y firmó todos los convenios que dieron pie a los desvíos multimillonarios, se convirtió en testigo colaborador de la FGR para evitar la cárcel. El propio Zebadúa se enriqueció de manera inexplicable durante el sexenio de Peña Nieto, lo que dio pie a una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra.

En su declaración, aseveró que los desvíos sirvieron para convertir recursos públicos en montañas de dinero en efectivo puestas a disposición de Rosario Robles, del expresidente Peña Nieto, de su entonces brazo derecho, Videgaray, de Miguel Ángel Osorio Chong y de la campaña electoral del Estado de México de 2017, en la cual triunfó el priista Alfredo Del Mazo Maza.

En otras palabras: el operador central de los desvíos no solo confirmó la existencia de esos esquemas fraudulentos, sino que apuntó a la cúpula del gobierno de Peña Nieto como autores intelectuales del robo masivo de recursos públicos.

Sin embargo, la FGR no pudo comprobar que Rosario Robles se haya enriquecido personalmente de los desvíos de dinero, y hasta la fecha no ha judicializado las acusaciones de Zebadúa contra Peña Nieto, Videgaray, Osorio Chong o Del Mazo, ni ha enjuiciado al propio oficial mayor de Robles, quien confesó su participación en estos esquemas fraudulentos.

Aparte, la FGR no ha ejercido ninguna acción contra los informes de la ASF que dieron cuenta de los desvíos multimillonarios operados a través de los mismos esquemas de triangulación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que fueron perpetrados en Pemex, Banobras, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía y otras instituciones.

Terminó la infamia. Me encerraron pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad. Utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas. Ayer un tribunal de apelación confirmó mi absolución. Mi trayectoria y mi nombre siguen intactos — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 7, 2023