JUFED
Jufed analiza tramitar amparo colectivo contra decreto para pagar trámites en juicios de amparo
El decreto fue enviado al Senado para su análisis y, de ser aprobado, la JUFED analiza la presentación de los amparos para que el PJF no asuma esa carga económica bajo el argumento de que se vulneraría la independencia y autonomía judicial.CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito (Jufed) analiza la posibilidad de tramitar un amparo colectivo contra el decreto de reformas aprobado ayer por la Cámara de Diputados que obliga al Poder Judicial de la Federación (PJF) a pagar los correos y telégrafos que se envíen a otras autoridades judiciales como parte de los trámites en los juicios de amparo.
El decreto fue enviado al Senado para su análisis y, de ser aprobado, la Jufed analiza la presentación de los amparos para que el PJF no asuma esa carga económica bajo el argumento de que se vulneraría la independencia y autonomía judicial.
“(La reforma) invade la autonomía de gestión presupuestaria de la Judicatura Federal, al imponer un gasto público que no está previsto como tal en el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2024; con ello, paralelamente se ejerce presión económica al ámbito de la independencia judicial y sus operadores jurisdiccionales”, señaló la Jufed.
“Se violan los derechos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita, protegidos por los artículos 14 y 17 Constitucionales, al permitir a dichas autoridades de la administración pública descentralizada evitar las notificaciones a las partes en los juicios de amparo, sin responsabilidad económica oficial alguna, lo cual redunda directamente en perjuicio de las partes procesales”.
Estas comunicaciones, procesalmente llamadas exhortos, se realizan cuando un juez pide apoyo a otro juzgador de diferente entidad de la República para notificar, diligenciar oficios, celebrar audiencias o cualquier otra diligencia.
De 2016 a agosto de 2022, el Servicio Postal Mexicano envió 12 millones 119 mil 436 piezas postales certificadas por el PJF, que habrían representado un ingreso al organismo por 272 millones 670 mil 334 pesos.
“Las instituciones no se deben fortalecer con el debilitamiento de otras, menos cuando es en perjuicio de las personas usuarias del servicio de la administración de justicia constitucional”, enfatizó la asociación.