CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cúpula empresarial advirtió su preocupación por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que pretende desaparecer los órganos autónomos del país.

“En las últimas dos décadas los órganos reguladores han sido instrumentos para fortalecer la democracia y la competitividad del país. Sin ellos, México no estaría beneficiándose de la inversión y de la generación de empleos derivados de la relocalización (nearshoring)”, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Agregó que también han contribuido a aumentar la oferta de bienes y servicios, particularmente de las pequeñas y medianas empresas del país, en favor de los consumidores.

El organismo encabezado por Francisco Cervantes expresó que los órganos autónomos constitucionales fueron creados para desarrollar funciones específicas y especializadas del Estado mexicano para proteger los derechos humanos, la transparencia, la regulación y la competencia económica, entre otros.

A través de instituciones como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) entre otros.

 “Su autonomía les permite cumplir las funciones constitucionales de manera más eficaz, eficiente e independiente de intereses políticos o económicos”, argumentó en un comunicado.

Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) recordó que los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales celebrados y ratificados por México, garantizan la libre competencia y concurrencia, la economía mixta de mercado, los derechos y protección al consumidor y la regulación y supervisión de sectores estratégicos en beneficio de la población mexicana.

Aunado a lo anterior, la eliminación de estas instituciones podría generar incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas nacionales e internacionales, afectando así la atracción de capital necesario para el crecimiento sostenible y dejando pasar la oportunidad única de México de crecimiento propiciada por la relocalización.

Adicionalmente, el IMEF alertó que se estaría afectando los contrapesos de toda democracia y que son fundamentales para la estabilidad económica y política del país, mismos que han sido construidos por los mexicanos con mucho esfuerzo y con un diálogo esencial entre sectores.