CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Jueces federales condenaron a integrantes de los Guerreros Unidos y de los Zetas por delincuencia organizada, secuestro, lavado de dinero, operación de arma de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos.

De los Guerreros Unidos, grupo derivado del cártel de los Beltrán Leyva cuya operación predomina en Guerrero y Morelos, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, sentenció a Sergio Nava López a pasar 61 años de prisión.

Esto, luego de reponer el procedimiento en su contra, por lo que fue declarado culpable de delincuencia organizada (hipótesis de secuestro) y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

El sentenciado fue detenido desde enero de 2014 y actualmente se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social “Morelos”, ubicado en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos.

En tanto, el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, condenó a 17 años cuatro meses de prisión a Fulvia Carolina Cruz Hernández por delincuencia organizada (con la finalidad de cometer delitos contra la salud), portación de arma y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Mientras que a Micaela Ortiz Galloso; Laura Hernández Medina y Rocío González Pichardo, el mismo juez les impuso 19 años seis meses de prisión por los mismos delitos y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de custodiar y transportar recursos dentro de territorio nacional.

Las cuatro mujeres fueron vinculadas por las autoridades a los Zetas, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto de 2010 fueron detenidas durante un recorrido de inspección y vigilancia realizado por elementos de la extinta Policía Federal (PF).

Las sentenciadas circulaban en un vehículo en la carretera México-Piedras Negras, límites del estado de Hidalgo, se les encontró material bélico, drogas y dinero en efectivo guardado en sobres amarillos personalizados que eran para pagar la nómina de los Zetas.

Actualmente, las cuatro mujeres se encuentran internas en el Centro Federal de Readaptación Social de Amatlán, en Córdoba, Veracruz.