CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un nuevo desaire a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no envió a Washington a ningún funcionario encargado de la investigación para asistir a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso.

En lugar de Félix Medina Padilla, nuevo subsecretario de Derechos Humanos y por ende presidente de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, o de Rosendo Gómez Piedra, nuevo fiscal especial del caso Ayotzinapa, el gobierno mexicano envió a Luz Elena Baños Rivas, representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Baños Rivas presumió “importantes avances” en la investigación y lanzó una crítica al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que operó en el país con un mandato de la CIDH.

Durante la sesión, Baños leyó una carta de Gómez Piedra, quien recalcó que el gobierno de López Obrador logró la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, y agregó: “para ello pasaron ocho años, sin que los integrantes del GIEI hubieran impulsado la investigación y sanción de dicho servidor público. Algunos de ellos expresaron incluso molestia por la ejecución de la orden de aprehensión”.

Con ello, Gómez Piedra –en voz de Baños– se sumó a la campaña de López Obrador contra Óscar Gómez Trejo, exfiscal del caso, a quien el mandatario acusó de tardarse en judicializar la carpeta de investigación contra Murillo Karam.

Según Gómez y los padres de los normalistas, esta acusación carece de sustento, pues el fiscal pidió un tiempo extra para armar bien el expediente contra Murillo Karam, que le solicitó de manera repentina el fiscal Alejandro Gertz Manero a petición de López Obrador.

De hecho, el boicot del gobierno a la sesión de la CIDH sucede a menos de cuatro meses de la salida de los últimos dos integrantes del GIEI de México –quienes denunciaron los obstáculos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para entregar información– y en medio de una serie de críticas que el presidente López Obrador ha lanzado contra los expertos, la CIDH y Gómez Trejo.

Pide la CIDH al gobierno mexicano romper el “pacto de silencio”

Los padres de los estudiantes desaparecidos y sus abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) denunciaron la ausencia de “autoridades de alto nivel” en la sesión de la CIDH. Tras denunciar una “falta de respeto”, aseveraron que han sido víctimas de “descalificaciones” desde el poder.

Santiago Aguirre, director del Centro ProDH, deploró la “tremenda politización de la justicia en México” –que llevó a la renuncia de Omar Gómez Trejo– y el “empoderamiento del Ejército” –que presionó para que el caso no avanzara.

Julissa Mantilla, comisionada de la CIDH, abundó en el sostenido por los padres y recalcó que “hubiera sido ideal que, además de la Cancillería, pudieran haber venido las autoridades locales, sobre todo considerando que (los padres) vienen de Ayotzinapa”. “Las presencias y las ausencias son muy simbólicas”, insistió.

María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, preguntó sobre el futuro de la Covaj después de la salida de Alejandro Encinas Rodríguez de la Subsecretaría de Relaciones Humanos para incorporarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.

Esmeralda de Troitiño, presidenta de la CIDH, expresó su “preocupación” por los términos de “no claridad” con los que el gobierno está manejando la investigación, y pidió “romper el pacto de silencio que existe”.

En la sesión, la embajadora Baños se limitó en leer sus apuntes, los cuales refrendaron el “compromiso” de la “actual administración” hacia “las madres y los padres de los estudiantes” para buscar y esclarecer los hechos ocurridos, pero también para “evitar la impunidad”. Recalcó que el gobierno actual reconoció la desaparición de los normalistas como un “crimen de Estado”.

Sin despejar los ojos de su hoja, la diplomática presumió que 124 personas se encuentran privadas de la libertad y que de octubre de 2022 a la fecha se ejecutaron 37 órdenes de aprehensión. Baños también denunció que, en años recientes, algunos jueces han determinado la liberación de decenas de personas detenidas en el marco de las investigaciones por actos de tortura.

“Hemos tomado debida nota de los planteamientos y observaciones hechas por los solicitantes y la CIDH”, dijo Baños, quien dejó sin respuesta las preguntas de las comisionadas, y dejó en el aire la posibilidad de que la CIDH vuelva a aportar asistencia técnica en la investigación. “Todas las solicitudes van a ser respondidas”, eludió.

Santiago Aguirre deploró que, en la carta que Baños leyó, “10 minutos, 80% de su contenido, se orienta a denostar el trabajo del fiscal previo, y no a presentar las líneas de investigación actuales, cómo se van a superar los obstáculos de los militares, o con expresiones muy preocupantes para nosotros (…) una tremenda minimización de los efectos de la tortura en los procesos penales”

“No estamos ante una situación de avance del caso, sino de que se pueda actuar en contra del exfiscal (Gómez Trejo) y que los militares quieran actuar en contra del exsecretario Encinas”, advirtió el abogado.