CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que en una reunión con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, les confirmó que para liberar a Acapulco los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos extintos tendrán que esperar a que concluyan los amparos.

Para impugnar la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial que se llevó a cabo en el Legislativo hay tres amparos con suspensión y una acción de inconstitucionalidad presentada por 50 senadores.

“Las suspensiones han sido por jueces, magistrados de Chihuahua, por la Asociación de Jueces y Magistrados de la Ciudad de México y de jubilados de Morelos”, detalló.

La funcionaria federal agregó que en el segundo amparo, que corresponde a la Asociación de Magistrados y Jueces, “la jueza de la causa era agremiada a la misma organización, entonces ella promueve el amparo y ella misma decide la suspensión. Si eso no es conflicto de interés, pues entonces no sabemos qué signifique el conflicto de interés”.

Alcalde explicó que sólo hay suspensión de amparo cuando se presume que hay una afectación y argumentó que, en este caso, “no hay ningún tipo de afectación en los derechos, ni de jueces ni de magistrados ni de ningún trabajador del Poder Judicial, porque los recursos que provienen de derechos laborales vienen del presupuesto de la federación”.

En dicho presupuesto incluye los recursos de sus jubilaciones, servicios médicos y el resto de las prestaciones, por lo que considera que no debería darse este tipo de suspensiones, no solo por el conflicto de interés, quien las está interponiendo y quien resuelve, sino porque no existe ningún tipo de derecho afectado.

Sin embargo, se tendrá que esperar a esa resolución por parte de los ministros y según lo que les mencionó la ministra, “no era posible que se pudiera tomar esa determinación hasta en tanto no se resuelva por la corte”.

El planteamiento del gobierno federal, reiteró, “son los propios jueces y magistrados, teniendo interés en este asunto, los que están promoviendo estos amparos y ellos mismos son los que están determinando las suspensiones”.

Por lo tanto, la secretaria de Gobernación enfatizó que debería avanzar el compromiso de regresar los recursos de los fideicomisos, porque es una decisión ya del Congreso y que se etiqueten al presupuesto con una cláusula para los damnificados de Acapulco.