CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar por concluida y archivar en definitiva la investigación iniciada contra académicos y científicos del extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por lavado de dinero y delincuencia organizada.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México confirmó el amparo concedido a José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña y Gabriela Dutrénit Bielous contra el inicio de las investigaciones en su contra por parte de una nueva área de la FGR.

Los magistrados del colegiado señalaron que el asunto ya es cosa juzgada, pues desde septiembre de 2021 el juez de Control Gregorio Salazar, del Centro de Justicia Penal Federal en el Cefereso 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, rechazó librar 31 órdenes de aprehensión contra diversos integrantes del Conacyt, entre ellos los quejosos, al considerar que no se configuraron los delitos que la FGR pretendía impugnar.

En consecuencia, indicaron que la FGR ya no podía continuar con las investigaciones en su contra.

“Insistir en mantener una carpeta de investigación abierta, trasgrede los derechos fundamentales, primero de legalidad, porque debiera mandar al archivo el asunto; y de seguridad jurídica, porque mantiene una investigación abierta sin justificación, de ahí que debe confirmarse la concesión de amparo como lo hace el juez de Distrito, para que se archive esa carpeta de investigación como asunto concluido”, señaló el colegiado.

La investigación en la que fueron rechazadas las órdenes de aprehensión contra los exintegrantes del Conacyt estaba a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, que intentó imputar peculado; uso ilícito de atribuciones y facultades; operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El fiscal encargado no impugnó la decisión del juez de Control y decidió enviar el caso a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia para que inicie una nueva investigación por otros delitos, que es la que los magistrados del colegiado consideraron que es cosa juzgada.

El caso tuvo su origen luego de que el Conacyt denunció irregularidades en el uso de 244 millones de pesos que fueron destinados al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C., que sirvió como órgano asesor del extinto consejo hasta 2020.