Bogotá (Proceso).-- La exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela María Buitrago, afirmó este martes 3 que las pruebas de que el Ejército mexicano oculta información sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa están en el VI Informe de ese grupo, divulgado en julio pasado.

Buitrago dijo a Proceso que todos aquellos que tienen dudas sobre la información que “oculta” la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el ataque contra los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 pueden consultar el último informe que elaboró el GIEI sobre esos hechos, antes de dar concluir su labor en México por la negativa de los militares a abrir todos sus expedientes.

“Ahí (en ese informe) están las pruebas”, señaló la abogada colombiana.

En su conferencia mañanera de este martes 3, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el Ejército ya entregó toda la información que tiene sobre el caso Ayotzinapa, pero la reportera de Proceso, Dalila Escobar, le recordó que los dos últimos integrantes del GIEI (Ángela María Buitrago y el médico español Carlos Martín Beristain) concluyeron sus labores en México por la resistencia de la Sedena a abrir sus archivos.

--¿Qué es lo que sucede con toda esa información, que es por la que ellos salieron y que dicen que es por la que el Ejército se resiste?, le preguntó la reportera al presidente.

--Son conjeturas, sí –dijo López Obrador--. Siempre, ya ven cómo soy, digo lo que pienso, son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten.

De hecho, las pruebas son públicas desde el pasado 25 de julio, cuando el GIEI presentó su VI Informe sobre la desaparición de los 43 normalistas, en el que hay un capítulo de 111 páginas en el que los expertos describen la “Actuación del Ejército” en ese caso y presentan evidencia sobre la existencia de información que el Ejército les negó.

El informe del GIEI se puede consultar en el link https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2023/07/Informe-Ayotzinapa-6-web.pdf y a lo largo del documento se mencionan varios casos de información relevante para el caso que la Sedena se ha negado a proporcionar a ese grupo, a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).

Por ejemplo, en la página 149 menciona que el “ocultamiento de sanciones disciplinarias y negativa sostenida de procesos internos (contra integrantes del 27BI, de la 35 Zona Militar y la Junta Regional de Inteligencia) es contraevidente con las pruebas inexistentes”.

El GIEI tuvo conocimiento de esas investigaciones a partir de haber encontrado documentos en los archivos de la Sedena que muestran además que hubo sanciones internas y un apercibimiento al propio comandante del batallón 27.

Además, la Justicia Penal Militar actuó, “pero las declaraciones y procesos llevados a cabo se han ocultado al GIEI y a la COVAJ, negando su existencia de forma reiterada, y todavía en la actualidad, a pesar de la evidencia. Tampoco se ha dado cuenta de los resultados de la investigación de telefonía realizada internamente por Sedena”.

Material probatorio

El informe relata que en el oficio DH_C3658 de 5 de abril de 2021, la Sedena respondió a la pregunta del GIEI sobre la existencia de alguna Investigación del caso Ayotzinapa por parte del Ejército: “Se consultó a la Fiscalía General de Justicia Militar, quien informó que no se cuenta con un registro de que se haya iniciado alguna averiguación previa”.

No obstante, indica el GIEI, “encontramos varios documentos que hacen relación a investigación disciplinaria del capitán C. y de otros miembros del Batallón, así como un documento de la Junta Regional de Inteligencia que habla de la omisión del coronel Rodríguez Pérez porque omitió una acción debida Urgente 35407 JRI hoja 34 de fecha 15 de octubre de 2014”.

Otro “ocultamiento” de información que encontró el GIEI es que el titular de la Sedena en 2014, el general Salvador Cienfuegos, identificado como DN1, ordenó realizar un diagnóstico y documentar todo lo relativo a los jóvenes de Ayotzinapa que el día 26 de septiembre de ese año buscaban viajar a la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre.

“Por tanto –señala el informe--, es inconcebible que se diga que no se tiene ninguna información al respecto de lo que estaba sucediendo con los estudiantes y que, por el contrario, el ejército guardase prudente distancia, salvo la existencia de los OBI (Órganos de Búsqueda de Información, integrados por personal militar) que informaban o del C-4 (Centro de Control de Comunicaciones y Cómputo de la policía y el Ejército), que transmitía lo que estaba sucediendo con la llegada de los estudiantes”.

El caso Ayotzinapa ha estado muy presente en los últimos días en los medios mexicanos debido a que el pasado 16 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes y a que los padres de los normalistas han insistido, como el GIEI, que el Ejército oculta información sobre el ese crimen de lesa humanidad.

Buitrago dijo en una entrevista que aparece publicada en la edición de octubre de Proceso que los documentos que los militares “ocultan” son muy relevantes porque podrían conducir a “saber el paradero de los estudiantes”.

Además, señaló que el Ejército mexicano sabe qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa y que conoce el sitio o los sitios a los que los trasladaron sus victimarios ya que monitoreó los ataques y los hechos posteriores en tiempo real la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Buitrago también aseguró que jefes militares mexicanos “desobedecieron al presidente” al retener archivos decisivos para esclarecer el caso Ayotzinapa y considera que, por tanto, deben ser investigados por “el delito de desobediencia” y por “obstrucción y ocultamiento” de información.

La reportera de Proceso, Dalila Escobar, le recordó la mañana del martes a López Obrador la investigación por desobediencia, obstrucción y ocultamiento que planteó Buitrago, pero el presidente se limitó a decir “no es real, no es real”.

--¿Por qué lo dirían? –insistió la reportera.

--¿Mande?

--¿Por qué lo dirían, si (los integrantes del GIEI) hicieron la investigación y esa era su tarea, su objetivo?

--Porque yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad.

Consultada sobre esa declaración del presidente, Buitrago sólo indica que las pruebas de que existen más documentos en manos del Ejército están en el VI Informe del GIEI, el cual es conocido por el mandatario.

Luego de la mañanera de López Obrador, Buitrago y Beristain –los dos últimos integrantes del GIEI— emitieron un comunicado en el que indican que los informes de ese grupo “no muestran opiniones, sino hechos probados, y cuentan con todas las fuentes en las que nos basamos”.

“Invitamos a autoridades, medios de comunicación y académicos a analizarlos y responder a los hallazgos no con opiniones o descalificaciones, sino con el rigor que requiere la verdad. La verdad no se declara, se prueba, y todas las afirmaciones que incluyen nuestros informes tienen sustento probatorio”, señalaron los expertos.

Y agregaron: “El trabajo de derechos humanos y la investigación de hechos atroces de esta naturaleza es una enorme carrera de obstáculos. En el último año, esos obstáculos llevaron a la salida del fiscal del caso (Omar Gómez Trejo) y la bajada de órdenes de captura (de varios militares) ya concedidas por un juez”.

“Posteriormente, y a pesar de un escenario adverso –señaló el comunicado--, el trabajo del GIEI ha llevado a que se retomen dichas órdenes al menos parcialmente en los últimos meses, mostrando la evidencia existente en el expediente, así como a documentar los casos contra (el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal) Tomás Zerón o (el exprocurador) Jesús Murillo Karam”.

Buitrago es una doctora en derecho penal y en sociología que figura en la terna que presentó el mandatario colombiano Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia para elegir a la próxima fiscal general de Colombia. Las candidatas son tres mujeres con reconocidas trayectorias en el campo del derecho.