CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El megaproyecto del Tren Maya tendrá un efecto de fragmentación territorial, provocará ruptura de ecosistemas y afectará negativamente a comunidades indígenas y sus territorios ancestrales, dictaminó el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en un nuevo veredicto en relación con ese megaproyecto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé inaugurar en diciembre.

Detalló que el megaproyecto perjudicará 23 Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluidas las Reservas de la Biósfera de Sian Kaan y Calakmul, siete Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), 11 Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) y 10 Áreas de Importancia para la Conservación de Aves.

Agregó que el ruido generado por el Tren Maya y las obras conexas ya han estado causando perjuicios a la fauna silvestre de la Península de Yucatán, y podrían alterar los patrones de comportamiento de los animales y afectar su capacidad de comunicación, alimentación y reproducción.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza evaluó los argumentos y pruebas presentados en su octava audiencia local, que se llevó a cabo en Valladolid, Yucatán, en marzo pasado.

Los jueces del Tribunal recorrieron las comunidades de Pisté, El Señor-Xmaben y Tihosuco, donde participaron delegados de varias regiones, y escucharon testimonios de comunidades indígenas mayas. Además, realizaron una verificación in situ de los daños causados a la naturaleza en Quintana Roo.

Desde la firma del veredicto se confirmó que el megaproyecto continúa exacerbando la degradación ecológica de los ecosistemas. Los datos revelados en junio de 2023 indican que se han destinado alrededor de 10 mil 831 hectáreas para la construcción del Tren Maya, y 61% de esas áreas fueron sometidas a procesos de deforestación.

Además, en agosto de 2023 se identificó un “estrés hídrico” causado por la construcción del tren, que está teniendo graves consecuencias en el acuífero de agua dulce en Yucatán.

Este acuífero se encuentra sobre una extensa capa de agua salada proveniente del mar, y cuando los pozos de agua dulce son sobreexplotados, el agua salada los reemplaza, resultando en un aumento perjudicial de la proporción de agua salada en pozos, cenotes y acuíferos, lo que tiene efectos irreversibles en los ecosistemas locales.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que 49.8% de los pozos de agua dulce utilizados en la Península de Yucatán presentan contaminación por materia orgánica (DBO), situación que agrava aún más la crisis ecológica en la región.

Suspensión inmediata

El tribunal reconoció que se han violado derechos de la naturaleza y derechos bioculturales del Pueblo Maya. Estos derechos incluyen la protección de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad, y cultivos tradicionales, así como de los seres no humanos que habitan estos ecosistemas. Esta violación se considera un crimen de ecocidio y etnocidio, y el Estado mexicano es responsabilizado por estas violaciones fundamentales.

También se declara que han sido vulnerados los derechos de la Madre Tierra, incluidos los derechos a la vida y a existir, a ser respetada, a la regeneración de su biocapacidad y a continuar sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos.

El veredicto solicita a las autoridades mexicanas suspender de inmediato el megaproyecto en todas sus dimensiones, así como desmilitarizar los territorios indígenas. Se exige cesar el despojo de tierras ejidales y revisar los procesos de despojo y expropiación ya realizados. Además, se llama a garantizar la seguridad de las personas que defienden la naturaleza.

El tribunal exhortó a empresas e inversionistas del proyecto a respetar los derechos colectivos de los pueblos, y al gobierno federal, a revisar la Ley Agraria y realizar reformas constitucionales para reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos y a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.

Como parte de las medidas de reparación integral, el Tribunal solicitó una auditoría independiente y multidisciplinaria, en colaboración con las comunidades afectadas, con el objetivo de evaluar de manera exhaustiva los impactos derivados del proyecto.

Además, emitió una orden para reparar y restaurar los ecosistemas que han sufrido daños como consecuencia de la construcción del ferrocarril y sus instalaciones adyacentes.

A marchas forzadas

Óscar David Lozano Águila, director general de Tren Maya desde septiembre pasado, anunció que el tramo 2, que se extiende desde Escárcega hasta Calkini, en Campeche, se encuentra prácticamente completado. Durante la conferencia mañanera del 2 de octubre informó que en los 234 kilómetros de vía sencilla se están realizando trabajos de nivelación.

Adicionalmente, las cinco estaciones planificadas para este tramo están cerca de su finalización, y la cochera y la base de mantenimiento tienen un progreso cercano a 60%. Se han completado 315 de los 325 drenajes transversales planeados, así como 190 de los 210 pasos para vehículos, peatones y fauna.

Antonio Gómez García, director general de Grupo Carso, empresa responsable de la construcción del Tramo 2, señaló que el tramo se divide en dos subtramos, norte y sur, donde trabajan 978 máquinas y seis mil 68 personas.

El megaproyecto se extiende a lo largo de toda la frontera sur del país y forma parte integral del Corredor Interoceánico, una ambiciosa iniciativa que busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec.