CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un juez federal negó emitir orden de aprehensión contra Jesús Orta Martínez, exsecretario general de la extinta Policía Federal por el supuesto desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos de la corporación.

Luego de que un Tribunal Colegiado le concedió un amparo al exfuncionario, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, revisó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y determinó que no existen elementos para librar nuevamente una orden de captura en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

La determinación del juez de control fue informada al juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Toluca, que conoció originalmente de la demanda de garantías presentada por Orta Martínez.

"La autoridad responsable (el juez de Almoloya) dejó sin efectos la orden de aprehensión dictada el 7 de agosto de 2020 dentro de la causa penal 239/2020 de su índice y emitió una nueva resolución de 22 de septiembre de 2023, en la cual, de manera fundada y motivada, se contrastaron las razones expuestas por el Ministerio Público en su solicitud de orden de aprehensión, determinando negar la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía", dice el acuerdo publicado por Alfonso Alexander López Moreno, juez Quinto de Distrito.

De este modo, la causa penal contra Orta Martínez ya no puede ser reactivada, pues la FGR quedó impedida para acusarlo por los mismos hechos a menos de que se trate de delitos diferentes a los que originalmente intentó imputarle.

Los más de 2 mil millones de pesos desviados forman parte de la partida “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” de la cual eran asignados fondos a la extinta PF y que supuestamente fueron utilizados para compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología durante el sexenio pasado.

Por este asunto, la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra Orta Martínez y 12 de sus colaboradores en la PF pero en el amparo que fue concedido por el Colegiado, los magistrados consideraron inconstitucionales los mandamientos de captura porque fueron emitidos sin aclarar el resultado de una auditoría y en una resolución por escrito, no en una audiencia privada y oral, como establecen las reglas del nuevo sistema penal acusatorio.