WASHINGTON (apro). – Al arranque del juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna, el equipo de abogados de su defensa pidió al juez Brian Cogan que prohíba que el gobierno de Estados Unidos presente como evidencia de cargos, documentación e información con referencia a sus actividades y fortuna que acumuló su cliente después de 2012.

En una moción entregada a Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, donde inició el proceso judicial contra García Luna, la defensa de este sostiene que “es irrelevante” para el caso la información de las actividades del acusado después de 2012.

“El gobierno no puede establecer una conexión entre los presuntos sobornos -que recibió- García Luna cuando era funcionario del gobierno de México antes de 2012 y el exponer la acumulación de riqueza o lujos después de 2012, cuando él formaba parte de un negocio privado”, escribió César de Castro, abogado que encabeza la defensa en la moción al entregada al juez Cogan al iniciar oficialmente el juicio.

García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, está acusado por el gobierno de Estados Unidos de que del año 2000 hasta el 2019, conspiró en colusión con el Cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas.

Al amigo de Calderón y extitular de la ahora desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, el Departamento de Justicia estadunidense le imputa 4 delitos por narcotráfico, y uno más por mentirle a un agente federal migratorio.

“Cuando concluyó la presidencia de Calderón, García Luna se retiró como funcionario del gobierno y se mudó a Miami, Florida, donde junto a socios estableció un negocio que ofrecía asesoría en seguridad a compañías y gobierno extranjeros”, matiza el abogado De Castro.

La carta al juez Cogan resalta que el confidente de Calderón y sus socios “recibieron pagos significativos” por sus servicios de asesoría, lo cual nada tiene que ver con los sobornos que presuntamente recibió por parte del Cártel de Sinaloa para el tráfico de enervantes ilegales.

En el encausamiento número 19CR-576, los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostienen que hasta antes del 9 de diciembre de 2019 cuando García Luna fue detenido por agentes de la DEA en Dallas, Texas, seguía recibiendo dinero del narcotráfico.

En un adendum, la defensa de quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, le notifica al juez que el gobierno de México acusa a su cliente de que siendo parte del gobierno federal le robó al país 250 millones de dólares.

Esta última información la sustentan los abogados de García Luna en la investigación que en contra de su cliente abrió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, una vez que el acusado fuera arrestado en Estados Unidos.

Los abogados presentaron al juez otro “documento sellado” en el que se presume que dan cuenta en detalle la investigación en México contra su cliente, y de la riqueza y lujos que acumuló con su negocio y socios como asesor en temas de seguridad.

Tras ser detenido, el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro le confiscó propiedades, dinero en efectivo y congeló cuentas bancarias a García Luna que se encuentren bajo la jurisdicción estadunidense.

En México, la SHCP por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actuó también en consecuencia sobre los bienes y dinero acumulado por García Luna.

De ser declarado culpable en el juicio por narcotráfico que inició este lunes y que calcula durará unos dos meses, García Luna recibiría una sentencia de cadena perpetua como pena máxima, o de unos 20 años de cárcel como mínima.

Al amigo de Calderón los fiscales estadunidenses le proponen que se declare culpable, con lo que se anula el juicio y lo etiquetan como testigo cooperante para ejercer el papel de testigo incriminador en procesos por narcotráfico en contra de otras personas acusadas en Estados Unidos.

De aceptar la propuesta del Departamento de Justicia, García Luna recibiría una condena benévola de unos 7 años de prisión, menos los que ya lleva en la sombra tras haber sido detenido, luego sería liberado y deportado a México en donde le imputan cargos por narcotráfico.