CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una cifra de 7 mil 747 muertes violentas de mujeres, de las cuales 968 se clasificaron como feminicidios, el año 2022 cerró con una tendencia preocupante en materia de violencia de género y en la forma en que las autoridades abordan el tema, “como un asunto de crisis de comunicación o relaciones públicas”, alerta María Elena Esparza Guevara, fundadora de la organización feminista Ola Violeta.

En entrevista, Esparza Guevara, egresada del Programa de Liderazgo en la Universidad de Oxford y maestra de Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, refiere que el año que acaba de concluir dejó al país casos “emblemáticamente dolorosos” viralizados en medios de comunicación y en redes sociales.

Al señalar que desde hace varios años prevalecen cifras de muertes violentas de mujeres y femicidios prácticamente estables, lo que se advierte al paso del tiempo es que “hay una cierta tendencia de ver los feminicidios como una crisis de comunicación cuando en realidad son un problema serio y grave a nivel nacional, en términos de seguridad y acceso de derechos para niñas, mujeres y adultas mayores”.

Con datos hasta diciembre de 2022, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la especialista desglosa la cifra de muertes violentas de mujeres, de 7 mil 747, de las cuales 3 mil 892 fueron catalogadas como homicidio culposo, 2 mil 807, homicidio doloso y 968 como feminicidios, lo que habla de cada día del año pasado, 21 mujeres murieron de manera violenta, 10 de ellas víctimas de asesinato pero sólo dos clasificados como feminicidios.

Con respecto a 2021, los datos oficiales reflejan algunas variaciones, en materia de feminicidio se registraron 980 casos; homicidio culposo, 3 mil 284 y homicidio doloso, 2 mil749.

Esparza Guevara hace un recuento de algunos de los feminicidios que ocuparon buena parte de la atención pública el año que recién concluyó, como el Debanhi en Nuevo León, Ariadna en la Ciudad de México y abandonada en Morelos, o el de Luz Raquel en Jalisco, que tienen como factor común que en las primeras conclusiones de las fiscalías “prevalecen los prejuicios hacia las mujeres para explicarlos, como si eso justificara el asesinato de las mujeres”.

Así, en estos casos las autoridades han procedido en un primer momento a cuestionar qué hacía Debanhi en la calle a deshoras, considerar que Ariadna falleció de congestión alcohólica ignorando la evidencia de golpes o asegurar  que Luz Raque fue responsable de su muerte.

En ese sentido, agrega que “otra gran lección que nos dejó el año pasado es que se consolida ya esta necesidad de visibilizar también la violencia estructural que hay en la cadena de impartición de justicia”.

Insiste en que lo que ha prevalecido en los estados donde han ocurrido casos de feminicidios que se han viralizado en medios y redes sociales, es que “hay una tendencia de cómo se manejar a nivel público estas historias, se ven como una crisis de relaciones públicas, como una crisis de comunicación que va a afectarles en su imagen y no como es realmente, algo muy serio, al fin de cuentas es un delito muy grave”.

María Elena Esparza resalta que sí bien en 2022 hubo una ligera disminución en materia de cifras, su organización considera también los datos de homicidio doloso y homicidio culposo como referencia de la violencia contra las mujeres porque “en algunos estados es una forma de disfrazar la realidad”.

Tras recordar casos emblemáticos, como el Mariana Lima Buendía, asesinada en el Estado de México y que en un primer momento su muerte fue clasificada como suicidio, Esparza apunta que “solamente en la Ciudad de México toda muerte violenta de mujer es catalogada de entrada como feminicidio, puede ser que en el proceso de investigación se reclasifique, pero en el resto de los estados no se tiene esa consideración”.

Resalta que “casi toda la agenda mediática está concentrada en feminicidio, el resto son mujeres que perdieron la vida que tendrían que investigarse con perspectiva de  género”, de ahí que un reto para las autoridades de procuración de justicia para 2023 “sería que se aclararan los motivos de los homicidios dolosos cometidos contra cada mujer porque es muy probable que las mismas condiciones o parecidas a las de feminicidio”.

Esparza Guevara retoma el caso de Ariadna, como ejemplo del incumplimiento de las autoridades del estado de Morelos, que no se apegaron en principio a los criterios de clasificación de feminicidio, al sostener su muerte fue resultado de una congestión alcohólica descartando las huellas de violencia.

La especialista también hace un balance de la movilización feminista como uno de los orígenes de la mayor visibilización de la violencia contra mujeres en medios y en redes sociales, generando “en las redes hay una actividad muy importante de no olvidar los nombres de las víctimas, hay una disposición colectiva de suma pistas, de no soltar los casos, de exigir justicia y de los medios hay mucho interés de visibilizar los casos”.

Apunta que por “el balance en términos de activismo es muy positivo”, porque desde hace algunos años el feminismo ha dejado la teoría y la academia para ser llevado a terreno práctico para promover la seguridad de mujeres ante la prevalencia de una cultura machista generadora de violencia de género.

“Desde Ola Violeta es muy alentador que existan estas voces, que exijan que haya una política pública, que lo hagan desde su trinchera en la cual desarrollen su exigencia de justicia, que no es más que la exigencia de la garantía de los derechos humanos esenciales como mujeres”, puntualiza María Elena Esparza Guevara.