PACHUCA, Hgo. (apro).– El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, denunció la existencia de una red de corrupción que involucra a presidentes municipales y a exfuncionarios de la administración estatal, mediante la cual habrían desviado más de 200 millones de pesos originalmente destinados a obra pública y para la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2.

“Cuando menos ahorita tenemos detectados seis municipios con un desvío de más de 200 millones de pesos, y creo que es apenas la punta del iceberg”, mencionó el mandatario en conferencia de prensa en Huejutla de Reyes, donde acudió al informe del edil Daniel Andrade Zurutuza, emanado del Partido Encuentro Social (PES). En esta región, la Huasteca, reconoció que se ubican al menos dos de los ayuntamientos en los que hubo malversación.

El titular del Ejecutivo estatal explicó que la manera de sustraer el recurso fue a través de los denominados “moches” y con “aparentes gastos” para combatir el covid-19, “o para (supuestamente) arreglar caminos” y poner en funcionamiento plantas de tratamiento de aguas residuales que hasta la fecha son inoperantes.

Menchaca Salazar, quien asumió en el cargo el pasado 5 de septiembre, se reservó el nombre de los ayuntamientos implicados al argumentar cuestiones legales; no obstante, afirmó que se iniciarán procesos para sancionar a los personajes públicos que participaron, de quienes resguardó también la identidad y la filiación partidista.

“He sido muy cauteloso en no mencionar los nombres de los municipios que están involucrados. Yo soy abogado y sé lo que implica hacer una afirmación”, expuso ante la negativa de hacer públicos a los posibles operadores de este esquema que denominó de corrupción.

Asimismo, añadió: “No hay una patente de corso, sea del partido que sea, sea de la ideología que sea”. Lo anterior, al ser cuestionado sobre si en estas irregularidades, u otro destino discrecional del erario, participaron funcionarios emanados del proyecto político que encabeza y/o de los anteriores partidos en el poder a nivel estatal.

Las investigaciones, precisó, fueron iniciadas por denuncias “de los propios funcionarios de ayuntamientos que no estuvieron de acuerdo con eso. Hay denuncias concretas, y saben los que denunciaron que si no lo hacen son cómplices”.

Cuestionado nuevamente sobre la afinidad partidista de los implicados en la red detectada, añadió: “No se trata de ninguna persecución. Se los puedo garantizar. Yo no tengo rencores, soy un hombre de leyes y así me voy a conducir como gobernador”.

Las indagatorias por el desvío, acotó, estarán a cargo de la Procuraduría General de Justicia del estado, que tiene como encargado de despacho a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como de la Contraloría y Auditoría Superior de la entidad.

Aseguró que cuando opere el símil local del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, una de sus propuestas de campaña, buscarán que el daño sea resarcido, sin que ésta –respondió ante los cuestionamientos– sea una salida para los exmandos, como una manera de no llegar a prisión por delitos cometidos en agravio de la administración pública.

“Lo importante para el estado es que se haga justicia y que en el caso de malversación de fondos que reintegren, y si la conducta merece una sanción, será aplicada”, indicó el exsenador.