SALTILLO, (apro).- El gobierno de Coahuila y la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrecieron hoy una disculpa pública por la muerte del migrante hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán, a manos de agentes ministeriales de la entidad, el 31 de julio del 2019.

El día de los hechos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la FGE, accionaron sus armas en contra de migrantes que se encontraban en tránsito por esta capital, lo que derivó en la muerte del centroamericano.

Lo agentes están detenidos y procesados por el crimen, dio a conocer hoy el gobierno coahuilense.

El mandatario estatal Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció que el acto de disculpa pública no significa perdón ni olvido, sino la aceptación de responsabilidad del gobierno de Coahuila de Zaragoza por la muerte de Marco Tulio, el reconocimiento de su humanidad, honor y dignidad, así como de sus familiares que son víctimas indirectas.

Reconoció que, inicialmente, se pretendió criminalizar al hondureño, cuando se mencionó que los agentes habían respondido a una agresión de su parte, aunque esta versión no se pudo sostener dentro del procedimiento penal, en el que se demostró su inocencia.

Luego de los hechos, el 10 de diciembre del 2019, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado emitió la recomendación 58/2019 por la violación al derecho a la vida, en la modalidad de homicidio, y violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en la modalidad de insuficiente protección de personas y ejercicio indebido de la función pública, dirigida a la Agencia de Investigación Criminal de la FGE.

Luego de que se establecieron las bases para garantizar la reparación del daño, con cumplimiento de medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición y compensación, el gobierno estatal emitió un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha de 8 de septiembre del 2020, en el que se otorga compensación económica a las victimas indirectas de Marco Tulio.

En respuesta a la disculpa, Egly Méndez Ruiz, viuda de la víctima, dijo en teleconferencia virtual desde Honduras, que espera que se haga justicia por el crimen.

“Continuaré con la exigencia de que el Estado cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, y confío en que se hará lo necesario para que ninguna persona vuelva a pasar lo que pasó mi familia. Agradezco a todas las personas que me han mostrado su solidaridad en este camino de horror, y retomo las palabras de una activista mexicana: ‘Hasta que la dignidad se haga costumbre’”, dijo.

Riquelme Solís dijo que Coahuila es estado de resguardo de migrantes, principalmente los que buscan llegar hasta la Unión Americana, destino al que mayormente buscan acceder las personas que están en condición de movilidad.

En el evento estuvieron, también, José María Fraustro Siller, alcalde de Saltillo; Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad Pública; Irene Spigno, directora general de la Academia Interamericana de los Derechos Humanos; Ana Lorena Galindo, jefa de la Oficina de ACNUR en esta ciudad; y José Luis Manzo Ramírez, representante de la Casa del Migrante.