CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que hasta este 15 de septiembre se han liberado a 2 mil 685 personas que permanecían encarceladas en centros penitenciarios, de las cuales 136 fueron por amnistía y el resto mediante acuerdo de preliberación.

Sólo de junio a septiembre de 2022 de este año se han obtenido un total de mil 198 liberaciones bajo seis conceptos específicos, indicó el secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Antonio Alpízar.

De éstas, 329 se dieron por preliberaciones; 40 por acuerdos reparatorios; 137 por suspensión condicional; tres por criterio de oportunidad; 97 fueron por cambio de medida cautelar, y cinco se dieron como resultado de la visita del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al penal de Santa Martha Acatitla; en tanto que 587 fueron por otros conceptos, como el no ejercicio de acción penal, sobreseimiento o detención ilegal. 

Se trata de “un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia, gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades”, dijo la secretaria Rodríguez.

Mientras que Alpízar afirmó que “a lo largo de la administración del presidente (del CJF) Arturo Zaldívar, estamos haciendo un gran esfuerzo para que la justicia en nuestro país no sólo privilegie a quienes más tienen. Seguimos teniendo una justicia en donde las cárceles están llenas de inocentes y cuyo único delito es la pobreza”.

Entre las personas preliberadas en total: 123 son mujeres; 120 adultos mayores; 208 tienen enfermedades crónico-degenerativas; 51 son indígenas, y 15 extranjeros; también 2 mil 32 personas cumplieron con los requisitos de ley para libertades anticipadas.

“Con decisiones como las tomadas por usted, señor presidente, personas que vivieron discriminación, enfrentaron la pobreza en sus comunidades y no tuvieron oportunidades de desarrollo o no contaron con una defensa adecuada, pueden ser hoy partícipes de un acto de justicia del gobierno”, indicó la secretaria de Seguridad.

Mediante la Ley de Amnistía, que es otro mecanismo, se ha otorgado la libertad a 136 personas, 66 de ellas en pobreza, 42 mujeres, 21 indígenas, dos con discapacidad permanente, cuatro víctimas de intimidación y una víctima de discriminación.

El representante del CJF indicó que “este es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, respetando la plena autonomía y la independencia de todos y cada uno de los jueces y magistrados, y en donde la labor de la defensoría pública federal ha sido elemental”.