CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), ambos de Naciones Unidas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron sobre las secuelas que sufren los familiares de víctimas de este flagelo, por lo que llamaron a los Estados a “adoptar medidas dirigidas a prevenir y responder a los riesgos y afectaciones”, sobre todo para las mujeres.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los dos organismos de la ONU y la CIDH señalaron que “han recibido información muy consistente sobre las amenazas, malos tratos y daños que enfrentan las familias tras la desaparición de un ser querido, tanto en el proceso de búsqueda e investigación como al reclamar sus derechos”.

Reconocieron que además de poner en riesgo la seguridad y la integridad, las personas que buscan a sus familiares desaparecidos “también soportan el impacto en su economía, su salud, su vida familiar y social y sus proyectos de vida”; condiciones que se agravan cuando la víctima es cabeza de familia, alterándose “la estructura familiar y los cónyuges, hijas e hijos se ven afectados económica, social y psicológicamente”.

En un comunicado conjunto, el CED, el GTFI y la CIDH alertaron de las afectaciones a las que se enfrentan las mujeres que buscan a personas desaparecidas, ya que se “exponen a una serie de efectos sociales adversos, así como al riesgo de padecer violencia, incluyendo violencia sexual, desplazamiento forzado, desaparición, persecución y represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos”.

Los tres organismos explicaron que las amenazas y violencia contra las buscadoras tienen como objetivo “silenciar las voces de los familiares e interrumpir la búsqueda e investigación”, pero también puede tratarse de “venganza por haber confrontado a los perpetradores al reclamar por sus derechos”.

En la búsqueda de sus familiares, los buscadores también se enfrentan a “prácticas discriminatorias en materia de acceso a la verdad, justicia y reparación, como las que sufren las mujeres y personas LGBTIQ+, que deben enfrentar barreras al interponer denuncias por desaparición forzada, y han de hacer frente a prácticas re-victimizantes por parte de instituciones estatales”, resaltaron.

Los tres organismos han recibido denuncias de colectivos de familiares de desaparecidos y de organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que las instituciones suelen marginar a las familias de los procesos de búsqueda e investigación.

El llamado al Estado

Los organismos internacionales llamaron a los Estados “a adoptar una política integral en materia de desapariciones forzadas encaminada a hacer efectivos los derechos a la vedad, justicia y reparación”, política que deben incluir “un análisis de los múltiples efectos adversos de este crimen inaceptable sobre las familiares y allegados”.

Recomendaron que esa política sea “diseñada y ejecutada con un enfoque diferencial que tome en cuenta las necesidades específicas de las víctimas, cualquiera que sea su género u orientación sexual, y debe considerar el impacto económico y psicosocial de la desaparición y de búsqueda en las familias, particularmente mujeres”.

Al recordar que el CED ha publicado los “Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”, que considera las obligaciones de los Estados en los procesos de búsqueda y de apoyo y protección a familiares que deciden participar, insistieron en conminar a “llevar adelante las actividades de búsqueda e investigación con base en directrices y protocolos que prioricen la comunicación coordinada con los familiares y allegados, sin discriminación alguna, cualquiera que sea su género u orientación sexual”.

El CED y el GTDFI, recordaron que al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han aconsejado a los Estados brindar garantías de seguridad a “cualquier persona que intervenga o apoye las labores de búsqueda, exhumación, identificación e investigación”, y que ante cualquier “amenaza o agresión”, tiene el deber de iniciar investigaciones y adoptar medidas “para prevenir y poner fin a tales actos”.

En el comunicado conjunto, “la CIDH, el CED y el GTDFI reconocen las importantes contribuciones de los familiares y allegados que buscan a sus seres queridos en el hallazgo de personas desaparecidas y en la investigación de los casos. Sus experiencias y conocimientos debe ser debidamente tomados en cuenta por los Estaos en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de búsqueda, investigación y reparación”.