CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizaron dos cateos en las alcaldías Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero y detuvieron a Jesús Noé “N”, un segundo exservidor público presuntamente relacionado con la red de espionaje que operó en la administración de Miguel Ángel Mancera.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, informó que la madrugada de este viernes, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos detuvo a Jesús Noé "N", quien tenía una orden de aprehensión, por su probable participación en los delitos de violación de la comunicación privada y peculado.

En un mensaje a medios en el que no se permitieron preguntas de la prensa, comentó que el exfuncionario de la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina fue asegurado en un inmueble ubicado en la colonia San Diego Ocoyoacac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió.

Según la autoridad, Jesús Noé “N” era uno de los servidores públicos que posiblemente almacenaba la información del espionaje en memorias USB y con ellas realizaba presentaciones, las cuales entregaba a las personas que las analizaban para el visto bueno correspondiente y éstas las llevaban a los destinatarios finales.

Toda esta actividad ilícita, presumiblemente la realizaban en el edificio ubicado en la calle de Manuel Márquez Sterling, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 

El segundo cateo fue realizado en un inmueble de la colonia Providencia, de Gustavo A. Madero, donde se recabaron dos computadoras y cuatro memorias USB.

La detención de Jesús Noé “N” fue la segunda en los últimos tres días relacionada con la red de espionaje que durante la administración del actual senador Mancera Espinosa tuvo en la mira a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al actual canciller, Marcelo Ebrard, y otros políticos de Morena.

La primera fue la de José Roberto Uribe, exjefe de la Unidad de Investigación Cibernética de la entonces PGJCDMX, por los delitos de ejercicio abusivo de funciones, antes conocido como peculado, así como violación a la comunicación privada.

¿Qué espiaban?

El vocero Ulises Lara recordó que el espionaje fue posiblemente orquestado entre 2013 y 2018 “desde el gobierno central, que giraba instrucciones a la entonces Procuraduría General de Justicia para que ésta, con el uso de personal de ambas instituciones, se diera a la tarea de realizar esta serie de actividades ilícitas”.

 Añadió que “los posibles operadores intelectuales de este esquema contaban con un alto nivel jerárquico en la anterior administración capitalina”, pero no reveló nombres.

Sin embargo, explicó que “dichos funcionarios, posiblemente solicitaban a un alto comandante, con nivel de Dirección General de la otrora Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que organizara y dirigiera un grupo especializado que se encargara de llevar a cabo todas las actividades de espionaje, al fijar sus objetivos y a los personajes a los cuales se les violaría su privacidad”. 

Con ese nexo, agregó, se realizaba “una transferencia de recursos en efectivo de la hacienda pública para sostener financieramente a la célula”. Dicho funcionario remitía sus informes y principales hallazgos a “funcionarios del gobierno central”.

Así, según Lara López, “se organizó un equipo constituido por aproximadamente 30 personas, que tenían a su plena disposición la tecnología operativa de la Procuraduría General para que realizara tanto las actividades de análisis y procesamiento de datos como las tareas de seguimiento de campo”. Ese equipo “reportaba sus quehaceres al comandante de la PGJ encargado de dirigir la organización”.

 Luego, esos servidores públicos “intervenían ilegalmente comunicaciones privadas de personas del ámbito político, así como de sus familiares más cercanos; elaboraraban fichas de identidad; diseñaban rutas y mapas de seguimiento; redes de vínculo, geolocalización y rutinas, además de ejecutar planes con fines político-electorales”.

Sin mencionar nombres, “en apego a la Ley y en respeto a la dignidad de las personas”, el vocero de la FGJ reiteró que, entre las personas y sus familias espiadas, “se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de gobierno, que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Gobierno de la Ciudad de México”.

Por último, comentó que los delitos de ejercicio abusivo de funciones, así como violación de la comunicación privada, podrían alcanzar penas de hasta 18 años de prisión.