CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Roberto Uribe, exjefe de la Policía Cibernética durante la administración de Miguel Ángel Mancera, fue imputado por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones o “peculado”, así como violación a la comunicación privada, al operar el “centro de espionaje” de funcionarios y politicos como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) Ulises Lara, informó que un juez de control dictó al detenido la medida cautelar de prisión preventiva. Y adelantó que la institución solicitará a la Interpol México de la Fiscalía General de la República (FGR) la emisión de “Fichas Rojas” para evitar una posible fuga del país de las otras personas posiblemente involucradas en el espionaje.

Luego de que Uribe fue detenido el miércoles en la sede central de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), este jueves se realizó la audiencia inicial del caso en la que el Ministerio Público le imputó los delitos mencionados y un juez de control le dictó la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. 

Según Lara López, la defensa de Uribe solicitó la duplicidad del término constitucional para que se decida su situación juridical; es decir, si es vinculado o no a proceso.

En un mensaje en el que no se permitieron preguntas de la prensa, explicó que la detención e imputación contra José Roberto Uribe fue en seguimiento a la investigación que hace la FGJ local sobre “una operación de espionaje posiblemente financiada y ejecutada con recursos y servidores públicos de la anterior administración capitalina”.

Detalló que el sujeto “tuvo funciones de mando en la Policía Cibernética de la entonces Procuraduría capitalina y posiblemente operaba el vehículo utilizado para dichos delitos”.

El Modus Operandi

Según Lara López, agentes de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos hallaron que José Roberto y “otras personas, también servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Gobierno”, realizaron violaciones de comunicaciones privadas entre los años 2013 y 2018, cuyo centro de operación era un domicilio ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 

El funcionario reconoció que, derivado de denuncias periodísticas, el 5 de diciembre de 2018 –el primer día del gobierno de Claudia Sheinbaum–, la entonces Procuraduría, a cargo de Ernestina Godoy, inició una investigación por la posible existencia de una casa de espionaje en la capital operada por servidores públicos.

Éstas se daban a la tarea de intervenir ilegalmente comunicaciones privadas “de personas del ámbito político, así como de sus familiares más cercanos; elaborar fichas de identidad; diseñar rutas y mapas de seguimiento; además de ejecutar planes con fines político-electorales”. 

Lara López no mencionó el nombre de las personas espiadas, solo dijo que entre ellas “se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de gobierno, que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Gobierno de la Ciudad de México y en esta propia Fiscalía, cuyos nombres reservamos en apego a la Ley y en respeto a la dignidad de las personas”.

Luego, detalló que el seguimiento a dichos servidores públicos fue con el apoyo de una camioneta, tipo van, asignada a la PGJ local, “la cual fue utilizada para captar de manera precisa llamadas telefónicas y mensajes de texto”.

De acuerdo con la investigación, quienes realizaban esa operación desmantelaron el centro de espionaje en julio de 2018, luego de las elecciones presidenciales y de la Jefatura de Gobierno. 

Lo hicieron, dijo, “a sabiendas que, de darse a conocer sus operaciones, se comprometería a todas las personas servidoras públicas involucradas, tanto medios como altos mandos del Gobierno del Distrito Federal”. 

Así, fue destruído “casi todo el equipo informático para tratar de eliminar cualquier rastro que revelara la existencia de sus operaciones”. No obstante, el 12 de julio de 2021, la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos recibió un equipo de cómputo portátil “con datos que no lograron ser destruidos”. 

De ese dispositivo, la Fiscalía extrajo fotografías, videos, correos electrónicos, audios, y “todo tipo de archivos posiblemente relacionados con estos hechos”. También se recabaron, al menos, 41 unidades de almacenamiento o “discos duros” con registros de llamadas telefónicas, fichas de identidad, y búsquedas en bases de datos y redes sociales de políticos.

Por útlimo, el vocero aseguró que la FGJ local “no tolerará conductas al margen de la Ley, en las que puedan estar relacionados exservidores públicos, por lo que refrenda su compromiso de investigar y sancionar este tipo de ilícitos, a fin de evitar la impunidad”.