CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la vuelta a la discusión de dos temas sobre la actuación de los militares en actividades de seguridad pública que pudieran resultar en violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

La Primera Sala tenía programada para ayer la discusión de un amparo en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que fueron víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo de 2007 durante un operativo coordinado por elementos del Ejército mexicano en Oaxaca.

Además de otro amparo contra la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el despliegue permanente de elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.

El primer caso se encuentra en la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat quien, según el proyecto público en las listas de la Corte, propone confirmar el amparo concedido a las víctimas para que los militares que trabajaron en Oaxaca durante mayo de 2007 rindan declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otras medidas de reparación del daño, por la falta de resultados en las diligencias de búsqueda e investigación de lo que ocurrió con los activistas.

El segundo asunto está en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuyo proyecto propone negar el amparo al retomar la resolución de la Corte en la que avaló la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Sin embargo, sin dar mayores explicaciones, los ministros decidieron posponer indefinidamente la discusión de ambos asuntos.

La explicación de Ríos Farjat

Luego de la sesión, la ministra Margarita Ríos Farjat salió a reunirse con familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya para darles una explicación sobre la decisión de dejar en lista el caso.

“Los que hay con todos los asuntos de la Corte: estudiar a fondo con la mayor responsabilidad, seriedad y sensibilidad posible”, señaló la ministra al ser cuestionada sobre los compromisos que realizó con los familiares.

Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, explicó que han insistido a la Corte para que se realice un buen proyecto para sentar un precedente que sirva en otros casos.

“Más que nada con la finalidad también de dar más elementos y herramientas que permitan agregar esas observaciones que esperemos que sean retomadas en el proyecto”, indicó.

El abogado de las víctimas, Sandino Rivero, comentó que desde la semana pasada, cuando la ministra hizo público el proyecto, observaron que no incluye términos precisos y modalidades para cumplir las medidas de reparación del daño, lo que pone en riesgo a las víctimas de que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y la FGR omitan cumplir de manera adecuada con la sentencia.

“No especifica modalidades y términos para cumplir las medidas de reparación integral del daño, no se especifica; consideramos que si éstas no se especifican, el secretario de la Defensa Nacional y la FGR, que son las autoridades que deben cumplir con el amparo, van a omitir cumplir de manera efectiva con la sentencia”, dijo.